10 años | 5 de junio de 2010

Proyecto Inca de Oro en compás de espera

Incertidumbre es lo que ronda en torno al futuro del yacimiento Inca de Oro, de propiedad de la División Salvador de Codelco, respecto a cuándo el Presidente Sebastián Piñera decidirá si aprueba o rechaza la venta del 66 por ciento del yacimiento a manos de privados (la australiana PanAust Limited).

9 años | 5 de junio de 2011

El volcán Puyehue despertó y preocupa

Incertidumbre, eso es lo que sienten los habitantes de las regiones de los Ríos y de Los Lagos ante la actividad del volcán Puyehue.

Producto de la dirección del aire, las cenizas y gases se están dirigiendo hacia la zona precordillerana e incluso están llegando a territorio Argentino.

1 año | 5 de junio de 2018

A fines de junio trasladarán a pacientes a nuevo hospital

A fines de junio se confirmó por parte

del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo el traslado de los pacientes hospitalizados a las nuevas dependencias, y la primera quincena de julio se entregará de forma definitiva la primera parte de la construcción del nuevo recinto asistencial. Esto en marco de visita que realizó a la zona.

La actual crisis sanitaria que padece la humanidad ha actualizado en nuestro país la vigencia de antiguas normas legales y la dictación de otras muy recientes, orientadas a asegurar la preservación de la salud pública que hoy se alza como el más preciado de los bienes jurídicos tutelados por nuestro ordenamiento jurídico. Entre dichas normas destacan disposiciones del Código Sanitario, Código Penal, Decretos Supremos, Decretos y Resoluciones del Ministerio de Salud que autorizan al Estado para imponer restricciones a la libertad de las personas a fin de evitar la propagación del Covid 19, como es el caso de las cuarentenas vigentes en algunas comunas del país o cordones sanitarios y el llamado "toque de queda" -en rigor "aislamiento nocturno obligatorio"- dispuesto por Resolución Exenta N°202 del Ministerio de Salud, vigente en todo el territorio nacional por tiempo indefinido entre las 22 y las 05 horas del día siguiente.

Sin embargo, a modo de garantizar el efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio que tienen la mayoría de tales restricciones, el Código Penal en su Artículo 318 establece penas privativas de libertad y pecuniarias -61 a 540 días de presidio y multa- para quienes de modo frívolo o deliberado pongan en peligro la salud pública al infringir por ejemplo el "toque de queda" y sean sorprendidos, injustificadamente, en la vía pública o bien tomen parte en reuniones sociales masivas -hoy prohibidas-; pudiendo también incurrir en dicha sanción penal quienes incumplan las medidas de confinamiento en residencias sanitarias u otras, como es el caso de personas diagnosticadas con Covid 19, personas cuyo test se encuentre pendiente, personas que hayan mantenido contacto cercano con un contagiado y que estén siendo monitoreadas o personas que hayan ingresado desde el extranjero que no cumplan la debida cuarentena.

Por cierto, la sanción penal establecida en el Artículo 318 del Código Penal no debería ser el principal factor del acatamiento de las medidas restrictivas ordenadas por la autoridad, sino que éste debiera serlo el elemental deber de solidaridad que tenemos para con nuestros semejantes, especialmente los más vulnerables, quienes actualmente se ven expuestos a contagiarse por conductas irresponsables de quienes desoyen a diario las advertencias de la autoridad en orden a respetar el toque de queda y demás medidas preventivas profusamente divulgadas. Tal consideración justifica asumir que, en este intervalo sombrío de nuestras vidas, el conflicto que se presenta entre la preeminencia del derecho a la libertad ambulatoria o del derecho a la protección de la salud -ambos establecidos en la Constitución Política de la República- debe ceder, sin lugar a dudas, a favor del derecho a protección de la salud, tutelado por la sanción penal como último recurso.

Alexis Rogat Lucero

Fiscal regional

El límite de la reelección de autoridades instaurado en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, ha sido catalogado como un logro para la renovación de la política y para evitar que se perpetúen personas en cargos casi como si fueran parte de la época monárquica. Si bien puede tener sentido y es sano ir viendo caras nuevas con otras ideas, lo cierto es que este tipo de iniciativas legislativas terminan de alguna u otra manera, sacudiendo un principio básico de la democracia: la libertad de elegir a quienes toman las riendas de nuestras comunas y regiones. En distintas ciudades hay autoridades que han seguido en sus cargos casi de manera monárquica, y parece interesante volver a poner este concepto, para acentuar la diferencia que en los siglos pasados la gente no tenía la opción de elegir, a diferencia de tiempos actuales.

Así ya hace décadas los ciudadanos han tomado protagonismo y por ende cabe preguntarse ¿cuál es la autocrítica cuando llegamos a un punto que desde el mismo Congreso deban estar modelándonos? Hasta ayer el cambio, en general, pasó a ser prácticamente una anécdota y no hubo un debate como el que corresponde, signo de la distancia con procesos claves para la democracia.

Es inquietante que las elecciones deban ir condicionadas a ciertos aspectos, porque hoy puede ser el límite de la reelección, pero ¿qué será mañana?

La ciudadanía ha perdido cada vez más espacios en política y eso no puede suceder. Hay una constante falta de participación en las urnas, cuya justificación es el desprecio por la política, lo que es un error grave porque un buen o un mal liderazgo incide en un mejor o menor desarrollo de los territorios o puede hacer mejor o peor el trabajo en crisis como la actual. Si hubo un error en la elección, tenemos la opción de hacer un cambio.

Hoy el debate acerca si una autoridad se perpetúe o no es importante, pero parece más urgente el saber si este desprecio por la política y por ende los procesos eleccionarios, se perpetúe. La democracia no es un asunto que no solo deben cuidar los políticos con actos de buena fe y alejados de la corrupción, sino que los mismos electores tienen el deber de atesorarla. Muchas o quizás la mayoría de las veces el grito ciudadano es espontáneo con el error de los que elegimos y los que no, pero ¿cuál es nuestra autocrítica?