Es un hecho que el cambio climático impacta hace años a todo el mundo y a raíz de ello, sequías, lluvias extemporáneas, heladas, granizos y otros eventos se han agudizado en el último tiempo, aumentando aún más los riesgos para el campo chileno y su gente.

A ello se suma la incertidumbre provocada por la llegada del covid-19 a Chile y a los estragos no sólo humanos que está provocando, sino que todos aquellos daños colaterales que estamos sufriendo. Sabemos que cada temporada agrícola implica un gran esfuerzo humano y una importante inversión, cuyo éxito también depende de las condiciones climáticas y ahora de cómo logremos sortear esta emergencia sanitaria.

Actualmente seguimos contando con dos seguros con subsidio estatal para que los fruticultores puedan seguir transfiriendo sus riesgos a terceros, protegiendo su inversión ante riesgos climáticos, eventos de la naturaleza e incendios: el Seguro Agrícola para Frutales contra riesgos climáticos y el Seguro de Incendio con Adicionales para Frutales, los que pueden contratarse vía Corredores de Seguros, o directamente en las compañías aseguradoras que los ofrecen y si son usuarios INDAP, con el ejecutivo de área de Atacama.

Como Ministerio de Agricultura, nuestro objetivo es difundir los beneficios de estos seguros y aumentar su uso en medianos y pequeños fruticultores a nivel país. Por tanto, hacemos un llamado a los agricultores a que sigan suscribiendo estos seguros de manera que si enfrentan un evento crítico puedan proteger su capital de trabajo y sobre todo, sigan desarrollando su actividad agrícola en el tiempo.

El Seguro Agrícola para Frutales contra riesgos climáticos permite asegurar contra riesgos como helada, granizo, lluvia, viento y nieve, dependiendo de cada especie y se pueden asegurar uvas, arándanos, nogales y olivos. En tanto, el Seguro de Incendio con Adicionales que protege la inversión en frutales (planta, frutos, así como el sistema de riego y de conducción asociado a la producción) cubre los daños causados por terremoto, erupción volcánica, aluviones, incendio, entre otros, pudiendo ser contratado para frutales mayores y menores para toda la región de Atacama.

¡No espere tener un evento climático para contratar un seguro! Destaca que los usuarios de INDAP poseen un subsidio estatal que les permite pagar sólo un 10% del costo final.

La idea casi instantánea de que los adultos mayores son los principales afectados por el coronavirus ha provocado en, mayor o menor medida, un relajo en otros grupos etarios lo que terminó por generar una deformación de los alcances de la pandemia. Si bien estadísticamente son nuestros abuelos los que mayormente fallecen, se terminan obviando las otras consecuencias propias de una crisis sin precedentes.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los efectos secundarios más graves, incluso "mayores" que las muertes que en sí ha generado el coronavirus, pueden afectar a adolescentes y mujeres.

Pidió especial cuidado con las embarazadas, dadas las complicaciones propias que puede haber en su estado o en el parto, mientras que en el caso de menores de edad el acoso, depresión y otros estados mentales propios del encierro y la ausencia de clases en colegios o universidades son peligrosos para sus vidas.

Parece preciso que vayamos cambiando aquellas ideas fuerza que fueron adquiridas en su momento, por un análisis integral. La academia y expertos tienen claridad sobre esto, pero también es bueno reforzarlo con las comunidades que deben tomarle el peso a las palabras del líder de la OMS.

Enfermar de coronavirus puede ser terrible y hasta mortal, pero también lo son las consecuencias irreparables de situaciones propias del confinamiento y que en muchos casos son difíciles de detectar en los adolescentes.

Antes de la pandemia, un número importante ha preferido encerrarse en su "mundo" con celular, videojuegos y otros elementos propios de la modernidad, lo que se agudiza en esta crisis sin que padres o familiares puedan supervisar lo que pasa en las distintas interacciones.

Ya en este mismo espacio fue advertida el alza en situaciones graves como el ciberacoso, pero no parece haber un debate serio en torno a controlar este tipo de actos y toda la discusión pasa en cómo volver a clases, cuando eso estará supeditado al control de la crisis.

Debemos poner énfasis en desarrollar mayores controles y eso evidentemente lo deben hacer los padres, pero también requieren un apoyo. Finalmente se están llevando carga laboral o buscan trabajo, son el sostén de las familias y al no haber clases deben ocupar tiempo en enseñar, es decir una carga mayor a la de antes de la crisis.

Desde los comienzos de la crisis social de octubre, previo a la pandemia provocada por el covid-19, el mercado cambiario nacional comenzó a registrar una severa volatilidad que lesiona la necesaria certidumbre requerida en las decisiones de inversión, de comercio exterior e indexación de variables relevantes para el buen desenvolvimiento del sistema financiero.

Ante esta volatilidad, el Banco Central, inició en Diciembre un programa de venta de divisas mediante operaciones Spot y/o Forward, estas últimas caracterizadas por ser coberturas cambiarias. Las operaciones Spot dieron origen a licitaciones diarias de doscientos millones de dólares cuya finalidad fue mitigar la volatilidad y el nivel alcanzado por el tipo de cambio. El impacto de esta intervención dio un "respiro" al mercado disminuyendo el nivel del tipo de cambio. Sin embargo esta intervención no fue inocua. La intervención, tuvo asociada a una disminución de reservas internacionales de USD 3284 millones, cifra calculada asumiendo un efecto de rezago hasta fines del mes de enero. La disminución de reservas, obligó al Banco Central, a comienzos del mes de enero, a suspender las operaciones Spot y mantener solo las operaciones Forward. El impacto no se hizo esperar y el tipo de cambio retomó su senda alcista.

La incertidumbre inicialmente provocada por la crisis social sumado el enorme deterioro de la economía chilena producto del COVID-19, crea un escenario de turbulencias difíciles de predecir. La agudización de la inestabilidad cambiaria y la depreciación de la moneda doméstica, se vincula a uno de los principales objetivos del Banco Central impuesto por su mandato contenido en su Ley Orgánica, esto es la estabilidad de precios. Todo parece indicar que el ente emisor tiene expectativas que apuntan hacia un escenario en el que tendrá que ejercer políticas de intervención del mercado que implicarán una merma significativa de reservas internacionales. Ante esta coyuntura la política del Banco Central ha sido solicitar de manera inédita la "Línea de Crédito Flexible" al FMI, instrumento creado por ese organismo el año 2009, por un monto de USD 23.800 millones. La declaración oficial del banco ha sido: "Estos recursos permitirán aumentar en más del 60% la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato para el Banco Central". Aún cuando en las últimas semanas el precio del dólar ha experimentado una baja sostenida, fundamentalmente explicada por la debilidad del dólar respecto de las principales divisas relevantes a nivel global, las presiones para el inicio de un nuevo ciclo alcista están presentes en el horizonte de corto y mediano plazo.

El "veranito de San Juan" no es suficientemente explicado por los recientes aumentos del precio del cobre (explicado por la propia depreciación del dólar). El inicio de la disminución de operaciones forward mantenidas por el Banco Central desde enero y su impacto alcista, refuerzan estas presiones. La declaración del instituto emisor que contextualiza la petición de la línea de crédito solicitada al FMI es coherente con su la gravitación y rol, que es transmitir tranquilidad a los mercados. Sin embargo, si consideramos que el nivel de reservas informada por el Banco Central en su Planilla Consolidada de Liquidez al 1 de mayo, de USD 36.814 millones, el monto de la línea de crédito solicitada es el 65% de la reservas internacionales a esa fecha. Este es un porcentaje por lo menos preocupante ante la posibilidad que esa línea de crédito tenga como uso (no deseado por el instituto emisor, por cierto) el financiamiento de una eventual pérdida de reservas de esas proporciones.