El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, invitó al Senado a ser parte de una mesa de diálogo para hallar soluciones al conflicto vinculado a las demandas de la etnia mapuche. Esto, en la sesión especial en la que la Sala abordó los recientes hechos de violencia en La Araucanía y Biobío y la estrategia del Gobierno frente a ellos.
El jefe de gabinete dijo que "el problema preocupa a muchos chilenos y genera sufrimiento a muchos. Fui a La Araucanía para transmitir que el diálogo era el único camino que nos iba a sacar adelante, pero también dije que el orden público es una responsabilidad y obligación del Gobierno".
"Teníamos que fortalecer y mejorar el accionar policial y la coordinación de las autoridades, pero junto con eso llamé al diálogo, diciendo con énfasis que esto es un problema político y lo tenemos que abordar todos", incluyendo a las comunidades, recalcó. "No es posible tomar una medida legislativa sin la participación de los pueblos originarios, sin la participación de sus comunidades. Estoy seguro de que eso va a ser mantener el denominador común de los fracasos de los últimos 30 años".
Sobre las peticiones de personas recluidas, dijo que "me alegro que ninguno de los senadores haya exigido la libertad de las personas que hoy están condenadas por los tribunales de justicia por crímenes atroces. No creemos que a través de una huelga de hambre sea posible cambiar una resolución de los tribunales de justicia, pero vamos a proteger la vida de esas personas". Agregó que "nadie puede exigirle a este Gobierno que converse temas políticos con personas que han sido condenadas por los tribunales de justicia, eso no lo podemos hacer y lo quiero decir con la mayor franqueza mirándonos a los ojos. Pero todos lo demás absolutamente tienen el derecho de ser escuchados y conversar".
El ministro de Defensa, Mario Desbordes, abordó el conflicto en radio Duna: "Se debe retomar el Plan Araucanía porque esto no es un problema sólo de orden público. Lo que aquí hay son legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, miles de personas pacíficas, y hay un grupito minoritario que si utiliza la violencia".
Sacerdote detenido
Ayer en la madrugada, Carabineros desalojó el edificio municipal de Tirúa, en la provincia de Arauco, que estaba ocupado desde el día anterior por mapuches como medida de protesta a los desalojos de otras sedes municipales el fin de semana. La Fiscalía informó que la acción se hizo "frente a la comisión de un delito flagrante de usurpación" y que se halló a unas 20 personas en el inmueble. "Tres de ellas resistieron con violencia la acción de Carabineros, por lo que fueron detenidas", agregó la Fiscalía, que decidió dejarlos luego en libertad, pero no descartó formalizarlos. Entre ellos, había dos comuneros y el sacerdote jesuita Carlos Bresciani. La Compañía de Jesús dijo que "rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo". El alcaide de Tirúa, Adolfo Millabur, criticó el desalojo y dijo que "el Gobierno está pasando por sobre la autoridad de los alcaldes, y dan una señal distinta, de no diálogo ni entendimiento".
Tras el desalojo, Carabineros reportó "diversos cortes con barricadas" en rutas. Dos cabañas de veraneo al norte de Tirúa, fueron quemadas; y un camión fue incendiado en la ruta Cañete-Tirúa. En la noche del miércoles al jueves, en Padre Las Casas, encapuchados quemaron 18 camiones, dos máquinas y viviendas dentro de una firma de áridos. La PDI dijo que este ataque se lo adjudicó la agrupación Weichán Auka Mapu y que esta ya se ha adjudicado otros hechos.
"No es posible tomar una medida legislativa sin la participación de los pueblos originarios, sin las comunidades".
Víctor Pérez, Ministro del Interior
