Nicolás González

Como una oportunidad única en donde podría garantizarse el acceso a una vivienda digna;frenar el aumento sostenido de los campamentos; mejorar la planificación territorial y, sobre todo, reflexionar sobre lo que significa "calidad de vida" en cuanto a vivienda en el país, es lo que diversos actores con una voz importante en el rubro creen que podría consagrarse con la redacción de la nueva Carta Magna.

En un nuevo reportaje realizado para abordar los ejes de los distintos aspectos a desarrollar en este proceso, este Diario entrevistó a cinco expertos, que además pusieron énfasis en que el Plan Regulador Comunal (instrumento de planificación territorial), sería clave para mejorar la infraestructura de las ciudades de acuerdo a su realidad en particular. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a preocuparse por aquellas familias que perdieron sus viviendas tras el aluvión del 2015 y que aún no la han recuperado, toda vez que aún no han recibido respuesta del Estado.

"Debe estar claro el Derecho a una vivienda dotada de las condiciones mínimas para el ser humano"

"El tamaño de la vivienda social (55 m2) no da, sobre todo considerando el hacinamiento"

En términos de vivienda, ¿cuáles serían los principales ejes a considerar en la redacción de la nueva Constitución?

-Una de las cosas que más nos afectan a nosotros es que no está claro el tema del Derecho a la vivienda y dentro de eso, debe estar claro el Derecho a una vivienda dotada de las condiciones mínimas para el ser humano, que sea una garantía, que vayan dentro de las condiciones constitucionales y que sea de acceso directo, con mejoras de estándar. Porque hoy la vivienda social es súper precaria y muchas veces los campamentos hoy en día están dentro del radio urbano. Eso se ha visto a nivel nacional. Entonces ojalá que dentro de la nueva Constitución esté claramente la participación en cuanto a la dignidad de las personas, de elegir el barrio, el sector, que son cosas súper importantes.

Hay familias que tras el aluvión del 2015 perdieron sus viviendas, ¿cuál es su postura considerando que aún no las han podido recuperar?

-No hubo una buena voluntad de parte del Estado de hacerse responsable y de velar en realidad por la situación de las familias, porque obviamente para ellos ha sido súper complejo perder lo que tanto les costó construir.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades en los campamentos tras la pandemia?

-Los ciudadanos de Copiapó se han dado cuenta del crecimiento enorme que han tenido los campamentos. El año pasado el Programa de Asentamientos Precarios, hizo un catastro a nivel regional en donde teníamos 49 campamentos y hoy en día tenemos 20 campamentos nuevos que están fuera del catastro, y el tema del pandemia ha afectado a nuestras familias, tuvimos varios contagiados que para nosotros fue un tema muy emblemático, por las condiciones en las que están hoy en día y con escasez de agua, que era una de las cosas que más nos preocupaba, aun así las familias se hicieron súper responsables con sus dirigentes en el sentido de poder tener el control. Si bien hubo una intervención de parte de la Subsecretaría de Salud, nosotros en ningún momento sentimos una participación activa y que nos entregaran las herramientas adecuadas para poder tener control. Pensamos que iba a haber un compromiso mayor y no se dio.

En términos de vivienda, ¿cuáles serían los principales ejes a considerar en la redacción de la nueva Constitución?

-La seguridad habitacional, la flexibilidad en la vivienda social, problemáticas que estamos viviendo en la actualidad. (...) Hemos tenido continuamente bastantes eventos como la crisis social, luego la pandemia, seguramente en abril vamos a volver a cuarentena, y nuestras viviendas, las viviendas sociales, las económicas y las comunes y corrientes que tienen las personas, no están preparadas para poder tener el trabajo y el colegio dentro de estas.

Entonces esto creo que debe aprovecharse en la nueva Constitución, porque con esto se generó un cambio de paradigma. Además, obviamente a muchas instituciones y a muchas empresas, se les hizo cómodo que sus trabajadores empezaran a trabajar desde su casa y ahora, algunos niños también ya van a empezar a estudiar desde la casa. De manera que esto se debe incorporar en la redacción de la nueva Carta Magna, porque el tamaño de la vivienda social, que son de 55 metros cuadrados, no da, sobre todo tomando en consideración el hacinamiento que existe cuando hay más de un núcleo familiar dentro de la vivienda.

¿Cómo considera que se podría garantizar el acceso a una vivienda digna?

-La vivienda como algo físico a lo mejor no está estipulado, pero sí dice en la Constitución que se garantiza vivir en un lugar libre de contaminación, sano y con calidad de vida. Ahora, ¿qué habría que ver? Preguntarse qué es la calidad de vida. También cabe preguntarse ¿qué es calidad de vida en la vivienda?; ¿qué es la calidad de vida en el habitar? Entonces primero hay que partir por el origen, y de ahí recién empezar a ver otros temas.

¿Cuáles son los puntos que debieran considerarse en la región de Atacama para lograr aquello?

-Acá hay proyectos, pero el problema es la metodología que existe en el Ministerio del Desarrollo Social. La actual metodología de la rentabilidad social, que está muy obsoleta, mientras no se modifique de acuerdo a la regionalización, nunca nos va a dar los cálculos para que sea socialmente rentable hacer los proyectos acá, porque por ejemplo, un puente, que es súper necesario para cruzar desde el Palomar hacia el otro lado. Hay un puente diseñado pero ese cálculo lo hacen con valores que son transversales a nivel de país, pero resulta que nosotros tenemos otra forma de vivir, primero que acá es más caro, tenemos problemas con el agua, entonces hay muchas cosas que debiesen meterse a los cálculos de rentabilidad social para que puedan empezar a salir rentables los proyectos o un puntaje asociado.