Servicios preventivos implementados por personal de la Sección O.S.7 Atacama, enmarcados dentro del Plan Frontera Segura, tras un control aleatorio detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana por el delito de tráfico ilícito de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.

Según lo informado por el jefe de la Sección O.S.7 Atacama, capitán Eugenio Olea, se trató de un trabajo durante la jornada de del lunes, a raíz de un control vehicular desarrollado en la Ruta 5 Norte, altura del Km. 906, al proceder a fiscalizar un bus interprovincial proveniente del norte del país con destino a la Región Metropolitana, al realizar una inspección con el can detector de drogas Frodo, éste da la alerta positiva a su guía que en los asientos N° 19 y 20 se mantenían sustancias Ilícitas, específicamente desde unas mochilas, por lo que personal especializado procedió a activar los protocolos de investigación, estableciendo que los equipajes eran de propiedad de los ocupantes de tales asientos, los cuales en su interior mantenían oculto un total de 82 ovoides contenedores de clorhidrato de cocaína y dos paquetes rectangulares contenedores de pasta base de cocaína, procediendo a la detención de C.Q.M ( 18) y N.Z.A (21).

En total, se logró la incautación de 1 kilo 144 gramos de clorhidrato de Cocaína y 1 kilo 203 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes en general a 5.897 dosis, con un avalúo de $ 30.000.000 aproximadamente.

De los hechos acontecidos se dio cuenta a la Fiscalía Local de Caldera, instruyendo el fiscal que los imputados pasan a control de detención del día. Juzgado de Garantía de Caldera, previa ampliación de sus detenciones.

Pamela Vásquez Fuentes

Hace unas tres semanas un joven de unos 24 años fue encontrado muerto en el sector de Playa La Virgen, esto luego de compartir con unos amigos en una cabaña en un emplazamiento irregular que hay en el área.

Según fuentes ligadas a la investigación, esa noche hubo una fiesta en una casa y el joven se fue solo hasta su cabaña a la que no llegó. Tras la investigación, se determinó que no había intervención de terceros en su deceso, y tras su muerte hay un cuestionamiento respecto a la fiscalización. Estas cabañas, no sólo son usadas como segundas viviendas, sino que también son utilizadas para arriendo, como el caso de los jóvenes que llegaron unos días de paseo al balneario. Una de estas estructuras sería del ex intendente de Atacama, Francisco Sánchez.

Claudio Aguirre, de la gerencia general de la Sociedad Los Llanos S.A, dueña de los terrenos aledaños a la playa La Virgen, explicó que "eso ocurrió en una toma irregular al costado de nuestro complejo, la persona arrendó con un grupo de amigos". Explicó que "estas cabañas no cuentan con ningún tipo de regularización por parte de la DOM (Dirección de Obras Municipales), Servicio de Salud, sin inscripción en el CBR de Caldera, y además con un Decreto de Demolición vigente desde el año 2014".

Además, señaló que "quienes arriendan estas cabañas, causan un grave daño tributario, no pagan IVA, no pagan contribuciones, no pagan impuesto a la renta, no pagan nada, y sin autorización. A mi parecer es culpa también de la escasa fiscalización del municipio y de hacer la vista gorda de las irregularidades que se producen en estas tomas, en contra de los que tenemos todo en regla y pagamos patentes, basura, contribuciones, arriendo, imposiciones".

Municipio

Respecto del tema, la Municipalidad de Caldera, mediante un comunicado de prensa, explicó que "estas construcciones existentes en Playa La Virgen corresponden a loteos y subdivisiones de derechos entregadas entre los sucesores de la Familia Aguirre Espoz. Técnicamente no corresponderían a tomas, sino más bien a construcciones sin permiso ni regularización, realizados en un terreno de propiedad privada. Dicho problema de propiedad está en procesos judiciales entre los mismos derechohabientes".

El municipio ha indicado que, independiente de la situación de propiedad, dichas construcciones (como cualquier otra) deben ingresar sus respectivas solicitudes de permisos de edificación, conforme a norma, obteniendo alguna de ellas permisos de edificación tramitados en la Dirección de Obras, mientras otras de esas viviendas aún no se regularizan.

Consultados por el decreto de demolición, desde el municipio se señaló que "en este caso y de acuerdo al decreto emanado por la municipalidad, legalmente la demolición es de responsabilidad del propietario y en caso de no realizarse, el mismo municipio debe realizar dicha demolición cargando dichos costos a los propietarios. Sin embargo, eso involucra gastos en maquinaria y personal no disponibles entendiendo que los esfuerzos económicos y humanos han estado enfocados en otros ámbitos comunales y en la contingencia sanitaria".

Finalmente, se informó que "lamentamos los hechos ocurridos en dicho sector y extendemos las condolencias a la familia afectada, esperamos sin duda que los propietarios del lugar puedan prontamente subsanar la situación".

El Diario de Atacama se contactó con el ex intendente Francisco Sánchez, quien declinó referirse al tema.

"Legalmente la demolición es de responsabilidad del propietario y en caso de no realizarse, el mismo municipio debe realizar dicha demolición cargando dichos costos a los propietarios. Sin embargo, eso involucra gastos en maquinaria y personal no disponibles"

Municipalidad de Caldera

Ttres acusados por el Ministerio Público, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal por su responsabilidad en un delito de homicidio calificado cometido en Copiapó.

En la audiencia de lectura se conoció que Juan Jiménez Aedo deberá cumplir la pena de 18 años de cárcel, mientras que los otros dos condenados, Miguel Caimanque y Juan Trigo, fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día de presidio. Ello, por su responsabilidad en la muerte de Claudio Roco Zepeda (25), ocurrida en el año 2019.

De acuerdo a la acusación de este grave caso, el 14 de julio del mencionado año la víctima tomó contacto con una menor de edad con quien ya había sostenido comunicación a través de redes sociales, acordando reunirse ese mismo día en la noche en un sector cerca de la casa de la niña.

De acuerdo a lo argumentado por el fiscal Ariel Guzmán, quien asumió el Juicio Oral, este encuentro fue descubierto por los padres de la menor de edad antes que éste se concretara, quienes desaprobaron la situación debido a la diferencia de edad. Motivando que el padre de la niña continuara con la cita y vía mensajes de WhatsApp pidiera a la víctima que indicara la ropa que vestiría para poder ser identificado.

Hasta el lugar del encuentro llegó la víctima a la hora pactada, momento en que fue emboscado por Juan Jiménez Aedo, quien se hizo acompañar por Miguel Caimanque Araya y Juan Trigo Ramírez, quienes golpearon a la víctima con objetos contundentes y cortantes en su cuerpo y cabeza, actos que motivaron que afectado cayera al suelo sin lograr oponer resistencia continuando la golpiza por parte de sus agresores quienes luego lo dejaron abandonado en el lugar.

"A raíz de la violencia de los golpes el joven resultó con heridas de gravedad que lo mantuvieron internado en el Hospital Regional con riesgo vital por varios días, no logrando recuperarse de las lesiones y falleciendo una semana más tarde. De acuerdo al informe de autopsia la causa de la muerte fue un trauma cráneo encefálico penetrante abierto", indicó Guzmán.

Sentencia

El fiscal Ariel Guzmán mencionó que, a partir de la evidencia reunida junto a peritos de la Brigada de Homicidios, fue posible acreditar la participación de los tres condenados en la agresión que acabó con la vida del joven de una manera tan violenta.