P.Vásquez/Redacción
En prisión preventiva quedaron nueve ex carabineros acusados de entregar protección y información privilegiada a un comerciante de la botillería "Santa Cecilia" de Copiapó, a cambio de ello le entregaba alcohol, chicles y bebidas energéticas.
El comerciante sabía datos respecto a cuándo se harían las fiscalizaciones en el sector y así evitaba ser infraccionado, ya que funcionaba fuera de horario. Sin embargo, las circunstancias comenzaron a salir a la luz debido a una investigación por contrabando que se llevaba en su contra.
Sin embargo, también estaban en la mira algunos funcionarios policiales. Las escuchas telefónicas entre ellos y el comerciante, terminaron por delatar la red de protección y poder que lo favorecía.
Carabineros detuvo el martes al comerciante y ese mismo día a su hija quien le escribió a unos funcionarios alertando de lo que ocurría, además en el allanamiento incautaron una cámara de seguridad y en el congelador había 110 cajetillas que eran la prueba del contrabando.
Al otro día, Carabineros dio de baja a los funcionarios involucrados. En la audiencia de formalización de cargos, se conoció que esta forma de operar comenzó hace unos dos años cuando un carabinero fue a comprar y pidió dos bebidas energéticas, para luego decir "a veces no hay plata", ante esto no se las cobró. Esto se replicó con otros funcionarios de la subcomisaría de Pedro León Gallo y la situación se habría acentuado con la pandemia a pesar que bajaban las ventas.
Inclusive, se conoció que a veces el local estaba cerrado, pero se debía abrir para, según la indagatoria, pagarles las coimas a los funcionarios policiales. El punto de la Shell que quedaba cerca de la botillería también era importante, porque en oportunidades llegaba algún mensajero a pedido del funcionario, el que iba a buscar los productos al lugar.
Desde bebidas energéticas que les llamaban "pilas" hasta whiskys baratos y un jack Daniels eran pedidos por los ex funcionarios, por ello el comerciante decía que los de menos grados tenían coimas más exclusivas y caras. El fiscal Luis Miranda, señaló en la audiencia que los carabineros se comunicaban con el dueño de la botillería "Santa Cecilia" para alertar vía telefónica de controles policiales o trabajo de fiscalización del Ejército y la PDI durante el periodo de toque de queda. Incumpliendo con ello reglamentos internos de Carabineros, además de omisiones a sus deberes del cargo.
Como parte de la investigación se pudo establecer además que en otras oportunidades, los ex carabineros detenidos daban aviso al comerciante que serían ellos los que harían rondas durante la madrugada, por lo que podría comercializar sus productos sin problemas. Cuestión prohibida por estar vigente el toque de queda nocturno dictaminado por parte de la Autoridad Sanitaria. "Esta información y entrega de antecedentes, era retribuida por parte del dueño de la botillería con la entrega de bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y cigarrillos", dijo el fiscal.
Cohecho y soborno
Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a cada uno de los ex uniformados detenidos por el delito consumado y reiterado de cohecho, mientras que en el caso del comerciante y su hija fueron formalizados por el delito reiterado de soborno. Además de ello, ambos comerciantes serán indagados también por el delito de contrabando por mantener en el interior del local comercial cigarrillos ingresados de manera ilegal al territorio nacional.
Frente a estos antecedentes la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los ex uniformados y el arresto domiciliario total para los civiles.
Luego de más de seis horas de audiencia el Juez de turno dio por acreditados los hechos materia de la investigación con los medios de prueba presentados por la Fiscalía, indicando que la conducta de los imputados delataba una comunicación entre ellos la que calificó como una dinámica indebida y permanente.
Por este motivo y por considerar a los imputados que concurrían al mencionado local comercial un peligro para la seguridad de la sociedad, acogió la petición del fiscal y decretó su prisión preventiva de los ex carabineros; mientras que en el caso del comerciante y su hija, deberán permanecer en su domicilio bajo la cautelar de arresto domiciliario total.
El Tribunal decretó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
