Estás inquieto. Esta pandemia no termina nunca, cada vez surgen variantes más poderosas del virus, y te parece incomprensible la actitud del Ministro de Educación que insiste en que los alumnos vuelvan a clases a pesar de los reparos que pone el Colegio de Profesores. Has decidido poner en marcha una acusación constitucional, destinada a destituir a esta autoridad que, según tu parecer, incumple gravemente sus deberes.

A pesar de su seriedad, el problema te parece sencillo: si mantenemos las escuelas cerradas no correremos el peligro de que nuestro niños se contagien y corra algún riesgo su vida. Para ti, la situación se parece a la de alguien que conduce un auto y se le cortan los frenos. Adelante hay gente en la carretera (pensemos, por ejemplo, en una peregrinación a Lo Vázquez). El conductor no puede detenerse, pero sí cabe que tome un camino alternativo y se desvíe, antes de llegar a la gente. Esa alternativa es mantener las escuelas cerradas.

Lamentablemente las cosas son bastante más complejas. Es verdad que aquí al vehículo se le han cortado los frenos y no puede detenerse; pero sucede que no sólo en una, sino que en ambas vías disponibles hay gente en el camino. Estamos ante una tragedia: ninguna alternativa nos deja libres de riesgos. Cualquiera sea el curso de acción que elija la autoridad se producirán daños gravísimos.

Ciertamente tú tienes una ventaja. Si el ministro siguiera lo que dice el Colegio de Profesores los daños no serán apreciables de manera tan clara como si algunos niños se contagian en la escuela. Pero sería muy irresponsable una autoridad que sólo se moviera por las apariencias.

No es casual que la UNESCO y otras fuentes autorizadas recomienden vivamente la vuelta a clases. Hoy corremos el grave riesgo de que toda una generación de nuestros niños quede irremediablemente dañada, y que los más afectados entre ellos sean precisamente los más vulnerables.

Con la mano en el corazón, ¿piensas que se puede enseñar las operaciones aritméticas básicas; a leer o a escribir, a través de una pantalla? Te sugiero que hagas la prueba y verás que, salvo casos muy excepcionales, eso resulta casi imposible.

Hay cosas que se pueden aprender en distintas etapas de la vida, pero existen algunas que deben adquirirse cuando uno tiene 6, 7 u 8 años; de lo contrario, no se aprenderán nunca, al menos de la misma manera.

Se ha dicho muchas veces: la brecha entre los niños más favorecidos y los más vulnerables se está acrecentando de manera dramática. Esas diferencias serán imposibles de revertir. Las aulas cerradas son una escuela de desigualdad.

Además de lo anterior, están otros problemas que son todavía más graves. Hay daños psicológicos que no será fácil remediar. Los niños necesitan adquirir hábitos de vida en común, que no se consiguen si están encerrados en una vivienda minúscula. En las escuelas reciben buena alimentación. Por si lo anterior fuera poco, sabemos que los encierros favorecen el maltrato psicológico y abusos todavía peores. Eso no es una eventualidad teórica: son peligros muy reales, que afectan a una multitud de nuestros conciudadanos más pequeños. La escuela abierta es un refugio contra ellos. La situación de los padres con niños en la casa es dramática: ¿no te importan las mujeres que crían solas a sus hijos?

Dime, por favor, que estamos ante una tragedia, dime que lo que vemos es terrible, pero por favor no me digas que el ministro Figueroa debe ser depuesto porque hace lo posible porque se retomen las clases. Eso es un punto de partida, es lo mínimo que podemos pedirle a un ministro de Educación.

Y si eso te parece mal, no lo depongas: pide que cerremos ese Ministerio y que pasemos esos dineros a salud: para combatir la desnutrición; para asegurar tratamientos psicológicos y tratar de reparar un poco los infinitos daños que se producen mientras nuestras escuelas están cerradas. Piénsalo bien.

Siguen los coletazos del caso de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 administrada en la Clínica Las Condes (CLC) al presidente del directorio del propio recinto médico, Alejandro Gil, luego que este así lo exigiera durante el fin de semana a personal de salud del centro, hecho posteriormente denunciado ante el Ministerio de Salud.

Al anuncio de un sumario sanitario en contra de la clínica, y a las palabras del ministro Enrique Paris, quien señaló la noche del jueves que "es posible que tengamos que poner fin a ese convenio de la entrega de vacunas gratuitas" al establecimiento, este viernes se sumó la interposición de una denuncia de parte del Gobierno en contra de Gil ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El documento, dirigido al fiscal regional Manuel Guerra, fue presentado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par de Prevención del Delito, Katherine Martorell, denuncia a Gil por "apropiación indebida". Describe que "la dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes (...) en ningún caso, para que se dispusiera de ella a su arbitrio o capricho con fines personales".

Además la denuncia menciona que "Gil habría realizado acciones destinadas a asegurar la impunidad de su actuar", con certificados posteriores y el despido de la funcionaria que informó del caso al Minsal.

El hecho, añade el documento, "además de configurar la comisión de los delitos indicados, perjudica directamente al grupo más vulnerable de nuestra población, a quienes se destina dicha inoculación".

Polémicas aparte, desde el Minsal ayer confirmaron a La Tercera que -aparte del irregular caso de Gil- la repartición autorizó administrar una dosis adicional de la vacuna a 10 pacientes en el país, pero bajo causales bien específicas: todos son pacientes inmunodeprimidos y trasplantados.

Redacción

Primero fue el subsecretario Juan Francisco Galli. Apenas la mayoría de los representantes de la Convención Constitucional aprobó -el jueves- la declaración sobre los "presos del estallido social" en que pidieron la "desmilitarización del Wallmapu", la celeridad del proyecto sobre indulto a los detenidos de la revuelta y otras acciones del Ejecutivo y el Legislativo, Galli salió a decir que "no hay presos políticos en Chile".

Este viernes, las fuerzas de oficialismo, desde La Moneda, partidos políticos, parlamentarios y los propios constituyentes de Chile Vamos, profundizaron la posición y se alinearon en torno a la crítica al texto aprobado por 105 de los convencionales, excluyendo a los 37 de la centroderecha y algunos independientes como, Patricio Fernández, quien recibió duros mensajes en redes sociales.

REACCIONES

"La Convención tiene un rol que es proponer al país una nueva Constitución y no declaraciones. Y esas declaraciones sus efectos son que ellos pretenden hacer un punto político evidentemente. La declaración en sí misma tiene fallas graves de hechos factuales", señaló el vocero Jaime Bellolio en Infinita. Agregó que "una cosa son opiniones y otra cosa con hechos factuales", y proyectó que la declaración no pasará de ser un pronunciamiento.

A Bellolio se sumó el jefe del gabinete, Rodrigo Delgado, quien advirtió que "la Convención, así como exige autonomía, también tiene que dejarle autonomía al resto de los poderes del Estado". Enfatizó que los casos, si bien "pueden ser en el marco de un estallido social, es distinto a que sean presos políticos".

Similar criterio tuvieron los partidos de Chile Vamos. Francisco Chahuán, presidente de RN, enfatizó que "no nos parece que la Convención se haya atribuido o pretenda atribuirse facultades que no le corresponden ni por el mandato de un pueblo, ni por el acuerdo que generó una modificación constitucional".

"La Convención hasta este momento ha tratado temas que no le incumben, para los cuales no fueron elegidos", dijo Diego Berríos del PRI.

Más de consenso, el convencional Ruggero Cozzi (RN), quien el lunes fue agredido por manifestantes, señaló que "mi posición se mantiene firme: en Chile no hay presos políticos. Ello no me impide empatizar con los imputados y sus familias. Se deben acelerar los procesos penales y mejorar las condiciones en que se está aplicando la prisión preventiva. Sin embargo, la solución no es una ley de indulto".

Pese a la pugna, la presidenta Elisa Loncon, insistió en el punto de la declaración y destacó que para la mayoría de los convencionales "sí existe la prisión política, fueron encarcelados en situaciones arbitrarias por manifestarse".