"Le está sirviendo de excusa al ministerio de Hacienda y a un gobierno indolente para justificar esta decisión"
Daniella Cicardini — Diputada (PS)
"Ser comunista hoy en día es ser militante de Al Qaeda"
Rodolfo Carter
Alcalde de La Florida (UDI)
Una inédita caída de un 14,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el segundo trimestre del 2020, según informó el Banco Central, demuestra el complejo escenario económico y de empleo que atraviesa Chile, dinámica marcada por un impacto cada vez más pronunciado de la crisis sanitaria que nos afecta.
En Atacama, esta situación ha puesto presión sobre las actividades productivas locales, elevando los índices de desempleo a 12,3% en el trimestre mayo-julio, afectando las fuentes laborales de familias que viven en nuestra región, esto sin contar un aumento de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo -es decir, que no están buscando empleo por las condiciones actuales-.
A pesar de que son necesarias las medidas sanitarias para resguardar la salud de nuestra comunidad -donde los protocolos sanitarios tienen un rol significativo-, hoy también es importante, considerando el importante plan de reactivación que ha planteado el Gobierno y las perspectivas que tiene la región en términos de inversiones -según la Corporación de Bienes de Capital, CBC, se espera la concreción de proyectos evaluados en US$5 mil 794 millones para el próximo quinquenio, cifra que aumenta considerablemente para el largo plazo-, generar un trabajo conjunto para que realmente se concreten estas obras y además tengan un impacto positivo en Atacama.
Para eso es necesario seguir profundizando una labor conjunta entre el sector público, privado, académico, organizaciones sindicales, sociales y la comunidad, fomentando espacios de encuentro, participación y colaboración, con el objetivo de dar mayor valor regional a estas iniciativas y además proyectar cómo construir una Atacama con visión de futuro.
Lo anterior también significa dar posibilidades para que sean los trabajadores y las empresas locales -en su mayoría pymes- quienes puedan optar a los trabajos que se desarrollen en la zona, fomentando la creación de un ecosistema regional -que necesita ser potenciado con capacitación, certificación, datos estadísticos, innovación y nuevas tecnologías-, lo que además implica construir ciudades con mejor calidad de vida y bienestar para todos sus habitantes.
Como constructores creemos que podemos ser un valioso aporte en este tremendo desafío que tenemos por delante y que hoy más que nunca nos necesitará a todos unidos y trabajando juntos por nuestra querida Atacama.
Guillermo Ramírez
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó
A las 22:25 horas del lunes comenzaba
el sueño: La máquina Strata 950, bajo
el sistema "race borer", daba inicio a
las labores de perforación para lograr
el rescate de los 33 mineros que hoy
cumplen 27 días atrapados en la mina
San José. Y pasadas las 24 horas de trabajos en el cerro de la mina San José,la
profundidad llegaba a los 12 metros
Acompañado por el diputado Antonio Leal, el joven estudiante de la UDA, Jonathan Labarca, condenado por el Juzgado Militar de Antofagasta a tres años de presidio remitido por lanzar presuntamente una bomba molotov contra una camioneta de Carabineros en una protesta universitaria en el 2002, presentó ayer su apelación al fallo.
Un interesante dato estadístico respecto a los nacimientos en la capital regional se ha registrado en las últimas semanas. Esto porque los índices de partos en el sector privado han disminuido levemente y ya se manejan hipótesis al respecto. Se presume que podría ser por el ajuar, o aumento de cunas hospitalarias.
La ausencia de un protocolo para que los infectados por covid-19 puedan votar ha provocado una serie de impasses y contradicciones propias de un sistema electoral que poco tiene de moderno.
Y es que estamos hablando de casos particulares dentro de la gama de personas que no pueden sufragar, pese a que tienen el derecho constitucional de hacerlo por su calidad de ciudadanos. No son aquellos que sufren por plenas aflictivas, tampoco son interdictos ni tampoco son terroristas, sino que solo tienen imposibilidades que el Estado no ha sido capaz de cambiar. Conocidos son los casos de los reos que no tienen penas aflictivas, que terminaron en recursos de protección del INDH los cuáles fueron acogidos en primera instancia por la Corte Suprema en 2017, específicamente para votar en las Presidenciales. Sin embargo, hubo un cambio de criterio que dejó en nada el fallo.
Ni siquiera el máximo organismo judicial entrega certeza jurídica, lo que es una muestra de lo que pueda pasar en los distintos poderes del Estado.
No pareciera que se trata de un asunto de logística como plantea el Gobierno, dado que se tendría la capacidad de ir a los hogares de casos activos y contactos estrechos, si sacamos el cálculo actual de ambos a nivel nacional.
Más bien estamos hablando de otros argumentos, quizás asociados a posturas que buscan impedir un fraude o corromper el sistema electoral, lo que ciertamente puede entenderse cuando estamos en una urgencia, pero que requieren otras visiones en el que se supone es el trabajo a largo plazo.
Por otra parte, estamos hablando de excusas parecidas. Si volvermos a los recursos de protección a favor de los reos en 2017, Gendarmería y Servel alegaron que la "instalación de mesas receptoras de sufragios en un centro penitenciario requiere una modificación legal".
Pasaron los años, no hubo modificación y ahora están los casos activos, volviendo al tapete el tema de "logística", lo que refleja que estamos ante un aparato estatal burocrático, con un sistema electoral que pareciera inmaculado dado que pareciera un imposible modificar estos temas.
Se pretende evitar imperfecciones del proceso y eso tiene mucha validez, pero también el país debe adaptarse a los cambios en una pandemia y modernizar sus sistemas, para demostrar de una vez por todas que somos capaces de simplificar lo complicado y no complicar lo simple, como sucede con estos asuntos.