Personal de la Sección Especializada del OS-7 pudieron impedir la circulación de más de 23 mil 800 dosis de marihuana. La droga era transportada en un equipaje, embarcado en un bus interprovincial proveniente de la ciudad de Iquique, con destino a la Región Metropolitana, pero no se pudo dar con su propietario.

En la apertura del equipaje se pudo verificar la existencia de un total de 10 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente, contenedores de marihuana, cuyo peso total alcanzó los 11 Kilos 909 gramos de marihuana, que traducidos a dosis serían aproximadamente 23 mil 818 papelillos, con un avalúo cercano a los 71 millones de pesos.

Los antecedentes entregados por el Jefe de la Sección OS-7 Atacama, capitán Eugenio Olea, indican que el can detector de drogas "Frodo", dio alerta positiva a su guía que en el interior de uno de los equipajes había droga. En virtud a ello, el personal policial procedió a activar los protocolos para tales efectos, estableciendo comunicación telefónica con el fiscal, para la apertura del equipaje. Todo ello, en atención a que no se encontró a su propietario.

La Fiscalía de Atacama abrió una investigación y comenzó a dirigir las diligencias, luego que la tarde de ayer se informó el hallazgo de un cadáver a un costado de la ruta 5 al norte de Chañaral.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal jefe de esta comuna, Marco Arenas Zeballos, una persona que circulaba por la mencionada ruta advirtió la presencia de un bulto al costado de la carretera, pudiendo comprobar que se trataba de un cuerpo sin vida de un hombre adulto. Informando de ellos a personal de Carabineros, quienes dieron cuenta al fiscal.

En el lugar del hallazgo se constituyó el fiscal Arenas, quien ordenó el trabajo de personal de la Bicrim de esta comuna, además de peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI. Con quienes realizó una revisión superficial del cuerpo no advirtiendo lesiones atribuibles a terceras personas.

"En este caso al realizar la revisión de las pertenencias de la persona encontrada sin vida, se pudo encontrar su documentación además de las llaves de su vehículo que quedó estacionado aproximadamente 10 kilómetros al sur de donde estaba el cuerpo", dijo el fiscal.

Arenas agregó que la persona fallecida presenta domicilio en Antofagasta y que había estado durante el fin de semana en Chañaral. Ordenando diligencias investigativas para establecer lo ocurrido, mientras que solicitó la autopsia de rigor para determinar la causas del fallecimiento.

"Llegó a obtener este cargo de manera fraudulenta" , así el fiscal Nicolás Zolezzi de Vallenar finalizaba la formalización de cargos en contra de la consejera regional Rebeca Torrejón (FRVS) por los delitos de Uso Malicioso de Instrumento Público cometido por un particular, Perjurio y Obtención fraudulenta por parte del Estado de remuneraciones.Mientras que la defensa argumentó que ella sufrió de amnesia.

"De acuerdo a la investigación durante el año 2017 la actual consejera regional, Rebeca Torrejón Sierra, concurrió al Liceo Pedro Troncoso Machuca para realizar la solicitud de documentación, específicamente el certificado de Enseñanza Media. Petición que hizo a una administrativa del recinto educativo, documento que finalmente obtuvo junto a un certificado anual de estudios. Los cuales, de acuerdo a lo establecido, resultan ideológicamente falsos", dijo el fiscal .

Así logró obtener la licencia de enseñanza media y el certificado anual de estudios, pero con esto faltaba a la verdad porque nunca aprobó cuarto año medio en 1975. Una vez obtenidos estos documentos y a pesar que sabía que no cumplía con el requisito, se presentó como candidata a core, a pesar que conocía que esta licencia había sido obtenida de manera fraudulenta, ya que no contar con estos impedía su postulación.

Además, firmó ante notario una declaración jurada en que aseguraba haber rendido la enseñanza media y haber egresado del recinto educacional mencionado el año 1975.

En agosto de 2017, se presentó como core, fue elegida por votación popular manteniéndose en dicho cargo en la actualidad, función por la que ha recibido, por concepto de remuneración, un monto que supera los 45 millones de pesos desde marzo de 2018 hasta agosto de 2020.

El fiscal explicó que la indagatoria pudo determinar que en el año 1975, fecha en que la imputada documentó haber cursado cuarto medio, efectivamente asistió al liceo, pero como parte del curso de primer año medio. Mientras que en 1977, la consejera investigada cursó y reprobó el tercer año de enseñanza media.

En tanto, la defensa de la consejera regional, explicó que "las remuneraciones no las ha obtenido fraudulentamente, ella fue proclamada por el Tribunal Electoral. Las remuneraciones que ha percibido del fisco es por su labor".

Respecto a la situación de los certificados, la defensa argumentó una situación de salud de Rebeca Torrejón. "La señora Rebeca sufrió en 1993 un cuadro psiquiátrico de estrés y de trastorno de descontrol lo que le indujo amnesia, ella fue a buscar en 2014 un certificado al lugar donde ella recordaba que había cursado la enseñanza media. Le entregaron un certificado de notas, como este no acredita que asistió a enseñanza media, fue en 2015 a solicitar el certificado correspondiente, el ente público le entregó el certificado. La falsificación puede ser material o ideológica, este es un documento auténtico, ella no ha puesto una firma, nada en ese documento".

Respecto a esto, siguió defendiendo que estos fueron emitidos por el "director del colegio donde ella asistió, ella al momento de presentar su candidatura tenía la convicción que pasó cuarto medio. Ella fue al ente público donde se supone la entregan la información y se la entregaron mal, ella por su problema psicológico no recordaba los años. Ella tenía la convicción que estos eran auténticos, ella no participó en la elaboración de este documento, ella no tenía por qué cuestionarse".

Juzgado de garantía

El magistrado Daniel Herrera Marín desestimó la solicitud del Ministerio Público de decretar el arresto domiciliario de la imputada por estimar que las medidas cautelares impuestas permiten asegurar los fines del procedimiento. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación. Sin embargo, la dejó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse y establecer cualquier forma de comunicación con dos testigos de la causa.

DEFENSA