P.Vásquez Fuentes/Redacción
Por el delito de soborno fue formalizado el ex abogado de la minera Candelaria, quien según la Fiscalía jugó un rol determinante para que en 2015 se llegara a un convenio de cooperación y un contrato de transacción entre la minera y el municipio, beneficios económicos a cambio de desistir de acciones en contra del proyecto minero.
Según fue dado a conocer en la audiencia de formalización de cargos, el Estudio de Impacto Ambiental de "Candelaria 2030, Continuidad Operacional" fue presentado en 2013 ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, con el cual se buscaba extender la vida útil del yacimiento que mantiene sus operaciones en esta comuna. Según la investigación, a partir de esta presentación el alcalde de esa época Osvaldo Delgado Quevedo y sus asesores, advirtieron en esa instancia una oportunidad de obtener de manera ilegítima e irregular beneficios económicos por parte de la empresa, utilizando para ello la función pública que desempeñaban.
Fue así como a través de distintas acciones desde el municipio buscaron una negociación con Minera Candelaria. En 2013, hubo una reunión en un hotel céntrico, donde hubo una solicitud de financiamiento para proyectos para compensar el daño ambiental, pero esto no prosperó.
Luego la minera fue adquirida por otra multinacional y a mediados de 2014, de acuerdo a lo relatado en la audiencia, en una reunión en la municipalidad donde estaba Jaime Mulet, el administrador municipal de la época Jaime Bahamondes, Jorge Brito quien era el asesor jurídico de ese entonces y el alcalde Osvaldo Delgado, conversaron el tema. El primero de ellos, fue quien dijo la idea de demandar a la minera y así recibir recursos frescos para la municipalidad.
Para llegar a esta negociación, contrataron un estudio jurídico "con el que se presentaron distintas observaciones al proyecto de continuidad de la minera los años 2013, 2014 y 2015", explicó el fiscal Luis Miranda en la audiencia.
El municipio interpuso una demanda por daño medioambiental, donde hubo errores procesales, la que luego abandonó. Además, en mayo de 2015 efectuaron una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la que generó fiscalizaciones que constataron una serie de infracciones al medio ambiente.
Además, de parte del municipio hubo solicitudes de rechazo al proyecto de continuidad tramitado por la minera. Es así como el alcalde de la época junto a personal interno del municipio coordinaron reuniones con representantes de la minera. En estos encuentros el imputado Miguel Troncoso tuvo un rol fundamental, ya que desarrolló negociaciones orientadas a que la Municipalidad de Tierra Amarilla no ejerciera o derechamente se desistiera de las acciones legales ya en curso. En este contexto, Troncoso "a sabiendas del daño ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta el 2030, mantuvo una serie de reuniones y negociaciones para que el municipio no ejerciera o se desistiera de las acciones que legítimamente les correspondía ejercer", señaló el fiscal.
Concejo municipal
Fue así que luego de largas negociaciones en la sesión del Concejo Municipal de la mencionada comuna, el 1 de septiembre de 2015, el alcalde Osvaldo Delgado y Troncoso expusieron los alcances y ventajas del convenio de colaboración entre las partes supuestamente en conflicto, no así los detalles económicos que involucró dicho acuerdo.
Por ello, varios de los concejales desconocían el llamado contrato de transacción que había sido aprobado, supuestamente por ellos.
En dicho contrato, el municipio renunciaba o no perseveraba en la acción de reparación de daños ambientales producidos en la comuna por la empresa minera, renunciaba a impugnar la resolución sobre continuidad operacional de la empresa, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, pese a que el municipio había solicitado el rechazo del proyecto ante la autoridad ambiental. Este contrato transaccional, posteriormente, en dictámenes de 2017 y 2018, fue declarado contrario a derecho por la Contraloría General de la República.
Este alcanzaba la suma de 7 millones de dólares, tres de los cuales se destinaron de manera directa a las arcas municipales y los cuatro restantes, por cuenta del municipio, al pago de honorarios de asesores y abogados externos.
El segundo, fue el convenio de cooperación que significó por parte de la minera, el pago de cerca de 40 millones de dólares en dos etapas y en un plazo de diez años. Estos aportes en dinero involucraron acuerdos de parte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, los que decían relación con no perseverar con la demanda interpuesta en el Tribunal Ambiental, además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegados en las demandas.
En la audiencia se formalizó a Troncoso por el delito de soborno y la magistrada Daniela Pérez acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de arraigo nacional, a la que se allanó el querellante Consejo de Defensa del Estado, por considerarla proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.
En la causa, el tribunal, a solicitud de la defensa, fijó para el próximo 24 de noviembre la audiencia de formalización de la investigación en contra del suspendido alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado Quevedo, imputado por el delito de fraude al fisco, quien no se presentó a la audiencia por encontrarse hospitalizado.
Minera candelaria
Respecto a esto, el abogado de Candelaria, Jorge Bofill, señaló que "Candelaria y sus ejecutivos actuaron de buena fe, respetando la normativa vigente cuando alcanzaron el acuerdo integral con el municipio en 2015, para impulsar un programa de apoyo de largo plazo y el desarrollo de la comunidad de Tierra Amarilla, que incluía aportes por más de US$ 40 millones".
Agregó que "Candelaria se ve expuesta porque fue el flanco de una orquestación que armó un grupo de personas que intentó instalar la existencia de daños ambientales. Han pasado años y hasta ahora no hay ninguna resolución judicial o administrativa firme y ejecutoriada que indique la existencia de daño ambiental".
Multa de la SMA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en 2016 multó con 5.049 UTA, unos $2.798 millones, por diversas infracciones medio ambientales a minera Candelaria, Una de las más graves fue el incumplimiento del compromiso de rebajar los consumos de agua fresca, en virtud de la creciente recirculación de aguas provenientes del depósito de relaves y de la inyección de aguas tratadas y desalinizadas al sistema, con lo cual se causó un importante detrimento en la disponibilidad de aguas subterráneas del acuífero del Río Copiapó y por lo mismo constitutivo de daño ambiental.