Hoy las elecciones primarias tendrán un tinte especial y, aunque no se crea, histórico. Y es que al proceso tradicional de alcaldes se sumó el de gobernadores regionales, lo que implica el primer paso concreto de un cambio institucional profundo, que lamentablemente no ha tenido el peso que corresponde y que tendrá una convocatoria bajísima según las estimaciones.

Aunque se trate de primarias donde no todos los conglomerados participan, estamos hablando de personas que podrían convertirse en las autoridades que reemplazarán la figura del intendente por un periodo de cuatro años, es decir tienen una responsabilidad tremenda para el desarrollo de las regiones.

Lo que pase hoy puede ser un traspié innecesario, independiente que se considere como normal el poco entusiasmo dado el carácter partidista de estas primarias. Apartar a la ciudadanía de lo que hacen los partidos, solo potencia este divorcio entre la comunidad y los políticos, y por el contrario lo que se debe hacer es acercar estos procesos, quizás no en la participación, sino que en que las personas vayan tomándole el peso a lo que se viene.

Parece importante que desde ya esta figura comience a ser reconocida en los atributos y en los rostros, de cara al próximo 11 de abril -día que serán las elecciones a gobernador- como también a una eventual segunda vuelta de estos cargos. Ir yendo al "hueso" o al detalle de sus funciones, como también ir conociendo las propuestas, es fundamental.

En el caso de Atacama, para estas primarias se vieron salidas a terreno en la mayoría y mucha red social, pero poco intercambio de ideas, cuando este tipo de instancias deberían haber estado a la orden del día.

Parece necesario un equilibrio, dado que si bien las personas deben conocer a los candidatos en las poblaciones y territorios, es fundamental que sus ideas sean expuestas en debates, dado que allí se pueden ver las diferencias y similitudes de programas, como también

las personalidades de cada uno.

Que un candidato no lo entienda así, solamente demuestra simpleza, lo que se contrapone con lo que debe ser un gobernador regional, es decir una figura que es capaz de abordar situaciones muy complejas en situaciones de presión.

Los dichos de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, afirmando que "un peso que se coloque en Cultura, se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos", haciendo referencia a la baja en el presupuesto 2021 de la cartera, despertó críticas transversales en el sector.

Más allá de lo lamentable e inoportuna que puede haber resultado esta declaración, este episodio nos lleva a reflexionar sobre el lugar del patrimonio, las artes y la cultura en nuestra sociedad y cómo la nueva constitución debería darle igual prioridad, respecto de otros aspectos de la vida nacional.

Este proceso de análisis, sin duda, ya partió. ¿Cómo se abordará la cultura y el arte en el proceso constituyente? ¿Qué mirada tendrán los futuros constituyentes, que todavía ni siquiera son candidatos? ¿Cómo se verán representados todos los sectores y gremios en este nuevo inicio de carta magna?

Para iniciar esta reflexión, es importante revisar cómo está integrada la cultura en la actual constitución. En el art. 10, referente al derecho a la educación, se menciona que "Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Mientras que en art. 25 se señala que existe "La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie", enfatizando el derecho de propiedad de las obras.

Se entiende que una carta magna tiene que contener los principios y valores del desarrollo y convivencia de un país, dentro de los cuales están los derechos y deberes culturales. Este nuevo marco de convivencia en Chile debería considerar la libertad de creación, el fomento de las artes, la diversidad, la multiculturalidad, además del cuidado y buena gestión de los bienes culturales y patrimoniales.

Sin embargo, de manera paralela y no menos importante, se requiere que exista un marco legal que lo permita. Esto, porque por muchos derechos y deberes culturales que se garanticen en la nueva constitución, sin normativas y leyes es difícil que estos se hagan tangibles.

Un ejemplo de ello es el tráfico de bienes culturales que a nivel mundial constituye la tercera causa de tráfico, después de las drogas y las armas. Sin embargo, en nuestra legislación se define como delito contra la propiedad pero no respecto del patrimonio. Aunque esta situación pareciera estar lejos de la realidad chilena, lo cierto es que el robo de bienes culturales ya ha ocurrido en nuestro territorio. Basta recordar, años atrás, el caso del robo de esculturas patrimoniales, encontradas en una hacienda de San Francisco de Mostazal; o la sustracción de la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico Nacional.

En este momento histórico único, donde se nos permitirá trazar el devenir de las próximas décadas, sin duda que los derechos culturales deberán ser garantizados, al igual que nuestros deberes. Tanto los constituyentes, a cargo de redactar la nueva constitución, como los legisladores, tendrán en sus manos el desafío de que la cultura, el patrimonio y las artes sean prioridad en la sociedad que estamos construyendo.

El pasado jueves 26 de noviembre se realizó el webinar "Educación Superior Técnico profesional: perspectivas y oportunidades", convocado por Vertebral y por las sedes Copiapó de Santo Tomás, Inacap e Iplacex. En este evento académico, Sergio Bitar nos invitó a concebir a este sector de la Educación superior como parte de una estrategia verde, digital y tecnológica en estrecho vínculo con el tradicional rol de movilidad social e inclusión que cumple para importantes sectores de jóvenes y trabajadores.

La formación técnico profesional constituye una gran puerta de entrada para la educación superior ofreciendo oportunidades de estudio en carreras más cortas, con aranceles menores, que tienen una buena inserción laboral y, que, en muchos casos, tienen niveles de ingreso superiores al de carreras tradicionales. Complementario a ello, distintos estudios constatan que necesitamos formar Técnicos de variadas especialidades, ya que existe un déficit para lograr cubrir las oportunidades que existen en el mercado laboral.

Esta combinación virtuosa que se le reconoce a la Educación superior Técnico Profesional de propiciar la movilidad social y la inclusión laboral parece no encontrar eco en políticas públicas tan relevantes como es el financiamiento. De acuerdo a los antecedentes aportados por la Dirección ejecutiva de Vertebral, el gobierno ha determinado reducir en forma muy drástica, los recursos para la gratuidad en la Educación Superior Técnico Profesional. Esto afecta particularmente a casas de estudios que no reciben aportes basales y que atienden las necesidades de formación de buena parte de los estudiantes más vulnerables.

Esta medida aparece todavía más contradictoria cuando sabemos que los estudiantes de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica reciben apenas el 0,3% del presupuesto nominal destinado a todo el sistema de educación superior chileno en circunstancias que el sector técnico-profesional ha cuadruplicado su matrícula en los últimos 20 años, y en los últimos 10, es capaz de congregar más del 50% de la matrícula de alumnos nuevos demostrando ser una opción válida para un gran número de jóvenes, muchos de ellos primera generación de su familia que accede a estudios terciarios.

Recortar significativamente los recursos para la Educación Superior Técnico Profesional implicaría que miles de estudiantes se vean impedidos o tengan severas dificultades para acceder a oportunidades de formación de alta pertinencia para la empleabilidad, satisfaciendo las necesidades productivas de las distintas regiones del país, entre ellas las de nuestra región de Atacama.