Los colegios electorales de Argentina abrieron ayer las ocho de la mañana celebrar para las elecciones primarias legislativas entre protocolos sanitarios debido a la pandemia de covid-19, que dejaron largas filas, por lo que se amplió el plazo hasta las siete de la tarde en Buenos Aires, una hora más, para los que aún esperaban votar.

Unos 34,3 millones de argentinos estaban convocados para definir las listas de candidatos que quedarán habilitados para competir en los comicios del 14 de noviembre, en los que se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. Una votación que medirá la fuerza del Gobierno de Alberto Fernández.

Cerca de 95.000 efectivos militares y de las fuerzas de seguridad brindaron custodia a las 101.457 mesas de votación distribuidas en 17.092 escuelas y otros recintos de todo el país, en la jornada que transcurrió sin incidentes.

El medio argentino La Nación reportó que según la Dirección Nacional Electoral (DINE), hasta las 18:00 horas de ayer, el porcentaje de participación rondaba el 67%, aunque había varios votantes fuera de las escuelas esperando su turno.

El presidente Fernández emitió su sufragio en la Universidad Católica Argentina, de Puerto Madero, desde donde declaró que en cada votación "se hace más fuerte la democracia" y celebró que las primarias se desarrollaran "con tranquilidad, en paz y ordenadamente", según La Nación.

La competencia por los cupos del Senado es la que más despierta interés en el Gobierno, debido a que el oficialismo aspira a retener el quórum propio en el gran recambio que se juegan este año en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, La Pampa, Catamarca y Tucumán.

Hasta la tarde de ayer , las mesas aún no eran cerradas por completo y las autoridades no habían anunciado los primeros cómputos oficiales sobre los resultados electorales.

La destitución del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se convirtió en la principal bandera de las protestas realizadas ayer en Sao Paulo y diversas ciudades del país, en una semana de tensiones políticas y tan solo cinco días después de las masivas manifestaciones encabezadas por el mandatario.

La marcha realizada en la última jornada fue convocada por los movimientos de centro y derecha que en 2016 movilizaron a millones de personas en todo Brasil para presionar por la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño.

Cinco años después, los promotores de la protesta -el Movimiento Brasil Libre (MBL) y Vem Pra Rua- piden ahora a las autoridades la apertura de otro "impeachment", esta vez contra Bolsonaro, con el lema "ni Lula ni Bolsonaro".

Esa decisión corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pero hasta el momento el político no ha dado luz verde a ninguno de las decenas de pedidos que han sido enviados al Congreso.

Crisis institucional

No obstante, la presión contra el jefe de Estado aumentó la semana pasada, después de encabezar el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, las manifestaciones convocadas por la ultraderecha y en las que muchos de sus seguidores exigieron una "intervención militar" y la "disolución" del Congreso y la Corte Suprema.

Bolsonaro colmó los ánimos del máximo tribunal al amenazar al presidente del Supremo, Luiz Fux, diciendo que "debe poner en su sitio" al magistrado Alexandre de Moraes, que ha fallado en contra de activistas de Bolsonaro principalmente por difusión de noticias falsas, o "ese poder puede sufrir lo que no queremos".

Además, llamó a que "todos los presos políticos sean puestos en libertad" y dijo que "la paciencia" del "pueblo ya se agotó", según el diario Folha de Sao Paulo.

"Quiero decirles a los canallas que nunca me arrestarán", dijo el presidente. "No se puede admitir que una persona, un solo hombre, nuble nuestra libertad", dijo, nuevamente en referencia a De Moraes.

Las amenazas tuvieron respuesta de Fux, quien aseguró que "si el desprecio a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de algún poder, esta actitud, además de representar un atentado a la democracia, configura un crimen de responsabilidad, a ser analizado por el Congreso".

Tras lo ocurrido, Bolsonaro se vio obligado a publicar una "Carta a la Nación", en la que instó a la "armonía" y garantizó que "nunca" pretendió "agredir" ni al Supremo ni al parlamento, en un intento por relajar la crisis institucional que él mismo alentó.

Baja convocatoria

Las protestas de ayer, sin embargo, tuvieron notoriamente menos adhesión que las convocadas por la ultraderecha de Bolsonaro, debido, en parte, a la división de la oposición.

Políticos de derecha e izquierda participaron en la marcha, pero no contó con el apoyo del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal rival político de Bolsonaro y contra quien también se deslizaron críticas en la protesta.

"Quien es demócrata en Brasil tiene que entender que el 'impeachment' es la única salida para protegernos del deslinde grave y violento que Bolsonaro está planeando", afirmó el excandidato presidencial Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT) y quien abogó por la "unidad" de todas las fuerzas contra Bolsonaro.

El fundador del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, murió el fin de semana por neumonía, según se determinó en su necropsia, y sus restos podrían ser entregados a un familiar directo, aunque el Gobierno prefiere que sean cremados.

Tras el deceso de Guzmán en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua por terrorismo, el Ministerio Público precisó que la necropsia concluyó que la causa de muerte es una neumonía bilateral causada por agente patológico.

Aunque la conclusión está sujeta a los resultados de pericias patológicas, toxicológicas y químicas, entre otras dispuestas por el fiscal, aseguró.

Asimismo, respecto a la identificación de Guzmán, de 86 años, agregó que están a la espera de los resultados de las pruebas biológicas, de ADN, dactiloscópica, odontograma y antropológica a las que fue sometido el cuerpo, y los resultados se incorporarán a la investigación que está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

El destino de sus restos

Uno de los temas de debate a raíz de la muerte del cabecilla terrorista es el destino de sus restos, dado que las autoridades del Gobierno de Pedro Castillo abogaron por su cremación para evitar que exista una tumba donde se produzca la peregrinación de sus simpatizantes.

El ministerio de Justicia advirtió que los homenajes al terrorista Guzmán serán considerados como el delito de apología al terrorismo, castigado con hasta 15 años de cárcel.

No obstante, el Ministerio Público precisó que la ley general de salud y el código procesal penal establecen que "los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados".

En ese sentido, confirmó que la ciudadana Iris Quiñonez pidió a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo de Guzmán, expresando tener un poder otorgado por su esposa Elena Iparraguirre, considerada la número 2 del grupo, que mató a más de 30.000 peruano, y condenada también a cadena perpetua.

86 años tenía Abimael Guzmán al morir. Encabezó 200 masacres en Perú entre 1980 y 2000.