Redacción

Confirmando el relevante paso que dio la semana pasada en la misma instancia, luego que se aprobara reformar la norma del Código Civil que establece al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, cambiándola por la frase "entre dos personas", ayer la comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto de "matrimonio igualitario".

Fueron casi cuatro años de discusión de la iniciativa que ingresó en septiembre de 2017, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, al cual recientemente el Presidente Sebastián Piñera puso suma urgencia, según anunció en su cuenta del 1 de junio.

Luego de varias sesiones de la instancia, con los votos favorables de los senadores Pedro Araya (Ind.), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC), la comisión resolvió rechazar las 14 indicaciones que habían propuesto los senadores Iván Moreira y el ex parlamentario Víctor Pérez, ambos de la UDI, con lo cual quedó en condiciones de ser revisada por la Sala.

Previo a ello, la iniciativa deberá ser revisada por la comisión de Hacienda, dado que su eventual puesta en marcha implicaría gastos administrativos para el Registro Civil, según consta en el informe financiero que acompañó la tramitación del proyecto, por lo que se estima que la próxima semana pueda ser llevado a la discusión del pleno en el Hemiciclo.

La senadora Luz Ebensperger (UDI), único voto disidente, enfatizó en su oposición que en esta "legislación de matrimonio igualitario se están generando cambios en la ley de adopciones", lo que en su opinión ameritaría "tratamiento en un proyecto diferente".

DÍA IMPORTANTE

"Hoy es un día muy importante para el reconocimiento de derechos civiles para muchas personas de nuestro país", dijo el senador Araya, presidente de la Comisión, quien valoró que "con esto el país está avanzando en el reconocimiento de la dignidad y derechos de muchas personas".

En tanto, el senador Iván Moreira, acérrimo opositor a legislar en la materia, insistió en que "nosotros defendimos una posición valórica, moral, cristiana. Entendíamos que teníamos que defender la familia, porque el matrimonio es y deber ser siempre entre un hombre y una mujer", dijo proyectando que -pese a su postura- se va a aprobar.

Finalmente, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), a través de su vocero, Rolando Jiménez, valoró el hecho de que "hoy dimos un paso relevante, que esperamos avance decididamente, de manera que este año la ley sea promulgada", llamando a la presidenta del Senado a poner la votación en tabla a la brevedad.

Hay algo que amenaza con dañar la esfera pública: la política de la identidad. Esta consiste en que las personas en vez de esgrimir su condición de ciudadanos iguales proclaman su estatus de miembros de un grupo -caracterizado por el género, la etnia o la orientación sexual- para intervenir en la vida política.

Es lo que está ocurriendo en la convención constitucional.

Así lo ponen de manifiesto algunas opiniones que se han vertido a propósito de la elección de quien deba presidirla. Se ha dicho que para que la diversidad se exprese, es mejor que la presida una mujer mapuche.

¿Es esa una buena razón?

La regla de la paridad o la representación de los pueblos originarios es, no cabe duda, un principio correcto. Como el género y la etnia han sido obstáculos históricos para la participación -relegando a ciertos grupos a posiciones subordinadas- es razonable que se haya decidido asegurar su presencia y su voz en del debate mediante la paridad o los escaños reservados. En otras palabras, si hubo desventajas inmerecidas, es correcto moral y políticamente que se las compense mediante alguna forma de discriminación positiva.

Y así ocurrió en las reglas para elegir la Convención Constitucional.

Pero una vez que esas reglas se han ejecutado -una vez que la Convención fue elegida y conformada- ni el género, ni el origen étnico pueden reclamar para sí una condición privilegiada en el debate o en el diálogo constitucional. Todos los miembros de la Convención Constitucional están allí en una condición igual, sin que nadie pueda reclamar una ventaja moral o de otra índole a la hora del diálogo o la deliberación.

Por eso cuando se dice que la presidencia de la Convención debe recaer en una mujer debido a su género y su etnia, y se agrega que ello sería una forma de homenajear la diversidad, se está incurriendo en el error de esgrimir el estatus -un cierto rasgo identitario- como una razón en el debate político. Entiéndase bien: el problema no consiste en que sea una mujer mapuche la que presida la Convención (menos si tiene las características de quien ha sido propuesta) sino en las razones que se han esgrimido para promoverla. La presidencia o cualquier otra posición en el debate constitucional ha de poseerse no debido a la etnia a la que se pertenece, o el género que se posea, sino en atención a las virtudes políticas o intelectuales -que quien ha sido promovida no hay duda las posee- necesarias para presidir la convención, conducir las deliberaciones y zanjar las disputas que en medio de ella se planteen. En otras palabras, una cosa es la razón que se ha esgrimido para que exista la regla de la paridad o los escaños reservados; otra cosa es la posición de quienes fueron electos en conformidad a esa regla. El género y la etnia son una buena razón para que exista la regla sobre cuyas bases se eligió a los convencionales, no una razón para conferir ventajas una vez que la regla se aplicó y ellos fueron elegidos.

Una de las virtudes de las sociedades modernas es que transitaron desde el estatus al contrato; evolucionaron desde asignar posiciones atendiendo al origen a distribuirlas atendiendo al desempeño; y así fueron confirieron poco a poco más importancia a lo adquirido por las personas que a aquello que les era simplemente adscrito.

La política de la identidad que ha seducido a una parte de la izquierda (en especial a la izquierda iliberal) abandona ese ideal de las sociedades modernas haciendo renacer, bajo una nueva forma y con nuevos pretextos, al estatus, al origen, a factores meramente adscritos.

La acción afirmativa, cabe insistir, es correcta como una razón para establecer las reglas de la Convención; pero no puede ser una razón para reclamar ventajas de ninguna índole dentro de ella.

Pero algo de eso se está ya insinuando cuando de manera irreflexiva se piensa que basta esgrimir el valor de la diversidad para abandonar la igual ciudadanía.