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OPERACIÓN PUREZA
Por otra parte y luego de dos años y medio de gestión del alcalde Morales, la Fiscalía junto a la PDI iniciaron una indagatoria en febrero pasado, obteniendo antecedentes preliminares relacionados a posibles adjudicaciones de contratos de forma irregular en la Municipalidad de Tierra Amarilla.
"Se recibió una orden amplia de investigar por parte de la Fiscalía, a fin de esclarecer presuntas irregularidades al interior del Municipio, por lo que se efectuó una serie de diligencias investigativas, se hizo un análisis de profundo de la información obtenida a través de la incautación de documentos y equipos computacionales, complementando aquello con declaraciones de testigos e imputados, lo que se contrastó con antecedentes rescatados de interceptaciones telefónicas", señaló el jefe de la Bridec Copiapó, subprefecto Marco Lepe.
Junto a lo anterior -recalca el jefe policial- la policía civil realizó vigilancias, seguimientos y puntos fijos en diversos sectores de Tierra Amarilla y Copiapó, pudiendo observar el supuesto modo de operar del alcalde Morales y sus colaboradores, quienes constantemente mantenían reuniones con cuatro contratistas, quienes tenían intereses creados en diversas licitaciones, las cuales finalmente se adjudicaron para beneficio de toda la estructura delictual.
"Luego de un trabajo de más de cinco meses, pudimos establecer de forma fehaciente que funcionarios municipales se coludieron con los contratistas imputados para que estos se adjudicaran contratos millonarios, a los cuales le agregaron sobreprecios y manipularon las bases de evaluación en sus porcentajes, a fin de que ese dinero tuviera como destino el patrimonio personal del jefe comunal y sus colaboradores a través de coimas", dijo el subprefecto Lepe.
Según la indagatoria esta práctica se venía repitiendo desde al menos finales de 2018, comprometiendo gravemente la función pública y el patrimonio municipal.
El caso más llamativo corresponde a unos de los contratistas imputados de 48 años, un empleado técnico de Enami, conocido de la imputada de 49 años, encargada de proyectos de la Municipalidad de Tierra Amarilla, sin experiencia formal en el rubro de construcción ni de obras públicas, sin maquinarias, sin registro previo en Mercado Público y sin un giro adecuado ni compatible con la actividad de contratista, antecedentes conocidos por el alcalde Morales y sus presuntos cómplices, quienes en diciembre de 2018, lo contactaron y acordaron con el referido contratista un negocio común, consistente en adjudicarle contratos municipales de obras públicas solicitando a cambio que éste les pagara valores aproximados al 10% del valor del contrato, lo que finalmente ocurrió.
Ese solo fue el puntapié inicial para echar a andar la empresa fraudulenta, cuyo mecanismo delictual de defraudación se concretó en los proyectos "Mejoramiento y Construcción de Bandejón Central Acceso Norte", "Mejoramiento y Construcción Plazoleta Jardín Botánico Alto Meléndez", "Instalación Pasto Parque Rafael Torreblanca" y "Ampliación Parque Rafael Torreblanca". Además de una asignación vía trato directo para la sanitización de calles y espacios públicos de la comuna producto de la actual pandemia. Todos proyectos cuyas bases fueron adulteradas y acomodadas por los funcionarios municipales para ajustarse a los contratistas involucrados en la defraudación. El negocio finalmente fue desarticulado por la Fiscalía y la PDI la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando medio centenar de detectives, encabezados por personal de la Bridec Copiapó, llegaron hasta las casas de los 13 imputados, quienes fueron detenidos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, negociación incompatible y obstrucción a la investigación, terminando de esa forma con la estructura delictual que -como lo denominó el abogado del Consejo de Defensa del Estado en la audiencia de formalización- prácticamente saqueó las arcas municipales.
Para el jefe de la Bridec de Copiapó, la labor policial aún se mantiene en pleno desarrollo tras los primeros pasos en la judicialización de la investigación. "El Juzgado de Garantía determinó un plazo de 120 días para investigar, tiempo en el que tanto la PDI como la Fiscalía continuarán desarrollando diligencias que permitan esclarecer totalmente los hechos. Hechos qué claramente minan la fe pública y generan un enorme daño a la comunidad de Tierra Amarilla".
Perjuicio erario municipal
El fiscal Luis Miranda, señaló en la audiencia que "a fin de que el negocio ilícito convenido no significara un costo adicional para el contratista, los imputados acordaron que los pagos a título de beneficios económicos indebidos, formarían parte del costo global del contrato a adjudicar, por lo que aumentaron artificialmente el monto de la licitaciones, lo que en definitiva significó un perjuicio para el erario municipal", dijo. Se calcula que la cifra es mayor a los cien millones de pesos.
EL FIN DEL NEGOCIO