Fiscalía presentará 27 testigos, peritajes y documentos en caso de consejera regional
REBECA TORREJÓN. Ayer fue audiencia de preparación del juicio, donde se conoció que el Ministerio Público pide una pena de 7 años de presidio mayor, una multa de 10 UTM e inhabilitación absoluta para desarrollar cargos públicos en el período de la condena.
La Fiscalía anunció que usará la totalidad de la prueba contenida en la acusación en contra de la consejera regional, Rebeca Torrejón Sierra imputada por diversos delitos en el marco de la obtención de su licencia de enseñanza media y el certificado anual de estudios, documentos que presentó para postular a ese cargo el año 2017.
Ayer en el marco de la audiencia de preparación del juicio, el fiscal Nicolás Zolezzi informó que se cuentan 27 testigos que prestarán declaración en estrado, además de evidencia documental y peritajes contenidos en la carpeta investigativa. Junto a esto, se conoció que el Ministerio Público pide una pena corporal de 7 años de presidio mayor, una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta para desarrollar cargos públicos durante el período de la condena.
Detalles
De acuerdo a lo explicado por Zolezzi, la labor investigativa permitió reunir evidencia por la responsabilidad de Torrejón en los delitos de uso malicioso de instrumento público falso, perjurio y obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del fisco las que hasta agosto del 2020, sumaban $45.679.136, esto en el marco de su labor como core.
El primero de los delitos tiene relación con que la imputada concurrió en el año 2017 hasta el Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar con la finalidad de obtener certificados de 4° Medio. Con ello, la consejera investigada habría obtenido una licencia de enseñanza media y el certificado anual de estudios.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía, se determinó que dicha licencia tiene un contenido ideológicamente falso, puesto que la imputada no figuró como alumna y nunca cursó ni aprobó 4° Medio en 1975 en el mencionado recinto educacional.
En la acusación se indica además que esos documentos fueron presentados ante el Servel de Atacama para poder postularse al CORE ese año, los que acompañó junto a una declaración jurada ante notario en la que aseguraba cumplir con los requisitos legales y constitucionales para poder postularse a dicho cargo de elección popular.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó por uso malicioso de instrumento público falso, por el que solicita se imponga una pena corporal de 7 años de presidio mayor, una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta para desarrollar cargos públicos durante el período de la condena.
De acuerdo a la acusación se incurrió además en el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del Fisco. Por aquello el Ministerio Público solicita la pena de 4 años de presidio menor, una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
No al sobreseimiento
Cabe mencionar que en esta investigación ha existido un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Atacama y el Consejo de Defensa Estado, que actúa como querellante, organismo que se allanó a las solicitudes del Ministerio Público y los medios de prueba presentados por el fiscal Zolezzi.
En la audiencia de ayer viernes, además, el Juez de turno rechazó la solicitud de la defensa en cuanto a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. Recordemos que la defensa ha buscado acreditar que la consejera sufrió una amnesia en 1993 y que en 2014 fue a buscar un certificado en el contexto que tenía la convicción de que había cursado la enseñanza media. Le entregaron un certificado de notas y en 2015 recibió el certificado que acreditaba que terminó cuarto medio.
45 millones 679 mil 136 pesos recibió hasta agosto de 2020, Rebeca Torrejón en su cargo como core. Por ello uno de los cargos imputados es perjurio y obtención fraudulenta de remuneraciones.