Redacción/P.Vásquez

La investigación de presuntos delitos de cohecho y soborno en el convenio firmado entre la minera Candelaria y la municipalidad de Tierra Amarilla en 2015, tiene un nuevo formalizado. Se trata de la minera Candelaria como persona jurídica.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, organismo que en la misma audiencia reformalizó al alcalde de la época, Osvaldo Delgado, por cohecho pasivo y al ex gerente de CCMC Miguel Troncoso, como autor del delito de soborno.

Luis Miranda, fiscal de la causa, argumentó que en 2013 la empresa presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama el estudio de impacto ambiental del proyecto "Candelaria 2030-Continuidad Operacional" que buscaba extender la vida útil del yacimiento que mantiene sus operaciones en la mencionada comuna. De acuerdo a ello, a partir de esta presentación el alcalde de la época e imputado en esta indagatoria, Osvaldo Delgado Quevedo y sus asesores, advirtieron en esa instancia una oportunidad de obtener de manera ilegítima e irregular beneficios económicos por parte de la empresa, utilizando para ello la función pública.

De acuerdo a los documentos tramitados por la Municipalidad, se buscaba obtener una reparación del medioambiente dañado con ocasión de las explotaciones mineras de la empresa en la comuna, una forma de presionar para llegar a este acuerdo.

En ese contexto, con una demanda por reparación del daño ambiental presentada por la Municipalidad, oposiciones y solicitudes de rechazo al proyecto de continuidad tramitado por la minera; el alcalde de la época junto a personal interno del municipio coordinaron reuniones con representantes de la minera. Encuentros en que de acuerdo lo indicado por el fiscal, tuvo un rol determinante el segundo imputado formalizado, el director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Minera Candelaria de esa época, quien según lo expuesto en la audiencia desarrolló negociaciones orientadas a que la Municipalidad de Tierra Amarilla no ejerciera o derechamente se desistiera de las acciones legales ya en curso.

Acuerdo

Según la evidencia hasta ahora reunida en la carpeta investigativa de esta causa, luego de las negociaciones en la sesión del Concejo Municipal de la mencionada comuna, el 1 de septiembre de 2015 y en la que participaron ambos imputados, se expusieron los alcances y ventajas del convenio de colaboración entre las partes supuestamente en conflicto, no así los detalles económicos que involucró dicho acuerdo.

En el acta de la sesión de concejo quedó explicitada la aprobación de tres documentos que derivaron en transacciones en dinero. El primero de ellos por una suma de 7 millones de dólares; el segundo un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el compromiso de aportar, por parte de la minera, cerca de 40 millones de dólares en dos etapas en un plazo de diez años. Aportes en dinero que involucraron acuerdos de parte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, los que decían relación con no perseverar con la demanda interpuesta en el Tribunal Ambiental, además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegados en las demandas. Comprometiéndose el municipio a renunciar al ejercicio de acciones, derechos y pretensiones vinculadas a controversias sobre algún daño ambiental.

Los hechos, de acuerdo a la calificación jurídica de la Fiscalía de Atacama, dan cuenta en relación al edil la comisión del delito de cohecho pasivo en carácter de consumado; en relación al gerente legal de la empresa el ilícito de soborno, mientras que en contra de la empresa Minera Candelaria a través de la persona jurídica el delito de soborno.

Cde

El Consejo de Defensa del Estado fue partícipe de la formalización en contra de los imputados, ya que interviene como querellante en esta causa tras la acción penal interpuesta en octubre de 2019 -posteriormente ampliada en mayo y septiembre de 2020-, mediante las cuales se persiguen delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno.

Minera candelaria

Respecto al tema, Jorge Bofill, abogado de Candelaria, señaló que "tanto Minera Candelaria como sus ejecutivos se ciñeron a la normativa vigente cuando alcanzaron el acuerdo integral con el municipio en 2015. Actuaron de buena fe para impulsar un programa de apoyo y desarrollo para la comunidad de Tierra Amarilla, que incluía aportes por más de US$ 40 millones. No hay ninguna resolución judicial que indique la existencia de daño ambiental y eso queda demostrado por dos hechos: la Superintendencia de Medio Ambiente dejó sin efecto la única resolución sancionatoria que había contra la minera, y además llegamos a un acuerdo de conciliación con el Consejo de Defensa del Estado que fue aprobado por el tribunal ambiental".

Privado de libertad, cumpliendo la medida cautelar de internación provisoria, quedó un imputado adolescente que fue detenido por personal de la SIP de Carabineros a partir de distintas diligencias ordenadas por la Fiscalía Local de Copiapó por su participación en cuatro delitos de robo con intimidación.

De acuerdo a los antecedentes de estos hechos, durante los días 12 y 13 de marzo el imputado, premunido de un arma blanca, llegó en tres ocasiones a una farmacia ubicada en el centro de la capital regional logrando intimidar a los dependientes y consiguiendo sustraer dinero en efectivo, medicamentos y especies personales de las víctimas. Mientras que este martes fue detenido luego de una denuncia de un conductor que alertó a Carabineros que estaba siendo víctima de un robo por parte del adolescente, quien portaba un arma que aparentaba ser de fuego.

"A partir de estos hechos la Fiscalía y personal de la SIP indagaron los delitos y recuperaron las imágenes de las cámaras de seguridad del local afectado, material que permitió reunir importante evidencia con la que se pudo identificar al autor de los robos, sumado a la identificación que hicieron las propias víctimas", indicó el fiscal Sebastián Coya.

Respecto de estos hechos, desde Carabineros el capitán Cristian Rebolledo, indicó que a partir del trabajo llevado a cabo personal de la institución detuvo al adolescente por el delito de robo con intimidación y en base a diligencias de la SIP se estableció su participación en los delitos que afectaron a la farmacia. "En estos robos se sustrajeron distintos tipos de medicamentos, parte de los cuales lograron ser recuperados, evidencia que se sumó a la reunida por las diligencias investigativas realizadas frente a estos graves delitos", dijo.

Formalización

En la audiencia de formalización de la investigación el fiscal Sebastián Coya argumentó y detalló los delitos, logrando acreditar la participación del adolescente en cada uno de ellos. Agregando que diligencias desarrolladas por funcionarios de la SIP permitieron recuperar las distintas vestimentas que el imputado utilizó en los robos a la farmacia, además de encontrar en el domicilio del detenido especies sustraídas en los robos que afectaron al mencionado local.

Con esta evidencia, la Fiscalía formalizó la investigación por tres delitos consumados de robo con intimidación y uno en carácter de frustrado, solicitando en su contra la internación provisoria por ser calificado como un peligro para la seguridad de la sociedad. Petición que fue acogida por la Jueza de turno fundando su determinación en la evidencia existente, principalmente en las imágenes de las cámaras de seguridad y el reconocimiento realizado por las víctimas.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar detuvieron a un hombre y una mujer por el delito de microtráfico.

La indagatoria comenzó luego de una denuncia cursada en la PDI de Vallenar, en donde una mujer indicaba haber sido víctima del delito de robo con violencia, detectives comenzaron las indagatorias respectivas para establecer el delito.

Iniciadas las primeras diligencias y en virtud a información obtenida, los oficiales policiales establecieron que los implicados abordaron a la víctima en la población Baquedano y en plena vía pública la golpearon con pies y puños y también con la parte trasera de una posible arma de fuego, quedando con lesiones de diversa consideración. Posteriormente los imputados le robaron el dinero que mantenía en un banano dándose a la fuga en dirección desconocida. El trabajo investigativo desarrollado, permitió la individualización de ambos imputados.

Con los antecedentes obtenidos se informó al fiscal de turno de Vallenar de la situación y se solicitó la orden de detención para los autores del hecho y una orden de entrada y registro para el inmueble investigado, las que fueron otorgadas por el magistrado.

En el domicilio se logró la ubicación de ambos, los que fueron detenidos y en la revisión del inmueble se encontraron 3.767 dosis de cocaína base y 18 de cannabis sativa procesada, $121.000 pesos en dinero de distinta denominación, elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas y un arma a fogueo con la cual habría sido golpeada la víctima.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar para el control de detención correspondiente.