Rodrigo Caballero Pizarro

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, en la Región de Atacama Carabineros ha detectado siete fiestas clandestinas (cinco de ellas en horario de toque de queda) en las que han participado 169 personas, logrando el personal policial la detención de 117 de ellas. Esto, según un balance que la propia institución entregó a El Diario de Atacama.

Desde la Prefectura de Carabineros en Atacama, junto con reconocer la labor realizada por el personal policial en terreno, destacó que el llamado oportuno de la comunidad permitió detectar a tiempo a quienes infringen las medidas sanitarias en plena crisis sanitaria por covid-19.

Balance

Con relación a las cifras de detenidos por fiestas clandestinas a nivel regional, el subprefecto de los servicios de la prefectura de Carabineros en Atacama, Patricio Martínez, señaló que "hemos desarrollado a nivel regional diferentes servicios extraordinarios con personal de todas las unidades especializadas y de orden y seguridad territorial en nuestra región con rondas en horarios diferenciados en cada comuna de nuestra región. Por eso, desde el día 22 de marzo del año 2020 (fecha en que se implementó el toque de queda a nivel nacional), se han detectado siete fiestas clandestinas de las cuales cinco se han sorprendido desarrollándose en horario de toque de queda y dos fuera del horario de toque de queda".

El subprefecto agregó que "producto de estas fiestas clandestinas, se han detectado 169 personas participando de estas fiestas, lo que nos ha llevado lamentablemente a detener a 117 personas".

Es por este hecho que el oficial policial lamenta que "los controles tanto en servicio ordinario como extraordinario que desarrolla nuestro personal de Carabineros, se ha desarrollado lamentablemente con esta cantidad importante de detenidos, tanto hombres adultos como mujeres, niños y adolescentes".

No obstante, el subprefecto Martínez destacó a la comunidad dado que "los cuadrantes de seguridad preventiva han detectado diferentes fiestas clandestinas y también con el personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) donde han analizado y procesado la información que muchas veces ingresa a través del nivel de emergencia de Carabineros 133, donde los mismos vecinos denuncian este tipo de fiestas".

Trabajo conjunto

El coordinador regional de Seguridad Pública, Arturo Urcullú, explicó que estas detenciones se enmarcan en "un trabajo que se está haciendo para controlar y poner en práctica las medidas de control y sanitarias por parte del Ministerio de Salud y en eso está incluido la planificación que tiene la Jefatura de Defensa Nacional en conjunto con las policías, Carabineros, PDI y también la Armada en los sectores costeros para controlar todas esas situaciones".

Asimismo, Urcullú manifestó que "si bien es cierto todo el mundo quiere divertirse y olvidarse un poco de los problemas que acarrea esta pandemia principalmente, las fiestas clandestinas y los ruidos molestos afectan al buen vivir de la comunidad en general, por lo tanto, el autocuidado es fundamental y el respeto a las normas sanitarias que impone la autoridad".

Llamado a la comunidad

El subprefecto Martínez, a nombre de Carabineros, hizo el llamado a "nuestra gente, nuestra comunidad y nuestros propios vecinos, que sigan confiando y entreguen la información al nivel de emergencia 133 de Carabineros de Chile".

Por su parte, el coordinador regional de Seguridad Pública, además de expresar que "la autoridad sanitaria en conjunto con el Ministerio del Interior, han adoptado una serie de medidas que hacen incluso más enérgico los controles", hizo el llamado a "que la gente se pueda cuidar y cuidar al resto, porque es la única manera que se pueda frenar esta ola creciente de contagios".

Falta de información e incumplimiento del convenio colectivo en materia de beneficios en salud por parte de Codelco respecto a los derechos de una trabajadora con 37 semanas de embarazo, a consecuencia de una serie de deficiencias de arrastre en la Clínica San Lorenzo de la División El Salvador, denunció el Directorio del Sindicato N°6, Benito Tapia, de manera conjunta con la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini.

El reclamo deriva del caso de la trabajadora de la División Salvador, Pascal Araya (24), quien señala no haber recibido la información oportuna y adecuada para hacer efectivo el beneficio de solicitud de traslado desde Clínica San Lorenzo para la atención de su parto en la Clínica Atacama de Copiapó, apelando al convenio entre ambas instituciones por la inexistencia de pabellón quirúrgico en el recinto hospitalario de la ciudad minera.

Según relata Araya, "desde el segundo mes de embarazo he venido preguntando en la Clínica San Lorenzo, en Recursos Humanos y Salud Ocupacional de Codelco, y nadie tenía idea de cómo era el protocolo al final del embarazo".

Esto habría impedido a la trabajadora tomar conocimiento que el citado convenio se encuentra restringido a la atención de un único y específico ginecólogo del recinto de la capital regional, lo cual hoy genera un problema para la futura madre, ya que durante el embarazo se vio en la necesidad de viajar a Copiapó por atención de un profesional que expresamente buscó fuese parte de la Clínica Atacama, para poder optar a los beneficios y descuentos del convenio al momento del parto.

Dicha intención se vio frustrada el pasado 10 de marzo, al ser finalmente notificada que el especialista que la atiende no es parte del convenio, lo que le impide acceso a las ayudas y mantiene en angustia a la joven, por la imposibilidad de asumir costos de traslado e intervención, que apunta como responsabilidad de su empleador, y ante la incertidumbre de que el parto se produzca sin alcanzar a llegar a recibir atención.

A raíz del caso y tras reuniones conjuntas, tanto la diputada Cicardini como el Directorio del Sindicato N°6, Benito Tapia, emitieron pronunciamientos. Los dirigentes elaboraron un comunicado en el que denuncian incumplimientos de la cuprífera estatal respecto al derecho a la protección de la vida del que está por nacer garantizado en la Constitución (Art.19), la ley 20.584, de deberes y derechos de pacientes, la carta de valores corporativos, y compromisos de la negociación colectiva, relativos a atención médica y hospitalaria oportuna y de calidad.

El Diario de Atacama intentó contactar a Codelco, dado el emplazamiento directo por parte del Sindicato N°6 de la División Salvador y la parlamentaria, sin embargo, hasta el cierre de la presente edición no pudimos obtener respuesta.