Redacción

Durante este viernes se realizó una búsqueda de parte de equipos especializados de rescate, quienes de forma voluntaria han colaborado en las tareas que tienen como objetivo dar con el paradero de Catalina Álvarez.

Esta jornada comenzó cerca de 8 horas con la reunión de los equipos de la Fiscalía de Atacama, los padres de la adolescente, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, Sernageomin y principalmente rescatistas especializados. Grupo que se movilizó a un sector de piques mineros ubicados a más de 3 mil metros de profundidad, zona que fue solicitada por la propia familia de la niña quienes sospechaban de este sector como el destino final del cuerpo de la víctima.

"Este es un sector al que ya se había concurrido, pero restaban aún dos piques por verificar. Esto porque debido a las condiciones climáticas del lugar, la distancia que se ubica y el muy complejo acceso, los trabajos de los rescatistas se debió hacer en jornadas distintas. Tareas que lamentablemente no arrojaron resultados positivos", explicó el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel.

En esta oportunidad, con el valioso aporte tecnológico de Pedro Gallo, se realizó completa revisión de dos piques, uno de ellos de aproximadamente 90 metros. A los cuales se llegó a su fondo con cámaras de video e iluminación para realizar un registro más completo.

Respecto de este lugar de búsqueda, González indicó que es uno más de los que ya se tienen en carpeta para continuar con estas diligencias. "Por instrucción del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, y tal como se le había mencionado a los padres de Catalina, ya definimos otros lugares para continuar con estas diligencias, las que esperamos puedan entregar algún antecedentes relevante para esta causa. Sectores que mantendremos en reserva, respecto de personas ajenas a esta causa", indicó.

BúSQUEDA

Christian González informó que luego de completar la revisión de los piques durante este viernes, desde ya comenzarán a preparar la próxima salida en la que se espera contar con otros equipos de búsqueda, además de elementos tecnológicos para realizar un barrido por la nueva zona definida. Jornada a la que asistirá el fiscal regional de Atacama.

"La Fiscalía ya lo había anunciado en su oportunidad, y apenas consiguió que se ampliara el plazo de la investigación, se realizaron las gestiones para poder reunir a los rescatistas que son una parte fundamental de esta labor, pues son ellos los expertos y quienes más tienen experiencia en la búsqueda en faenas mineras", concluyó el fiscal.

"Se realizaron las gestiones para poder reunir a los rescatistas que son una parte fundamental de esta labor, pues son ellos los expertos y quienes más tienen experiencia en la búsqueda en faenas mineras"

Christian González, Fiscal jefe

1 año y un mes es el tiempo en que lleva detenido Hugo Pastén, quien trasladaba a Catalina en un colectivo donde hallaron rastros de sangre de la menor. Se le indaga por el crimen de otras dos mujeres.

16 años tenía Catalina al momento en que desapareció.

La Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama(Ccira) está en la incertidumbre porque no tiene cómo sustentarse, esto luego de acciones judicial que interpuso una consultora por el Plan Maestro de Chañaral en 2015.

El ex intendente Miguel Vargas, quien en 2015 dio a conocer a la comunidad el proyecto junto al entonces alcalde de la comuna, señaló el 21 de agosto que "la debacle de la Ccira tiene que ver con una negligencia jurídica y una mala defensa el tribunal por la actual gerencia de la corporación". Además, explicó que en la Suprema se perdió por un tema de forma.

La gerente de Ccira, Cinthia Rojas, en relación a los dichos del ex intendente y ex presidente de Corporación, Vargas Correa, por responsabilidades frente a la situación actual, comentó que "estas se deben atribuir exclusivamente a la administración de su periodo".

Rojas señaló que "todos los hechos que dieron origen a las acciones judiciales deducidas por Vial y Consultores Asociados Ltda en contra de la Corporación, se produjeron única y exclusivamente durante la gestión y bajo responsabilidad de la anterior administración, en la cual su gerente era Ibar Espinoza y su presidente el ex intendente Vargas Correa, periodo 2014-2018".

Cinthia Rojas informó que "asumió el cargo de gerenta de CCIRA en julio del año 2018, cuando todos y cada uno de los hechos, ya se habían producido, incluso no existían recursos disponibles, dado que, a propósito del proceso judicial, se encontraban embargados $250.000.000, es decir casi la totalidad de los fondos que existían a esa fecha.Por lo anterior, pretender endosar el hecho concreto ocurrido el año 2016, como fue no rechazar u objetar las facturas y no hacer nada para remediar dicha situación, que dio origen a las demandas judiciales que pesan hoy sobre la corporación, me parece por lo bajo, intentar lavarse las manos frente a una situación gravísima, pues no se cumplió con la responsabilidad mínima atribuible a los cargos que se detentaban, como es velar por el resguardo del patrimonio e interés superior de la Corporación, ocasionado con ello un daño sin precedentes a una institución que tanto ha servido a la Región".

Respecto a la defensa jurídica que se ha realizado en este tema, la gerenta de la Ccira sentenció que "no olvide la ex autoridad que el proceso partió el 2017, es decir en su periodo de administración y por hechos ocurridos a propósito de negligencias administrativas de la gerencia de esa época (2016) y que en primera instancia la defensa que se realizó obtuvo sentencia favorable a finales del 2018, la que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, haciendo una interpretación de los hechos y del derecho distinta a la del juez de primera instancia".

El choque de un vehículo con un poste de alumbrado público dejó a la estructura con daños en su base, lo que implica que debería ser retirada del lugar.

El hecho ocurrió en el sector del barrio industrial de la comuna de Chañaral y debido al accidente concurrió al lugar personal de carabineros por la denuncia de daños. En tanto, personal de CGE debió trabajar con personal de Copiapó ya que en el lugar los cables eléctricos quedaron sobre la carrocería del camión. Terminada la labor de instalación del nuevo poste se enviaran al tribunal competente los montos del gasto, el que sobrepasa el millón de pesos.