Pamela Vásquez/Redacción

El Primer Tribunal Ambiental admitió a tramitación la reclamación por la aprobación del proyecto minero "Playa Verde" de Chañaral, el que buscaría extraer los minerales de las arenas de la Bahía de Chañaral, contaminadas por los relaves.

La playa de Chañaral fue conocida en 2003, cuando el ex Presidente Ricardo Lagos se bañó en sus aguas para mostrar que estaban libres de contaminación, pero los relaves mineros siguen latentes. Por ello, un proyecto quería recuperarlos, sin embargo un vecino de la comuna, interpuso la acción en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, argumentando que no se consideraron las observaciones ciudadanas, y por la eventual falta de antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población, al mar y al sitio prioritario "Quebrada de Peralillo" que podría provocar el proyecto.

Según el reclamante, el SEA no dio respuesta a todas las observaciones efectuadas y tampoco consideró algunos impactos ambientales y afectaciones a la salud de la población que fueron advertidas por organismos con competencia ambiental, OAECA, que participaron en el proceso de evaluación del proyecto.

Otro de los puntos señalados, radica en que durante la evaluación ambiental del proyecto, no se habría podido descartar que este tuviera afectaciones sobre la salud de la población y sobre el recurso hídrico, en especial, en lo que tiene relación con el proceso metalúrgico y el depósito de relave. Tampoco se habrían considerado los impactos ambientales potencialmente significativos en el medio marino, ya que no se incluyó dentro del área de influencia del proyecto, aspectos relevados por la Gobernación Marítima y Conaf durante la evaluación.

El reclamante aporta un antecedente en la causa el que tiene relación con la no inclusión del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo al área de influencia del proyecto, ya que podría ser impactado por las emisiones de material particulado tanto en fase de construcción como de operación. Así como los impactos que se podrían provocar al Parque Nacional Pan de Azúcar.

En la reclamación se fundamenta que "se debe dejar sin efecto la RCA y rechazar el proyecto, porque éste no se hace cargo de establecer fundadamente y con un nivel de certeza científica adecuada, si genera o no los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300". Es importante mencionar que este artículo es el que establece las causales que hacen que un proyecto sea objeto de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.

También, se cuestiona la determinación del organismo evaluador de solicitar nuevos antecedentes a la empresa, ya que aseguran se trata de información relevante y esencial que no puede ser subsanada a través de una adenda (documento que debe ser entregado por la empresa con las respuestas a las consultas de los organismos con competencia ambiental como el SAG, Conaf, entre otros), porque "la ley establece que la adenda no es una instancia para aportar información nueva, sino para aclarar, rectificar o ampliar la información existente proporcionada por el titular de un proyecto".

Municipio

El alcalde de Chañaral, Raúl Salas, manifestó su inquietud ante la posibilidad que el proyecto no se concrete. "Este es un proceso judicial que definitivamente creo que hace muy difícil el desarrollo de esta iniciativa que tiene por objetivo extraer antiguos relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral para generar cátodos de cobre y eventualmente mejorar la condición ambiental de una zona afectada históricamente, creando de paso fuentes de trabajo para nuestra gente".

Por ello, la primera autoridad expresó su inquietud, ya que "para nosotros los chañaralinos es muy importante que el desarrollo económico de nuestra tierra se dé en el marco de un irrestricto apego a la normativa ambiental. Queremos que Chañaral avance en esos términos, por lo que estaremos expectantes al desarrollo y término de este proceso".

50 años es el tiempo en que aproximadamente se vertieron minerales en la playa.

Con la visita del intendente de la Región de Atacama, Patricio Urquieta, iniciaron los saludos protocolares a la Policía de Investigaciones de Atacama en el marco de su Octogésimo Octavo Aniversario Institucional.

El jefe regional de la PDI prefecto Hugo Haeger junto al jefe de la Prefectura Provincial, prefecto Pedro Calderón recibieron además, los saludos de la gobernadora de la provincia de Copiapó Paulina Bassaure, de la Armada, Carabineros y Gendarmería, quienes felicitaron el trabajo desarrollado por la Policía Civil y entregaron sentidas condolencias por la mártir número 57° quien fiel a su promesa de servicio, falleció en el cumplimiento del deber.

El jefe policial agradeció cada visita y demostración de afecto, en esta jornada de saludos protocolares, donde se mantuvo la distancia social y el uso de mascarillas por los minutos que estuvieron reunidos, "son 88 años de vida institucional y de trabajo para los ciudadanos y no contra los ciudadanos, y hay mucho de lo cual enorgullecernos, hemos demostrado un profesionalismo a toda prueba, que se alinea absolutamente con nuestro Plan Estratégico, y que la ciudadanía reconoce, a través de una alta aprobación obteniendo el primer lugar de las instituciones mejor evaluadas, según la encuesta Cadem", indicó el prefecto Haeger.

El Tribunal Oral en lo Penal condenó a una pena efectiva de 14 años de cárcel a un acusado de un homicidio ocurrido en la capital regional.

De acuerdo a la acusación de este caso, cuya investigación fue dirigida por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, alrededor de las 6 horas del 27 de diciembre de 2019 el acusado, Sebastián Pinto Higueras, premunido de un arma blanca atacó a la víctima de este caso, Isaac Astudillo, provocando lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento a los pocos minutos. Hechos ocurridos en el sector de calle Bodega en la población Rosario de esta ciudad.

Frente a este delito la Fiscalía comenzó la investigación con el apoyo de peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI, pudiéndose concretar la detención de la persona responsable de este ataque, además de reunir los medios de prueba durante el plazo de investigación que fijó el Juzgado de Garantía.

De esta manera, durante la realización de la audiencia de Juicio Oral de este caso, el fiscal presentó la prueba testimonial, material y documental que formaron parte de la carpeta investigativa de la causa. Con ella, logró acreditar la responsabilidad del acusado en el delito, quien se mantenía en prisión preventiva desde la audiencia de formalización.

Con estos antecedentes la Fiscalía obtuvo la condena en contra de Pinto Higueras, quien fue declarado culpable del delito de homicidio simple, siendo sentenciado a cumplir la pena de 14 años de presidio efectivo en la cárcel de Copiapó.