Formalizan a la persona jurídica Compañía Minera Candelaria por presunto soborno
CONVENIO. Además, reformalizaron al ex alcalde de T. Amarilla, Osvaldo Delgado.
La investigación de presuntos delitos de cohecho y soborno en el convenio firmado entre la minera Candelaria y la municipalidad de Tierra Amarilla en 2015, tiene un nuevo formalizado. Se trata de la minera Candelaria como persona jurídica.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público, organismo que en la misma audiencia reformalizó al alcalde de la época, Osvaldo Delgado, por cohecho pasivo y al ex gerente de CCMC Miguel Troncoso, como autor del delito de soborno.
Luis Miranda, fiscal de la causa, argumentó que en 2013 la empresa presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama el estudio de impacto ambiental del proyecto "Candelaria 2030-Continuidad Operacional" que buscaba extender la vida útil del yacimiento que mantiene sus operaciones en la mencionada comuna. De acuerdo a ello, a partir de esta presentación el alcalde de la época e imputado en esta indagatoria, Osvaldo Delgado Quevedo y sus asesores, advirtieron en esa instancia una oportunidad de obtener de manera ilegítima e irregular beneficios económicos por parte de la empresa, utilizando para ello la función pública.
De acuerdo a los documentos tramitados por la Municipalidad, se buscaba obtener una reparación del medioambiente dañado con ocasión de las explotaciones mineras de la empresa en la comuna, una forma de presionar para llegar a este acuerdo.
En ese contexto, con una demanda por reparación del daño ambiental presentada por la Municipalidad, oposiciones y solicitudes de rechazo al proyecto de continuidad tramitado por la minera; el alcalde de la época junto a personal interno del municipio coordinaron reuniones con representantes de la minera. Encuentros en que de acuerdo lo indicado por el fiscal, tuvo un rol determinante el segundo imputado formalizado, el director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Minera Candelaria de esa época, quien según lo expuesto en la audiencia desarrolló negociaciones orientadas a que la Municipalidad de Tierra Amarilla no ejerciera o derechamente se desistiera de las acciones legales ya en curso.
Acuerdo
Según la evidencia hasta ahora reunida en la carpeta investigativa de esta causa, luego de las negociaciones en la sesión del Concejo Municipal de la mencionada comuna, el 1 de septiembre de 2015 y en la que participaron ambos imputados, se expusieron los alcances y ventajas del convenio de colaboración entre las partes supuestamente en conflicto, no así los detalles económicos que involucró dicho acuerdo.
En el acta de la sesión de concejo quedó explicitada la aprobación de tres documentos que derivaron en transacciones en dinero. El primero de ellos por una suma de 7 millones de dólares; el segundo un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el compromiso de aportar, por parte de la minera, cerca de 40 millones de dólares en dos etapas en un plazo de diez años. Aportes en dinero que involucraron acuerdos de parte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, los que decían relación con no perseverar con la demanda interpuesta en el Tribunal Ambiental, además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegados en las demandas. Comprometiéndose el municipio a renunciar al ejercicio de acciones, derechos y pretensiones vinculadas a controversias sobre algún daño ambiental.
Los hechos, de acuerdo a la calificación jurídica de la Fiscalía de Atacama, dan cuenta en relación al edil la comisión del delito de cohecho pasivo en carácter de consumado; en relación al gerente legal de la empresa el ilícito de soborno, mientras que en contra de la empresa Minera Candelaria a través de la persona jurídica el delito de soborno.
Cde
El Consejo de Defensa del Estado fue partícipe de la formalización en contra de los imputados, ya que interviene como querellante en esta causa tras la acción penal interpuesta en octubre de 2019 -posteriormente ampliada en mayo y septiembre de 2020-, mediante las cuales se persiguen delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno.
Minera candelaria
Respecto al tema, Jorge Bofill, abogado de Candelaria, señaló que "tanto Minera Candelaria como sus ejecutivos se ciñeron a la normativa vigente cuando alcanzaron el acuerdo integral con el municipio en 2015. Actuaron de buena fe para impulsar un programa de apoyo y desarrollo para la comunidad de Tierra Amarilla, que incluía aportes por más de US$ 40 millones. No hay ninguna resolución judicial que indique la existencia de daño ambiental y eso queda demostrado por dos hechos: la Superintendencia de Medio Ambiente dejó sin efecto la única resolución sancionatoria que había contra la minera, y además llegamos a un acuerdo de conciliación con el Consejo de Defensa del Estado que fue aprobado por el tribunal ambiental".
Las penas
Las penas a las que se expone una persona jurídica tras una sentencia; son la disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica, la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado, la pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado y finalmente una multa a beneficio fiscal.