Un grupo de 43 alcaldes pidió al presidente Sebastián Piñera promulgar la ley que impide el corte de servicios básicos durante la emergencia sanitaria y no vetarla, posibilidad esta última que está siendo analizada por el Ejecutivo.

La ley establece que, durante los 90 días siguientes a su publicación, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, las firmas y cooperativas de distribución de electricidad, y las compañías de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores y de ancianos, cuerpos de bomberos, entidades sin fines de lucro y microempresas.

Según el texto aprobado por el Congreso, se da la posibilidad de dividir los pagos hasta en 12 cuotas sin interés para el 60% más pobre de la población.

"sería lamentable"

En la carta dirigida al mandatario, los jefes comunales plantearon que "el escenario de crisis que vive Chile requiere de medidas efectivas y rápidas, sobre todo, que apunten a la protección de las familias y personas que más lo requieren en el país". Por esto llamaron "a que se promulgue esta la ley en el menor tiempo posible. No perdamos tiempo en vetos o reparos a una iniciativa que va a beneficiar a millones de personas que están pasando momentos muy complejos en todo el país".

A juicio de los jefe comunales firmantes, una decisión presidencial como el veto "sería lamentable y supondría darle la espalda a millones de compatriotas".

Las autoridades municipales también enfatizaron que "una iniciativa de estas características va en la dirección correcta, porque alivia la extrema situación de millones de personas que han visto cómo su calidad de vida se viene precarizando por la pérdida del empleo, por el incremento de las deudas, por mayores gastos en salud e incremento en la canasta básica, lo que junto a diversos problemas de salud mental y la incertidumbre que provoca esta situación, han configurado una realidad extrema en el país".

Entre quienes firmaron la carta al presidente Sebastián Piñera, se encuentran los alcaldes de las comuna de Independencia, Gonzalo Durán; La Granja, Felipe Delpin; de Recoleta, Daniel Jadue; de Peñalolén, Carolina Leitao; de Alto Hospicio, Patricio Ferreira; de Concepción, Álvaro Ortiz; y de Valparaíso, Jorge Sharp.

Redacción

Malestar hay en el gremio del comercio con el Gobierno por la posibilidad de que se defina cuáles son los bienes esenciales que la población de zonas en cuarentena puede comprar, medida que tendría como propósito reducir el número de trabajadores que circula en las calles, sobre todo del Gran Santiago, y así contribuir a bajar la propagación del coronavirus.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, se refirió a la idea en diálogo con radio Universo. Cabe recordar que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que se haría un "catálogo" de bienes esenciales y el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que su cartera trabaja en la identificación de las labores de carácter esencial para reducir el número de trabajadores que circulan en las calles, especialmente en la Región Metropolitana.

"pierden el foco"

"Tenemos algunas autoridades que pierden el foco y que empiezan a poner regulaciones donde no deben ponerse arbitrariamente, en eso de qué es esencial y qué no lo es", dijo el dirigente, quien criticó que esto se aplique a las personas que llevan tres meses "encerradas en sus casas" y que "que cumplen la cuarentena". Precisó que hoy las personas necesitan más productos que sólo alimentos y medicamentos.

"Me violenta como ciudadano y a título personal, que la autoridad disponga qué puedo consumir, comprar por internet, qué es esencial para mí. Es un abuso", apuntó el líder de la CNC y mencionó que en Europa los juguetes, los libros y los dispositivos electrónicos se han sumado a la lista de artículos esenciales.

Informalidad

Melero afirmó que en el Gobierno se incurre en un "abuso" y son "injustos" al no controlar el comercio informal y más bien concentrarse en el formal. "Hay un comercio que ha cerrado sus puertas voluntariamente. Estamos hablando de despachos domiciliarios, del delivery, y ahí la autoridad quiere 'cargarle la mata' al comercio formal que hace despacho por delivery y a los ciudadanos que cumplen las cuarentenas", apuntó el líder gremial, quien llamó a controlar a muchos "operadores ilícitos".

Para Melero, la subsecretaria Martorell, en la interpretación sobre qué es esencial y qué no, comete "una equivocación profunda", aunque dijo que "es una política de todo el Ministerio del Interior. Hay que tener cuidado con esto, no seguir hostigando al ciudadano, a la gente que cumple".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, volvió a defender la idea de que las personas que estén sin trabajo puedan retirar el 10% de su fondo previsional y razonó que es para enfrentar el "malestar" que, a su juicio, está surgiendo en la clase media.

"Ojalá no sucediera nunca. Ojalá no hubiera que sacarle plata al fondo de pensiones, no cabe duda. Nadie dice que eso sea bueno", dijo el diputado oficialista, pero solicitó evaluar igualmente la medida, considerando que "se está incubando un malestar de clase media que siente que va a perder todo (...) Esos temores se están haciendo realidad. Y esto que se está incubando nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata".

Desbordes también criticó la postura de muchos economistas frente al tema. "Yo creo que la principal preocupación de los economistas (...) no son las pensiones de las personas. No es eso lo importante. Es cómo afecta al mercado de capitales. Ese es el punto, y por eso la resistencia tan fuerte a esta cuestión", comentó. Añadió que la mayoría de los recursos "están invertidos fuera de Chile" y que "la plata es de la persona al final del día".

Dijo que la mayoría de los congresistas de RN comparten el retiro anticipado, aunque precisó que para él no es el Estado el que debe reponer el 10%, sino el propio afiliado.

El Gobierno se refirió al tema nuevamente y reforzó su visión. En Canal 13, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que el retiro anticipado un 10% del fondo de pensión "no es una buena idea para enfrentar el problema que tenemos hoy" y que el Gobierno ha encarado la crisis con tres medidas: Ingreso Familiar de Emergencia, ley de protección a trabajadores independientes y ley de protección al empleo . Si algún grupo de personas no es cubierto por estas, se estudiará otras, precisó Blumel. La vocera, Karla Rubilar, agregó en Mega que "al menos el 50% de los afiliados al sistema tiene menos de $3 o $4 millones en su cuenta individual", por lo cual, si el retiro fuera posible, este aliviaría "muy poco tiempo a esa familia".

Desde la DC, su líder, Fuad Chahín, y la senadora Ximena Rincón afirmaron que la idea es apoyada por una mayoría de políticos y ciudadanos. "Entonces, ¿qué esperamos?", dijo el timonel falangista.