A través de una carta abierta suscrita por las empresas que forman parte del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Codelco se comprometió a lograr las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050.

Según un comunicado difundido por la compañía, este objetivo implicará "reducir al máximo sus emisiones de alcance 1 (emisiones directas asociadas a consumo de combustibles en equipos móviles mineros, calderas, fundiciones, etc.) y las de alcance 2 (emisiones indirectas provenientes de contratos de suministro eléctrico). Las emisiones residuales que no se puedan reducir, se compensarán".

El presidente del directorio de la minera estatal, Juan Benavides, aseguró que "la transformación de Codelco la construimos sobre bases responsables con el medioambiente y las comunidades, porque estamos conscientes de la urgencia climática que vivimos".

"Nos estamos haciendo cargo de nuestro propósito como empresa de robustecer el desarrollo sustentable de Chile y el mundo, con metas y plazos definidos", agregó Benavides.

El comunicado de la firma enumera un conjunto de compromisos para alcanzar la carbono neutralidad, que se suman a las acciones sustentables anunciadas en diciembre de 2020.

Entre ellos destaca contar con una matriz energética 100% limpia, reemplazar todos los equipos de producción y logística de las minas subterráneas por equipos eléctricos y participar activamente en la búsqueda de fuentes de nuevas energías limpias como el hidrógeno verde.

También se contempla reducir en 60% el consumo unitario de aguas continentales; reciclar el 65% de los residuos industriales; establecer un nuevo estándar sobre relaves, con el 100% de los depósitos con medidas de sustentabilidad y seguridad; y el aumento de un 60% en los bienes y servicios suministrados por proveedores locales, entre otras medidas.

Redacción

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, iniciativa que busca contar con más herramientas para que los padres cumplan con su obligación de pagar lo que deben por concepto de mantención de sus hijas e hijos.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, celebró la aprobación del texto, que quedó en condiciones de ser promulgado, señalando que el objetivo es "que los papitos corazón se acuerden de sus hijas e hijos en la vida cotidiana y no solamente para la foto". El secretario de Estado añadió que "a quienes no paguen sus deudas se les hará la vida imposible".

Integrarán el registro quienes deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivas, o cinco discontinuas.

Entre las principales medidas que contempla la nueva norma, destacan las retenciones que se realizarán a los deudores por distintas vías con el fin de lograr el pago forzoso de lo adeudado.

Por ejemplo, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda. Durante el proceso de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República también retendrá parte del dinero que se adeude.

Además, si el deudor vende un inmueble o un vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos.

Por otra parte, los organismos del Estado que quieran realizar contrataciones, promociones o ascensos de su personal, deberán consultar previamente el registro y, en caso de que la persona en cuestión sea deudora, para acceder al cargo se le retendrá un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda de alimentos.

Asimismo, si una persona es despedida de su puesto de trabajo, y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.

Quienes no estén al día con sus obligaciones en este sentido, quedarán inhabilitados para recibir determinados beneficios económicos o bonos estatales. Ello además de enfrentarse a otros obstáculos como la imposibilidad de obtener licencias de conducir ni pasaportes, a menos que se acredite frente a un tribunal la necesidad de tales documentos.

"Tengo la certeza de que esta ley permitirá cambiar las condiciones de vida de miles de niños, niñas y de sus madres, quienes por años se han visto obligadas a enfrentar solas la mantención de sus hijos e hijas", comentó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

Un grupo de 200 venezolanos, aproximadamente, retornaron el lunes a su país desde Chile en el marco del plan "Vuelta a la Patria" del gobierno de Nicolás Maduro. Lo anterior, luego que las autoridades caraqueñas intervinieran ante el desalojo y los actos de violencia que afectaron a migrantes en Iquique.

"Hoy retornan desde Chile 200 connacionales a territorio venezolano, gracias al 'Programa Vuelta a la Patria'. Venezuela les da la bienvenida con los brazos abiertos a sus hijos e hijas", escribió en Twitter el canciller venezolano Félix Plasencia.

El viceministro para América Latina, Rander Peña, publicó un video desde el aeropuerto de Santiago, en el que reitera la condena del gobierno de Maduro a los hechos de violencia vistos en la Región de Tarapacá el 24 y 25 de septiembre.

Peña calificó lo ocurrido como un "trato cruel, inhumano, discriminatorio". "A los venezolanos que retornan el día de hoy decirles que han tomado la mejor decisión. A los venezolanos que se quedan decirles que los esperamos, que todos los venezolanos hacen falta en Venezuela. Sin importar su condición política, religiosa, allá hacen falta", manifestó el viceministro.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su rechazo a los "actos violentos y xenófobos" contra los venezolanos en Iquique, aludiendo al desalojo de los acampados en la Plaza Brasil. "Hubo enfrentamientos entre la policía y las personas migrantes, algunas de las cuales resultaron golpeadas", señaló.

Además, se refirió a la quema de las pertenencias de los migrantes por parte de manifestantes, llamando a las autoridades chilenas a "prevenir y eliminar las prácticas de xenofobia", junto con "investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas".

Los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se encuentran en la Región de Tarapacá para coordinar las acciones gubernamentales en respuesta a la crisis migratoria.