Calles patrulladas por militares y policías se vieron ayer en la ciudad colombiana de Cali, después de la ola de violencia del viernes que dejó 13 muertos y duros enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en los que también irrumpieron civiles que abrieron fuego contra quienes protestaban.

La tercera ciudad más importante de Colombia volvió a ser el epicentro de la violencia durante las protestas que el viernes cumplieron un mes y en las que hubo 13 homicidios, la mayoría con arma de fuego, según las autoridades.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, calificó el 28 de mayo como un día "fatídico" y "doloroso", aunque precisó que todavía no se ha podido establecer si todas las víctimas están relacionadas con la jornada de protestas.

La Policía Nacional, que informó 10 homicidios en Cali, alegó que "solo tres de ellos coinciden con lugares donde tuvieron lugar actividades de protesta" y el resto "estarían relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras delictivas, intolerancia y sicariato".

Por eso es difícil establecer cuántos de estos homicidios fueron cometidos por los hombres armados que ayer salieron a desbloquear las calles que mantienen paralizadas los manifestantes y a disparar contra encapuchados a los que atribuyen el caos y el vandalismo.

El director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, Fernando Murillo, dijo que "se presentó una situación especial donde unas personas de civil utilizaron armas de fuego indiscriminadamente contra otras personas", bajo la mirada impasible de las fuerzas de seguridad.

Además, varios periodistas denunciaron agresiones por parte de la policía cuando intentaban informar sobre estos casos.

Según la policía, en mayo han sido perpetrados 148 homicidios en Cali, casi el doble del mismo mes en 2020, cuando hubo 79, y no se sabe cuántos de esos crímenes tienen relación con las protestas.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz contabiliza 60 muertes en el marco de las protestas, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública. De las muertes totales, 39 fueron en Cali, la mayoría en la primera semana de protestas.

La Fiscalía, por su parte, contabiliza 43 muertes, aunque solo "17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas" y sigue buscando a 123 personas dadas como desaparecidas en las protestas.

En los disturbios del viernes en la noche hubo además 34 personas lesionadas y tres incendios de edificios, entre ellos un comercio de la franquicia Dollar City donde hallaron al menos un cuerpo calcinado.

En Cali, capital del departamento agroindustrial del Valle del Cauca, hay siete bloqueos en zonas importantes, que se catalogaron como "puntos de resistencia", ubicados en barrios pobres donde las protestas tienen mucha fuerza.

Mientras la alcaldía entregaba balance de pérdidas humanas y daños materiales, el presidente colombiano, Iván Duque, que se trasladó el viernes a Cali y ordenó el "máximo despliegue" militar para restaurar el orden, hizo un recorrido por la ciudad.

Duque ordenó el desplazamiento de 1.141 hombres del Ejército que llegaron a Cali para "contribuir a mejorar la movilidad y seguridad de la población" así como para custodiar sitios estratégicos y remover escombros usados en los bloqueos.

En la mañana de ayer, el presidente visitó sitios que no han tenido mayor alteración del orden público y estuvo en el sector residencial acomodado de Ciudad Jardín, donde se vieron las imágenes más fuertes de civiles con armas de largo alcance. Allí, una multitud le rogó para que levante los bloqueos viales que los tienen "secuestrados desde hace cuatro semanas".

Millares de brasileños enfrentaron ayer el miedo al covid-19 y salieron a las calles a protestar contra el Gobierno de Jair Bolsonaro, en un grito llamado "por la vida" que retumbó en las primeras marchas multitudinarias registradas en todo el país desde el inicio de la pandemia hace más de un año.

Convocadas por las centrales sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales, las protestas se realizaron de manera pacífica en más de 200 ciudades de todo el país, incluidas las capitales, con actos violentos de la Policía registrados solo en Recife, la capital de Pernambuco.

Los manifestantes exigieron al líder de la ultraderecha brasileña acelerar el proceso de vacunación y aumentar el monto de las ayudas sociales para que los más pobres tengan un ingreso "digno" para enfrentar la crisis que llegó con el virus.

Con mascarilla, alcohol en gel y carteles, los manifestantes también pidieron frenar las privatizaciones de las empresas estatales y que terminen los recortes presupuestarios en las universidades.

Inmensas pancartas con las frases "¡fuera Bolsonaro!" y "vacunas para todos", fueron el común denominador en las marchas de todas las ciudades, así como carteles recordando los 460.000 muertos y más de 16,3 millones de contagios que han convertido a Brasil en uno de los países más afectados por la pandemia.

Intensa jornada

Las marchas comenzaron temprano en ciudades como Brasilia, Río de Janeiro, Belén y Recife y al caer la tarde se concentraron en otras ciudades como Curitiba, Manaos y Fortaleza, así como en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, donde tuvo lugar la mayor marcha del país.

Pese a los cuidados de los manifestantes se registraron inmensas aglomeraciones, principalmente en las grandes capitales donde las marchas fueron masivas.

"Estar en las calles para luchar es un acto extremo para decir basta", dijo el Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El dilema entre el discurso del aislamiento social y el fomento que tendrían las aglomeraciones con las marchas de ayer llegó a oponer entre sí a partidos y a líderes de la izquierda en algunas regiones del país, como en Bahía, donde el gobernador, Ruy Castro, promovió las manifestaciones en auto para evitar los contagios de covid-19.

Las movilizaciones nacionales buscan generar presión para acelerar las investigaciones que actualmente avanza una comisión del Senado, creada a instancias de la oposición y que tiene siete de sus 11 miembros, sobre posibles omisiones del Gobierno de Bolsonaro en la gestión de la pandemia, aunque las posibilidades de lograr un juicio político en contra del mandatario son aún lejanas.