En los últimos días nuevamente se ha discutiendo el rol y la autonomía del Banco Central en el país. El principal objetivo del Banco Central en Chile es controlar la inflación, manteniéndola en torno al 3% anual, asegurando con ello que nuestro dinero conserve su valor en el tiempo. Este objetivo se ha cumplido con creces desde su autonomía en 1989, aunque hay prestar atención a los detalles y no quedarse únicamente con el índice principal. Esto puesto que la inflación es un promedio del aumento de precios de todos los bienes y servicios, pero bienes como los alimentos -la categoría más importante para los de menores ingresos- y el equipamiento del hogar han tenido un aumento más que preocupante este año.

La separación entre la política monetaria a cargo del Banco Central y la política fiscal a cargo del Gobierno es casi igual de importante que la separación de poderes del Estado y por argumentos parecidos. Por ejemplo, que el Banco Central sea autónomo evita que se paguen déficits fiscales con emisión descontrolada de dinero, y con ello quitándole valor al dinero de todos los ciudadanos. Situación que ha sido recurrente en los países sin Bancos Centrales autónomos, incluido América del Sur en la segunda mitad del siglo XX. Otro claro ejemplo es que, al ser una institución autónoma, con sus miembros importantes sin poder ser relevados por el Presidente o el Senado, se evita que haya influencia del sistema político en las decisiones monetarias. Esto es importante porque la política opera en función de las elecciones en el corto plazo, y no verán problema en la emisión descontrolada del dinero para obtener más votos puesto que no se preocuparán de las consecuencias en el mediano y largo plazo.

Si bien es cierto que la autonomía del Banco Central es una de sus mejores virtudes, no hay que caricaturizar la discusión indicando que ante el más mínimo cambio llegará un caos inflacionario inmediato. La discusión sobre su rol y sus objetivos es perfectamente valida mientras se preserve su más grande logro: controlar la inflación. Pequeños cambios son posibles, sin quitarle la autonomía al Banco Central, con el fin de mejorar el rendimiento y dinamismo de la economía nacional.

Discapacidad, un debe del 2020

En el balance de este 2020, los desafíos de inclusión laboral son un hito a relevar. Esto, porque a pesar de los importantes progresos legislativos, los cambios culturales al interior de las empresas quisiéramos que avanzaran con más rapidez.

Como país debemos asumir que estamos al debe con las personas con discapacidad. La Ley 21.015 de Inclusión laboral proyectaba 25 mil empleos, y solo se han alcanzado poco más de 9 mil. En el caso de la Región de Atacama, según datos de la Dirección del Trabajo a septiembre de este año, el total de personas contratadas bajo la norma ascendían a 262.

Por esto, el próximo 31 de diciembre debemos estar atentos a un nuevo hito por la inclusión laboral. Ese día todas las empresas con más de 100 trabajadores deberán tener contratadas un 1% de personas con discapacidad, tal como lo establece la ley. Sabemos que no es una tarea fácil, porque en nuestra experiencia, las empresas no siempre cuentan con las herramientas y conocimientos para generar este proceso.

En concreto, las dinámicas empresariales deben incorporar la dimensión discapacidad en sus labores cotidianas. Por esto, recomendamos que busquen asesoría y sean acompañados, para que la solución no sea pagar una multa por incumplimiento de ley, sino que se generen puestos de trabajo como un derecho y realizado desde un enfoque de competencias y necesidades de las compañías ¿Las 3 claves para hacerlo? Un Catastro para determinar si entre los trabajadores de la empresa hay personas con discapacidad; Contratación, con mediación de expertos, para incluir personas con discapacidad en cargos reales; Donación vinculada a la ley, porque es la medida alternativa que exige a las empresas que no han podido contratar al 1% de personas con discapacidad, una opción mientras se inicia un proceso de inclusión laboral efectivo y a la medida, apoyando a instituciones como TACAL.

Este 2021 debemos hacernos cargo del tema. Los empresarios y las instituciones públicas deben saber que la inclusión laboral es posible, es efectiva y exitosa toda vez que se realiza con la asesoría de quienes trabajamos en el tema considerando que el trabajo es un derecho y no caridad.