Redacción

Una campaña busca que los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes mellitus puedan tener acceso al sensor de glucosa. Por esto, un grupo de mamás con niños con diabetes mellitus tipo 1 han unido sus fuerzas en la campaña #SensorDeGlucosaParaTodos para solicitar que el Estado priorice la codificación en Fonasa de esta tecnología y así que pueda llegar a la mayor cantidad de personas con diabetes Tipo 1 y también Tipo 2, sin distinción de edad, sexo y nivel de ingresos económicos, para así mejorar la calidad de vida de miles de personas en el país.

Maité es una joven gimnasta copiapina, de 20 años, que fue diagnosticada con diabetes mellitus 1 y forma parte activa de esta campaña. "Mi mamá siempre quiso que practicara gimnasia, yo tenía que tomar la decisión si me gustaba o no. Me terminó gustando y seguí hasta hoy".

Cuenta que "estaba en tercero medio, con 16 años y yo tenía mucha sed, tomaba mucha agua y comía el doble de lo que comía normalmente y bajé de peso, pesaba 58 kilos y llegué a 50. Luego de los exámenes, el diagnóstico fue diabetes mellitus 1".

Ella entrenaba de lunes a sábado y relató que "cuando no tenía diabetes no me pasaba nada, ahora con la diabetes tenía que realizar pausas, comer algo y eso me frustraba un poco".

La situación cambió cuando comenzó a usar el sensor de glucosa. "Uno tiene dos opciones como medirse la glicemia de forma capilar, pinchándose los dedos o mediante ese aparato que se coloca en el brazo es inalámbrico y te dice la glucosa que tienes en cualquier momento, sin necesidad de pincharse los dedos. Yo puedo ver la tendencia que voy a tener durante el entrenamiento, si me va a bajar o a subir", explicó.

Maité es estudiante universitaria y sus padres le compran el aparato. "Son como 80 mil pesos mensuales sólo en sensor. Las insulina y cintas de glucosa están en el GES, pero los sensores no, pero es una herramienta muy fundamental, muestra las tendencias durante el día, si sólo se mide de forma capilar sólo son fotos de números. Todos deberían tenerla, de forma capilar no es suficiente".

En prisión preventiva quedó un imputado que es investigado por su presunta participación en dos delitos de robo cometidos con sólo dos días de diferencia en Copiapó.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal que indaga estos hechos, Sebastián Coya, las diligencias investigativas desarrolladas por la SIP de Carabineros, comenzaron a desarrollarse luego que el pasado 4 de diciembre se denunciara por parte de las víctimas un delito de robo en lugar habitado. En este hecho se reunieron antecedentes en el lugar que permitieron establecer la participación de esta persona en el delito, principalmente a partir del registro de las cámaras de seguridad existentes en el sector del domicilio afectado y que posicionaron al imputado en el lugar del robo.

Según pudo establecer la Fiscalía Local de esta ciudad, dos días después del primer ilícito el detenido nuevamente participó de un atraco, tratándose esta vez de un robo con intimidación y violencia que afectó a un servicentro de esta ciudad. Ocasión en que ocupando un arma de apariencia de fuego, intimidó junto a otro sujeto aún no detenido, a un trabajador del lugar logrando sustraer dinero en efectivo y otras especies.

"A partir de este robo, y ya existiendo antecedentes y medios de prueba del primer ilícito, personal de la SIP logró establecer que en ambos delitos el imputado tenía participación directa. Por ello, una vez determinada su identidad la Fiscalía solicitó la orden de detención al Juez de turno, quien accedió a la petición. Con ello, personal policial ubicó y detuvo al imputado mientras circulaba por la vía pública", dijo el fiscal.

Sebastián Coya sometió al detenido a la audiencia de formalización durante la mañana de ayer, ocasión en que calificó al imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad solicitando en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. Dicha petición fue acogida por el Tribunal, ordenándose el ingreso del detenido a la cárcel local donde permanecerá privado de libertad durante todo el tiempo que se extienda la investigación de estos hechos.

La Corporación Pétalos de Esperanza, junto a Gendarmería, suscribió un convenio de colaboración para implementar la Pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC). Los condenados a penas privativas de libertad igual o inferior a trescientos días, podrán cumplir la pena realizando actividades voluntarias, que deberán reportar una mejora a la comunidad o un beneficio a personas en situación de precariedad.

"la Corporación Pétalos de Esperanza, se comprometió a través de este convenio a entregar 04 plazas mensuales de trabajo y a la entrega de plazas de servicio comunitario colectivo o grupal para personas que cumplan con las condiciones necesarias para acceder a la pena", indicó la encargada territorial de la PSBC de Gendarmería, Isabel Troncoso.

Durante la firma de convenio, estuvo presente el director regional de Gendarmería, coronel Víctor Vera Bustos, la presidenta de la Corporación Pétalos de Esperanza, Erika Ossandon y la Coordinadora territorial de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), Isabel Troncoso.

Al respecto, el director regional, coronel Víctor Vera Bustos, señaló que, "ellos cumplirán una condena a través de su trabajo el que no será remunerado. La ley exige que quienes se sometan a esta modalidad estén condenados a menos de 300 días y que acepten voluntariamente cumplir a través de servicio comunitario".

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI de Copiapó, recuperaron una camioneta marca Mahindra, año 2021, avaluada en 20 millones de pesos y un manipulador telescópico utilizado para la elevación de personas con un avalúo de 80.000.000 de pesos.

Por solicitud de la Fiscalía Local de Copiapó, detectives de esta brigada especializada, realizaron las primeras diligencias de una denuncia cursada por el delito de robo con intimidación con retención de víctimas.

El hecho ocurrió el 7 de diciembre durante la madrugada, cuando aproximadamente 6 sujetos ingresaron a la compañía minera Carmen Bajo donde intimidaron con armas de fuego al guardia de seguridad para posteriormente atarlo y encerrarlo en el portamaletas de un vehículo. Posteriormente los sujetos sustrajeron diversas herramientas y vehículos de propiedad de la compañía, encerraron al guardia en un container del lugar y luego huyeron en dirección desconocida.

Los vehículos recuperados fueron entregados a su propietario, previo trabajo científico técnico desarrollado por detectives del Laboratorio de Criminalística de la PDI.