Agencias

Con bastantes polémicas se desarrolló ayer el estudio y debate del proyecto de Ley que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a personas involucradas en hechos violentos en el marco del estallido social de octubre del año pasado. La moción fue revisada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo la idea que se trataba de una "amnistía impropia".

La iniciativa fue presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, y será estudiada también por las Comisiones de Constitución y de Seguridad Pública.

Durante la sesión de ayer, quedaron de manifiesto las dos posturas respecto del proyecto, donde el oficialismo pidió transparentar el número real de detenidos, cifrados en cerca de 800 por parte de la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Las críticas de larraín

En medio de la discusión parlamentaria, el ministro Larraín enfatizó que "el indulto no puede ser aplicado a una persona que está en medio de un proceso judicial. Aquí hay una mala utilización de los conceptos, este no es un proyecto de indulto, es un proyecto de amnistía impropia".

"Llama la atención el interferir en medio de un proceso judicial (…) En prisión preventiva, cerca del 40 por ciento o es declarado inocente o es condenado por penas que no son privativas de libertad. Este es el tema que deberíamos abordar", agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, aseguró que "existen antecedentes de sobra de que en Chile se vulneran los DD.HH. en contextos discriminatorios y también por encarcelamientos injustificados y abusivos. El principio de igualdad ante la ley ha sido traspasado, por lo cual este proyecto debe ser aprobado".

Ante el requerimiento, fue la senadora Yasna Provoste (DC) quien solicitó oficiar a la Fiscalía para identificar a cada uno de los detenidos, las pruebas en su contra "más allá de lo señalado por Carabineros y cuál es el estado de avance de sus procesos".

Por su parte, el senador Felipe Kast (Evópoli) planteó que el texto en estudio "tiene una complejidad no menor: cuando un funcionario comete un error, si es que así lo fuera, hay procedimientos para perseguir a esas personas, pero aquí raya en la intromisión de los poderes del Estado, lo que contiene este proyecto corresponde más bien a una amnistía, tal como lo señaló el ministro".

Una serie de críticas hacia el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el proyecto que el Parlamento presentó para el segundo retiro del 10% de las AFP, cayeron ayer desde el bloque Unidad Constituyente.

La decisión del TC, que actuó sobre un requerimiento presentado por el Presidente Piñera, fue tema para senadores y diputados de la bancada opositora, quienes consideraron que el fallo traerá "serias consecuencias políticas" en el marco de futuras negociaciones entre las bancadas de Gobierno y oposición en futuras discusiones de leyes.

"Esto es un golpe a la institucionalidad que, obviamente, tendrá consecuencias. Primero, para el ministro de Hacienda, que está en el origen de este conflicto, pues con su tozudez para negarse a paquetes de ayuda efectivos para la población en la actual crisis, ha terminado arrastrando a todo el Gobierno a un enfrentamiento institucional con el Congreso", señaló el vicepresidente del Senado, el socialista Rabindranath Quinteros.

"El TC ha terminado por transformarse en la última reserva del Gobierno, la última bancada leal, poniendo en cuestión su espacio y su rol dentro del futuro ordenamiento constitucional", afirmó.

Otro partidario del PS, el diputado Leonardo Soto, fue aún más lejos y señaló que los integrantes del TC "el próximo año pueden presentarse como candidatos a diputados y senadores, y ahí tomen decisiones por el pueblo soberano, pero hoy día ellos no tienen esa facultad".

En la bancada DC también hubo críticas respecto del actuar del TC y una evidente preocupación por los alcances que a futuro tenga un fallo de esta magnitud.

"Hemos acordado impulsar una sesión especial con el objeto de analizar en detalle los efectos que genera (el fallo) pues, a nuestro juicio, se establece una peligrosa inseguridad jurídica, afectándose, además, las facultades del Congreso Nacional", fue al anticipo que realizó ayer el jefe del bloque de la falange, Daniel Verdessi.

"La confusión que genera el TC es muy grande, dando inseguridad jurídica. Es decir, sí se puede afectar el derecho a la seguridad social, entre comillas, cuando es iniciativa del Gobierno, pero no cuando es iniciativa parlamentaria", cerró el diputado Walker.

El Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la Ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El primer mandatario, que fue acompañado en la ceremonia por la Primera Dama, Cecilia Morel, y los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar; Justicia, Hernán Larraín; y Educación, Raúl Figueroa, detalló que este nuevo servicio, denominado "Mejor Niñez", considera la atención de unos 250 mil niños al año, con un "enfoque personalizado, no como números, un enfoque que los trata como niños" y un contingente de funcionarios públicos que superará a los dos mil trabajadores.

Nuevos procesos

Respecto del enfoque que tendrá este nuevo servicio, el presidente aclaró que será más integrador en el proceso de vinculación entre los menores y su entorno más cercano, porque la separación del niño o adolescente de su familia "debe ser algo excepcional", solamente "cuando no es posible mantenerlos unidos".

Por ello, indicó Piñera, "vamos a tratar de no separar a los niños de sus familias y es por eso que hemos incorporado a las familias, porque ahí donde se encuentra el mejor lugar para tener cariño, acogida y amor, en la familia, nadie puede reemplazar a la familia".

En tal sentido, el presidente recalcó que "estos niños requieren una ayuda, un tratamiento y un apoyo muy especial", y reconoció que "tenemos una deuda con nuestra infancia, lo sabemos todos".

Del mismo modo, afirmó que existe una "dolorosa deuda histórica con los niños vulnerados y vulnerables", donde "necesitamos una inhabilidad perpetua para aquellos condenados por delitos sexuales contra adolescentes para que no puedan reincidir".

Conciencia social

Por ello, Piñera espera que el "enfoque de la familia en el centro de las políticas sociales, esté muy presente en las discusiones de la futura Convención Constitucional" y pidió al Congreso apurar una serie de iniciativas legislativas sobre la materia, tales como la Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.

Cabe destacar que este nuevo servicio público tendrá un total de 2.200 funcionarios, de los cuales 1.400 pertenecen a residencias de administración directa.

Asimismo, contará con recursos para su funcionamiento que alcanzarán a los 340 mil millones de pesos por año.