Este jueves se conoció la solicitud hecha por la presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, a través de un oficio dirigido al subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, para que se destinen más de dos mil millones de pesos adicionales al órgano, fundamentalmente para financiar el delta entre el presupuesto para asignaciones originalmente destinado por el Ejecutivo a cada representante en el órgano redactor ($1,5 millones) y el tope máximo del incremento aprobado en agosto por el pleno (casi $4 millones).

La jugada generó sorpresa, sobre todo porque tras varias reuniones de la mesa con representantes del Gobierno, las gestiones apuntaban a intentar de incrementar recursos para el funcionamiento del organismo en la partida 2022 antes que en los montos asignados para este año.

Para asignaciones

El documento, fechado el 20 de agosto, describe el déficit indicado por la Convención tras la aprobación -en el pleno- el aumento del presupuesto base, señalando que el monto original asignado por el Gobierno "no refleja la realidad de la operación de la Convención".

Por esa razón, a través del oficio, se solicitan $1.773 millones adicionales -como parte de la partida 2021- para asignaciones de los convencionales y otros $393 millones para la contratación de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del órgano hasta fin de año, entre los que se cuentan servicios de traducción de señas y lenguas indígenas; mejoramiento de las condiciones a la prensa acreditada y gastos para sesionar en regiones.

El 13 de agosto, con 111 votos a favor y 37 en contra- el pleno ratificó la propuesta de la Comisión de Presupuestos (con rechazo de Chile Vamos) , donde se cuenta un monto mensual para la contratación de asesores y personal de apoyo (40 UTM), otro para alimentación y alojamiento (27 UTM); y un presupuesto para gastos operacionales (10 UTM), además de un extra para convencionales de zonas extremas o representantes de pueblos indígenas.

LA MONEDA

El titular de Segpres, Juan José Ossa, señaló -en radio Concierto- que "es parte del rol de la presidenta atender las necesidades o peticiones -porque no siempre son necesidades- de los miembros de la Convención en materia presupuestaria", y enfatizó que su solicitud es parte de su rol administrativo. "Quiero aclarar es que no es que la presidenta Elisa Loncon pida recursos de un día para otro, sino que son sectores de la Convención que hacen una estimación se lo plantean a ella, y ella hace esta petición", explicó, evitando la confrontación.

Según Ossa, ahora corresponde "analizar bien la petición, en su mérito. Nosotros creemos que la Convención requiere, por supuesto, ayuda y recursos. La pregunta es cuánto y en qué momento: estamos en una crisis económica profunda, la ley de Presupuesto viene ahora, y en ese sentido aun cuando entendemos que puedan faltar recursos, eso no necesariamente significa que podamos decir que sí a todo".

"Creemos que la Convención requiere ayuda y recursos. La pregunta es cuánto y en qué momento".

Juan José Ossa

Ministro Segpres

"El presupuesto originalmente propuesto no refleja la realidad de la operación de la Convención".

Elisa Loncon

Presidenta Convención

En plena ebullición de las diferencias entre Chile y Argentina tras la actualización de límites de la plataforma continental de nuestro país en su carta náutica y que el Gobierno trasandino ha calificado como "una pretensión que no es aceptable", el Presidente Sebastián Piñera iniciará una gira de trabajo por Europa junto al canciller Andrés Allamand, quien desde ayer ya se encontraba en Madrid.

El viaje comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo 12 de septiembre, periodo en el cual el Jefe de Estado visitará España, Francia, Italia y Reino Unido, donde se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez; el premier británico Boris Johnson y con el presidente francés Emmanuel Macron, además de una visita al Papa Francisco.

La gira retoma el itinerario fijado en la visita que originalmente el mandatario realizaría al Viejo Continente el pasado 5 de junio y que debió suspender en plena alza de contagios de covid-19 en Chile.

Entre los objetivos de la gira están el impulso a una modernización del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea; el abordaje de materias relativas al medioambiente y protección de áreas marítimas; y medidas de recuperación económica después de finalizada la pandemia.

Luego de su retorno al país, Piñera viajará a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, a fines de septiembre en Nueva York; y tendrá una visita a Glasgow, Escocia, donde será parte de la cumbre del cambio climático COP26.

Polémicas

En la antesala del viaje se conocieron dos peticiones que podrían marcar la gira que comienza hoy.

La primera: ayer un grupo de 11 diputados de la UDI, entre ellos Juan Antonio Coloma, Gustavo Sanhueza, Sergio Bobadilla y Jorge Alessandri, entregaron al jefe de Estado una carta que esperan sea entregada al Papa Francisco, con el fin de que el Pontífice pueda pronunciarse sobre los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social -con foco en los templos religiosos incendiados durante la crisis- y en particular sobre el proyecto de indulto a detenidos durante la revuelta.

"Sabemos que las situaciones de desigualdad deben ser corregidas y que las protestas sociales pacíficas son una legítima muestra de descontento social ante las autoridades. Pero lo que resulta inaceptable es que, bajo el pretexto de la manifestación, quienes claman por una vida de dignidad y derechos, sean capaces de afectar justamente los derechos de terceras personas, como lo es el derecho al trabajo, a la libertad de culto, a la conservación de templos y lugares religiosos", indicaron los legisladores, según La Tercera.

La segunda: ayer Amnistía Internacional informó que, a raíz de la gira, solicitó a los líderes de España, Francia, Italia y Reino Unido abordar el tema de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la crisis social de 2019, y que reportes de la entidad consideran "hechos no aislados". "La comunidad internacional no puede ser cómplice de esta impunidad", aseguró la directora del organismo.