Crisis en Haití: Gobierno detiene y acusa a un juez de intentar dar un golpe de Estado
TENSIÓN. Mandatario dijo que hubo "atentado" contra su vida. Hay 23 arrestos más.
El Gobierno haitiano arrestó y acusó al juez de la Corte de Casación Ivickel Dabrésil de intentar dar un "golpe de Estado" contra el presidente Jovenel Moise, mientras la oposición denunció una serie de "detenciones ilegales" que llegaron después de tres semanas de revueltas masivas.
"El juez hizo un complot para dar un golpe de Estado para desestabilizar el país", dijo el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent.
El presidente Moise anunció ayer previamente la detención del juez, entre otras 23 personas, sospechosas de conspirar en su contra. "Hubo un atentado contra mi vida", aseguró el mandatario. En el momento de su arresto, el sábado, el juez estaba en posesión de pistolas, metralletas y otras armas de fuego, según el ministro de Justicia, que calificó al grupo de arrestados como "terroristas" y "criminales".
Entre los detenidos también figura la inspectora general de la Policía, Marie Louise Gauthier, una de las funcionarias de mayor nivel.
Los arrestos se producen coincidiendo con la fecha en la que la oposición y el Consejo Superior del Poder Judicial (CPJ) afirman que termina el mandato de Moise, quien en cambio defiende que su período de cinco años concluye el 7 de febrero de 2022. El primer ministro, Joseph Jouthe, reiteró ayer que el mandato de Moise expirará dentro de un año.
La oposición anunció en los últimos días que pretendía darle la Presidencia interina a un juez de la Corte de Casación, una vez que lograran que Moise renunciara al poder. Entre los jueces citados por la oposición para dirigir el país de forma interina se encontraba Ivickel Dabrésil.
La oposición haitiana, los obispos y el CPJ, han expresado que el presidente Moise debía abandonar el poder este 7 de febrero, apoyados en un artículo de la Constitución. "La democracia está amenazada y el Estado de derecho está en peligro", dijo André Michel, portavoz del opositor Sector Popular Democrático, que calificó las detenciones de "represión sistemática".