Agencias

Perú afronta, entre la indignación y la decepción, el escándalo de la vacunación en secreto contra el covid-19 de funcionarios y encargados de encabezar la lucha contra la pandemia y que ahora, muy probablemente, deberán lidiar con sanciones políticas y judiciales.

El Gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti reconoce el duro golpe, pero insiste en que se debe poner por delante "a todos aquellos que diariamente cumplen su función con integridad".

"No podemos dejar que el comportamiento, la actitud, de algunos pocos funcionarios públicos empañe la labor de servicio al país que cumplimos", afirmó ayer la primera ministra, Violeta Bermúdez, antes de remarcar que más de 1,4 millones de personas trabajan "fuertemente" para el Estado "en un contexto especial" ante la pandemia "y un conjunto de situaciones de crisis".

Altos funcionarios

Las responsabilidades y culpas del escándalo, bautizado rápidamente como el "vacunagate", comenzarán a definirse tras haberse hecho pública ayer la lista de 487 personas que recibieron vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que eran exclusivas para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país desde fines del año pasado.

Si bien es cierto que entre los beneficiados hubo gran cantidad de médicos y científicos vinculados con los ensayos, también estuvieron funcionarios de los dos últimos gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e "invitados".

A pesar de que Vizcarra es duramente criticado, e incluso el Congreso anuncia que planteará su inhabilitación política, el régimen de Sagasti también ha sido afectado tras conocerse que entre los vacunados estuvieron la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete. Mientras que Astete era la encargada de negociar la compra de vacunas, Mazzetti tuvo a su cargo la conducción de la lucha directa contra la pandemia e incluso llegó a afirmar hace una semana que iba a ser "la última" en ser vacunada, a pesar de lo fue en enero pasado.

Ante esta revelación, el Gobierno afirmó que ningún funcionario vacunado en secreto permanecerá en su cargo, pero tuvo un gesto inédito hacia Mazzetti, al retirarle el agradecimiento que le había dado por sus "servicios prestados a la Nación" cuando dimitió el viernes, después de que el Congreso la citó para que explique la vacunación de Vizcarra.

Once altos cargos inoculados en el grupo de los 487 fueron Luis Suárez, ahora exviceministro de Salud Pública; Alejandro Aguinaga, excongresista y médico personal del expresidente Alberto Fujimori; Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico; Germán Málaga, director del ensayo clínico; Patricia García, exministra de Salud; Nicola Girasoli, nuncio apostólico; y los rectores de las universidades Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos.

Algunos implicados en la negociación directa para la compra de las vacunas recibieron hasta tres dosis, cuando basta con dos para lograr la inmunidad.

Congreso y fiscalía

El Legislativo inició su investigación con la invitación a Germán Málaga, quien defendió los protocolos aplicados, aunque aseguró que Vizcarra recibió las vacunas directamente y no participó en los ensayos, como este asegura. Congresistas han planteado que Vizcarra, Mazzetti y Astete sean sometidos a un juicio político y que se les inhabilite para ejercer funciones públicas por 10 años.

La Fiscalía, por su lado, abrió una investigación preliminar por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

1.238.501 contagios por covid-19 suma Perú, la décimo octava nación con más infecciones en el mundo.

3.200 dosis de Sinopharm llegaron a Perú en 2020 para inmunizar al personal inmerso en el ensayo clínico.