El Consejo General de Guerra de Argentina resolvió el arresto temporal del ex comandante en jefe de la Armada, Marcelo Srur, la destitución de un capitán de navío y sanciones para otros tres altos oficiales al considerar que tuvieron responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017, con 44 tripulantes a bordo.

La medida disciplinaria puede ayudar al avance de la investigación en curso por la desaparición y el hundimiento del submarino diesel eléctrico de fabricación alemana en el océano Atlántico, que causó la muerte a todos sus tripulantes, según querellantes de la causa judicial.

El Ministerio de Defensa señaló que el Consejo General de Guerra que funciona bajo su órbita estuvo abocado a determinar "a la luz de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, el desempeño de ocho oficiales de la Armada", varios de los cuales también están procesados por la justicia.

Luis Tagliapietra, querellante en la causa y padre de Alejandro -teniente de corbeta que viajaba en el submarino cuando desapareció-, dijo que la resolución si bien "no es jurídicamente vinculante, sus fundamentos son muy importantes para la investigación y serán parte de la prueba".

Gobierno y la armada

Marcelo Srur fue sancionado con 45 días de "arresto riguroso" por haber informado de forma "incompleta" al Ministerio de Defensa los sucesos ocurridos con el submarino en 2017, impidiendo además proporcionar información a los familiares de los tripulantes, "con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia".

Srur tuvo que renunciar un mes después del siniestro por pedido del entonces presidente Mauricio Macri. Ambos están bajo investigación judicial por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

En tanto, el capitán de navío Claudio Villamide, exjefe del comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada, fue destituido por haber mostrado negligencia con el cuidado de la tropa y equipo a su cargo.

Según el Consejo, entre otras cosas no ordenó al comandante del ARA San Juan "la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto".

El 15 de noviembre de 2017 se perdió todo rastro del ARA San Juan cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar de un ejercicio de adiestramiento.

La empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada por el gobierno argentino, encontró el submarino de manera oficial un año después de su desaparición (ver recuadro) a 950 metros de profundidad y a 600 kilómetros del puerto argentino de Comodoro Rivadavia, cerca de la zona en donde se contactó por última vez.

Por su parte, el contraalmirante Luis López Mazzeo recibió 60 días de arresto por no haber convocado a superiores y especialistas para profundizar la búsqueda y debido al proceso en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa recibieron 20 y 30 días de arresto cada uno, respectivamente.

Una investigación federal determinó que el submarino no cumplía con los planes de mantenimiento programados y que presentaba desperfectos que comprometían la seguridad de la navegación.

El presidente de Estados Unidos, que he tenido un turbulento comienzo de su mandato, enfrenta una intensa crisis migratoria, por lo que el mandatario planea viajar a la frontera de México. Mientras se define la fecha, una delegación estadounidense ya partió a México y Guatemala para abordar el tema.

La delegación "de alto nivel" viajó ayer a México para analizar con el Gobierno local el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo, antes de desplazarse a Guatemala para tratar el tema con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

El objetivo de la gira es "desarrollar un plan de acción eficaz y humano para gestionar la migración" irregular procedente en su mayoría del Triángulo Norte de Centroamérica, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne.

En paralelo, el presidente Biden viajará a la frontera con México en una fecha aún por determinar, ante la crisis que estalló al inicio de su mandato. "En algún momento, lo haré, sí", respondió Biden, al ser consultado sobre el tema.

Por su parte, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, que también planea viajar a la frontera con México, dijo que la administración Biden tratará el problema de los niños migrantes que llegan solos a la frontera de una manera consecuente con los valores del país.

"Tenemos que tratar este tema de una manera que refleje nuestros valores como estadounidenses y hacerlo de una manera que sea justa y humana, pero tenemos que acogerlos", dijo Harris.

Como medida de difusión contra la crisis, el Gobierno de Estados Unidos ha multiplicado sus anuncios en varios idiomas en Brasil y Centroamérica para enviar el mensaje de que "la frontera está cerrada", por lo que los migrantes indocumentados no deberían tratar de llegar a EE.UU.

El Gobierno ha puesto 17.118 anuncios de radio en Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras en español, portugués y seis idiomas indígenas.

La Unión Europea (UE), Reino Unido, Canadá y Estados Unidos impusieron sanciones contra China, coordinadas y lideradas por la UE, por violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang contra la etnia uigur, lo que provocó una inmediata represalia por parte de Pekín.

La UE aplicó medidas punitivas contra cuatro prominentes funcionarios de alto nivel en la región de Xinjiang. Sus activos en la UE quedarán congelados, tendrán prohibido viajar al bloque y tampoco podrán recibir asistencia económica de ciudadanos europeos.

El bloque europeo de 27 países además congeló los activos de Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau, a la que tilda de "organización económica y paramilitar controlada por el Estado" que es en efecto la que gobierna Xinjiang.

La acción liderada y adoptada por los ministros de Exteriores de la UE, muestra "la firme determinación de la UE de defender los derechos humanos y emprender acciones tangibles contra los responsables de violaciones y abusos", destacó el Consejo europeo.

El canciller británico, Dominic Raab, afirmó que las medidas son parte de una "intensa diplomacia" coordinada con Estados Unidos, la UE y Canadá para castigar a China.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que "esta respuesta transatlántica coordinada envía un mensaje enfático a quienes violen los derechos humanos internacionales".

China responde

Por su parte, China sancionó a diez personas, entre ellos cinco miembros del Parlamento Europeo, como represalia por las sanciones de la UE.

Según el Ministerio de Exteriores, "China se opone firmemente y condena las sanciones de la UE", a la que acusa de "difundir mentiras" y "dañar gravemente" su soberanía.

Pekín inicialmente negó la existencia de los campamentos de detención de uigures en Xinjiang, pero luego los calificó de campamentos de reeducación y adiestramiento laboral para personas inmersas en la ideología yihadista.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, por su parte, calificó de "inaceptable" la decisión china de sancionar a diez personas y reclamó que "en lugar de cambiar sus políticas y abordar nuestras preocupaciones legítimas, China de nuevo miró hacia el lado y estas medidas son lamentables e inaceptables".