Redacción/ D.Munizaga

Durante la mañana de ayer maquinaria procedió a desarmar más de un centenar de nuevos cercos perimetrales para la reserva ilegal en terreno fiscal, específicamente en el sector de Pampa Bellavista, a un costado del aeródromo de Caldera. Según informaron desde la Seremi de Bienes Nacionales (BB.NN.), esta acción se realizó en una superficie aproximada de 55 hectáreas, en las cuales se encontraban los lotes delimitados y unas cuatro ocupaciones de construcción incipiente.

Jornada

De acuerdo a lo señalado por la seremi de la cartera, Carla Guaita, este procedimiento se originó tras recibir denuncias por parte de vecinos sobre que existía una venta de terrenos fiscales en el sector e instalación de una gran cantidad de cercos. En el operativo participó personal fiscalizador de BB.NN., en conjunto con la Gobernación Provincial de Copiapó, Fuerzas Especiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La autoridad argumentó que el lugar donde estaban estos cercos, en una zona colindante al aeródromo, representa un riesgo para las personas "ya que estamos hablando de un sector donde perfectamente puede haber algún tipo de accidente, pues se encuentra justamente al lado de la pista de aterrizaje. En razón de esto, es que le solicitamos a la Gobernación Provincial que pudiese ejecutar la acción de desarme, de todos los cercos, y también, obviamente, de todos los emplazamientos en vías de construcción", dijo Guaita.

En esta línea, la seremi aclaró que no hubo desalojo, " sino una acción de desarme; que no se ha dejado sin habitación a ninguna persona, es más, en el evento de que se encontrase alguna persona habitando, no se desarrolló ninguna acción de desarme de dichas construcciones".

Además, en relación a las personas que realicen ventas de terrenos fiscales, la autoridad enfatizó en que contra ellos "se realizarán todas las acciones civiles y penales pertinentes, y que nos otorgue el derecho vigente".

Municipio

Posterior al desarme de los cercos, vecinos que se encontraban molestos por la situación llegaron hasta el municipio de Caldera para exigir alguna respuesta por parte de la alcaldesa de la comuna, Brunilda González. La edil explicó que lo ocurrido no estaba en sus manos y aprovechó de dar su apreciación al respecto.

"Ha sido una situación bastante dolorosa porque se trata de personas que no tienen un lugar para vivir, la mayor cantidad de gente son personas inmigrantes y también residentes de Caldera de hace mucho tiempo, que por alguna razón no han podido optar al sistema habitacional", dijo la edil. Agregó que sin embargo BB.NN. advirtió hace un par de semanas que el sector no podía ser utilizado por un tema de seguridad y que ayer se enteró del desarme ya que una persona desconocida vía Whatsapp la insultó y manifestó lo que ocurría, pero aclaró que "como autoridad no puedo impedir un desalojo porque legalmente no tengo facultades".

"Llamo a la gobernadora provincial y a la seremi de BB.NN. a que nos reunamos con esas personas, las escuchemos y que les den una solución habitacional de terrenos para autoconstrucción (...) Como máxima autoridad de la comuna siempre he estado preocupada de dar solución a quienes no la tienen, pero esta no es la forma, creo que llegar en un periodo de pandemia a desalojar gente, aunque sean palos, no es el mejor momento", expresó González.

Ante este emplazamiento, la seremi indicó que el loteo y venta de terrenos fiscales es una acción que "no vamos a amparar. No vamos a amparar a personas que se aprovechen del deseo o de la necesidad de otros, con el fin de obtener recursos en forma ilegal (...) Hoy nos encontramos pasando por una pandemia, y por lo mismo, es imprescindible el poder contar con condiciones sanitarias, por lo menos básicas. Y en este sector, claramente, cuando proliferan las ocupaciones ilegales, se encuentran en sectores en que no existe este tipo de condiciones básicas".

Por último, en cuanto a la necesidad de diálogo para alguna solución habitacional, Guaita señaló que "el Ministerio de BB.NN. siempre ha estado dispuesto de poner a disposición de las autoridades competentes, inmuebles fiscales, para que puedan generarse políticas habitacionales. Pero dichas políticas habitacionales le corresponden a otro organismo, especializado en subsanar dichas políticas, que es el Minvu y Serviu".