Daniela Munizaga

El Sindicato de Trabajadores N°1 de la Fundación Educacional El Salvador (FEES) interpuso una querella contra directivos de dicha institución por el delito reiterado de apropiación indebida. Ellos acusan que no se les ha entregado el dinero que les corresponde por asignación de zona estatal y que hasta la fecha la deuda ascendería a más de 400 UTM.

Antecedentes

Según indicaron desde el Sindicato N°1, el año pasado comenzaron con una revisión de las remuneraciones y detectaron que no recibían los pagos por asignación de zona que entrega el Estado. Aseguran que desde un inicio, a mediados de 1997, no se han realizado los pagos correspondientes y mencionaron que de forma paralela, en 1998 se realizó un contrato colectivo en el cual se acordó el pago de asignación de zona con el empleador, el cual es por un monto inferior a lo que establece la Ley y distinto a la asignación estatal.

"Detectamos estos errores y notificamos a nuestro empleador que se nos estaban debiendo dineros estatales, que desde el principio nunca se nos había pagado ese valor. Nuestro empleador dio su comprensión al tema y quedamos de sentarnos a conversar", señalaron desde el sindicato. Sin embargo, sostienen que la actitud cambió a fines del año pasado, donde les habrían señalado que sólo se debía una diferencia (haciendo referencia al contrato colectivo) y no el monto señalado por los trabajadores, ante lo cual el sindicato no estuvo de acuerdo.

"Este valor no es costo adicional para el empleador, lo paga el Estado, a diferencia de lo acordado en el contrato colectivo que sí le corresponde al empleador, por algo es un contrato colectivo", sostuvieron.

Ante esta situación pusieron una denuncia en la Inspección del Trabajo el año pasado, y que según lo indicado por el sindicato, se habría determinado que se debía esta asignación y el monto que los trabajadores apuntaban, pero "la Fundación se negaba a hablar del tema o acceder al monto total (...) Procedimos con nuestro equipo jurídico a presentar una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro por este hecho. Todavía no hay una intención de aclarar el problema, nosotros nos apegamos a lo que la Inspección del Trabajo determinó y ellos tienen otra idea, y la única institución que puede aclarar estas dudas son los tribunales".

De esta forma, el Sindicato N°1, que agrupa a un total de 34 profesores, interpuso esta querella contra directivos de las FEES y contra todos quienes resulten responsables por el delito reiterado de apropiación indebida. Sostienen que al ser un asignación que no se ha pagado desde el inicio de la Fundación, la deuda sería sobre las 400 UTM.

"Esperamos que el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República tomen cartas en este asunto, que hasta el momento no los hemos visto. Deberían actuar de oficio ante estos hechos, porque tiene que ver con dineros fiscales, que es lo más preocupante", señalaron.

Por último, como sindicato indicaron que su intención es conversar con la FEES y llegar a un acuerdo. "Nosotros estamos con disposición de sentarnos a conversar y buscar las formas más apropiadas para no causar daño a la institución, no estamos diciendo que queremos el dinero altiro, pero que sí se nos cancelen los valores que corresponden", concluyeron.

Ministerio Público

Desde la Fiscalía de Atacama señalaron respecto a esta querella que "la Fiscalía Local de Diego de Almagro mantiene una causa en investigación, la que se encuentra con diligencias investigativas ordenadas y en desarrollo".

Fees

Sobre la acción judicial realizada por el Sindicato N°1 se consultó a la FEES, desde donde indicaron no haber sido notificados aún. "El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva de la Fundación Educacional El Salvador, no puede realizar ninguna declaración de las acciones legales interpuestas por el Sindicato N°1 en su contra, debido a que la fundación y sus representantes legales no han recibido ninguna notificación formal de dichas acciones", respondieron.

400 UTM es el monto aproximado de la deuda que indican desde el Sindicato N°1.

Nueva Atacama (ex Aguas Chañar) inició formalmente sus operaciones al alero del Grupo Aguas Nuevas en agosto de 2018, adquiriendo una serie de compromisos con la comunidad, entre ellos mejorar tanto la calidad del agua potable como la experiencia de servicio de los vecinos de la región.

A dos años de su llegada, desde Nueva Atacama exponen los principales hitos conseguidos y los desafíos que vienen -bajo un escenario de escasez hídrica y efervescencia social-, lo que se traduce, primero, en el cumplimiento total de la normativa medioambiental, la calidad del agua y continuar poniendo énfasis en la atención a sus clientes.

"A nuestra llegada, sabíamos que era un desafío enorme; la empresa estaba muy en deuda con la comunidad, por largo tiempo. Y muchos nos advirtieron de esto", sostuvo Carlos Barboza, gerente regional de Nueva Atacama. "Pero también sabíamos que la compañía destacaba por su valioso personal, resiliente, con la experiencia de haber enfrentado grandes catástrofes. Con el apoyo del Grupo Aguas Nuevas, no cabía duda que era posible cumplir con su principal objetivo: satisfacer las demandas históricas con relación al servicio de la sanitaria en Atacama", agregó.

Mejora en la calidad

"Cuando llegamos, Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral contaban con una calidad deficiente de agua potable, lo que era notorio en la percepción organoléptica (sabor, color y olor). Gran parte de los trabajos e inversión iniciales se destinaron a esa mejora, con nuestra gente, equipos de ingeniería y el apoyo desde Santiago", destacó Barboza.

Cerca de $ 10 mil millones destinó la compañía para cumplir con este objetivo, lo que significó la construcción de una nueva planta de potabilización en Tierra Amarilla y la ampliación de dos plantas de purificación por osmosis inversa en Copiapó, además de la adecuación de distintas redes de distribución a nivel regional.

Sergio Muñoz, gerente de Operaciones de la compañía, detalló que desde diciembre pasado se envía agua totalmente en norma a Chañaral y que, desde abril de este año, Copiapó y Tierra Amarilla cumplen a cabalidad con la normativa chilena N° 409 de calidad del agua.

"Este ha sido el principal cambio operacional, teniendo hoy una realidad muy distinta a la que vivieron los habitantes de la región en años anteriores. Estamos entregando la mejor agua de la historia en esta zona", argumentó Muñoz.

El intendente regional, Patricio Urquieta, convocó a representantes de sectores productivos como agricultura, comercio, industria, construcción y turismo, para escuchar sus inquietudes y comprometer acciones en conjunto que vayan en pro del desarrollo de la región.

"Nos reunimos con emprendedores de Atacama, de las diferentes asociaciones gremiales para analizar los proyectos de inversión y fundamentalmente las circunstancias que está viviendo un proyecto, que es Rajo Inca. Analizamos también, los proyectos de energía renovables no convencional y la relación que pueden tener todos proyectos con la comunidad, para que podamos tomar estas oportunidades como una forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos, y, sobre todo en Atacama,", dijo el intendente.

Por su parte, Daniel Llorente, presidente de Corproa, declaró que "tratamos las novedades respecto a Rajo Inca, que nos tiene preocupados, dado que si no se inicia en noviembre puede provocar un gran problema a El Salvador y la región completa. Nos informamos sobre gestiones entre CDE y el Tribunal, por lo que existiría una posibilidad de conversación entre Codelco, y llegar un acuerdo, bajo márgenes legales, para reactivar el proyecto", agregó que "desde la Seremi de Energía nos informamos de los avances de los proyectos vinculados con la cartera. Nos quedamos satisfechos y como corporación tendremos reunión con Tribunal Norte, y podremos escucharlos, para avanzar con estas iniciativas de inversión"