R. Moreno / P. Castillo

Através de un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), solicitó a la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco), conformar una mesa de díálogo que establezca protocolos COVID-19 y reglas mínimas de derechos laborales para los temporeros. Esto, ya que la situación de los ciudadanos bolivianos varados en Copiapó "evidenció la nula responsabilidad social de la industria frente a sus sub contratistas para con las y los trabajadores", expresaron desde la CUT.

Igualmente, desde el gremio de trabajadores enfatizaron en que trabajar ambas temáticas en el área de los trabajadores temporeros es de vital importancia por la distancia que hay entre los lugares de trabajo y el sector urbano.

Al respecto, el secretario jurídico de la CUT, Hugo Salinas, indicó que "estos trabajadores se encuentran a unas dos horas de distancia de las zonas urbanas y en ese sentido es complejo que puedan tener una plataforma de denuncia o la accesibilidad para proceder a denunciar estos hechos (precarización de derechos laborales) (...) El llamado específicamente es que la Apeco se haga cargo con los contratistas correspondientes de poder dar garantías reales a los trabajadores que actualmente se desenvuelven en esa área".

Agregando que en el contexto de crisis sanitaria "las medidas sanitarias no solo se deben abordar a la hora de entrar y salir del trabajo contando con mascarillas, alcohol gel y medir la temperatura, sino que va en una garantía que permita abordar qué va a pasar con los trabajadores infectados, cómo se van a tramitar las licencias en este tema y si alguna vez se va a tener un protocolo si dentro de algún rancho haya algún contagiado".

Abaratamiento de costos

Salinas también se refirió al abaratamiento de costos en la Apeco, manifestando que "la crisis hizo que de cierta manera la Apeco tuviera que abaratar costos a función de la crisis social del año pasado hasta ahora, lo cual genera una precarización laboral, y que tiene como consecuencia que 100 trabajadores bolivianos estuvieran varados en la Región de Atacama".

Apeco

Por su parte, la presidenta de la Apeco, Lina Arrieta, respondió a las peticiones de la CUT explicando que "entendemos que seguramente algunas empresas trabajan con empresas contratistas, la legislación dice a la empresa mandante cumplir todas las exigencias que les da la ley. Las fiscalizaciones se hacen a la empresa mandante, en caso de haber irregularidades se tiene que hablar con la empresa que los contrata (...) Con respecto al covid, recibimos de parte del Minsal las exigencias de la resolución exenta 9283 de fecha 6 de abril que instruye acerca de medidas preventivas covid-19 en los lugares de trabajo. Todos estamos aplicando ese protocolo".

Además que "en mi presidencia he tratado de sensibilizar a las empresas para evitar estos contratos que podrían ser ilegales y complicar a la empresa, pero eso es una decisión muy personal de las empresas. Como presidenta de la asociación no tengo las facultades para eso, solo de sugerir".

Mientras que al ser consultada sobre una relación entre el abaratamiento de costos y la situación de los bolivianos varados en la capital regional, la presidenta de Apeco señaló que "ese juicio me parece muy fuerte, todos sabemos que las empresas agrícolas tienen temporadas de trabajo, se acabó la cosecha y se acabó el trabajo, se les hace el finiquito a los contratos de trabajo (...). La embajada de ellos no los recibía porque tenían que hacer cuarentena, ellos toman un bus y se van pero fue una situación circunstancial".

Seremi del trabajo

Consultado sobre las herramientas para que los trabajadores denuncien iregularidades laborales y los protocolos para prevenit COVID-19 en los lugares de trabajo, el seremi del Trabajo, Carlos Leal, indicó que "a través de la Dirección del Trabajo siempre hemos estado preocupados de verificar el cumplimiento de las recomendaciones entregadas por la autoridad de salud para prevenir el contagio por covid -19 en diversos sectores productivos. Reiteramos el llamado a hacer las denuncias quienes se sientan vulnerados en sus derechos como trabajador o trabajadora, ya sea a través de la página web www.direccióndeltrabajo.cl o su call center 600 450 40 00".

Leal terminó sus declaraciones recordando a la población que "estas denuncias también las puede realizar cualquier ciudadano que sea testigo de alguna vulneración de derecho en el ámbito del trabajo".

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ofició a las empresas eléctricas para que tomen medidas tendientes a solucionar los problemas tras la aplicación de los procesos de Facturación Provisoria que han desarrollado, en el marco de la pandemia del Covid-19.

La instrucción de la SEC tiene dos puntos centrales. Para locales comerciales y viviendas que han tenido muy poco o casi nada de consumo eléctrico, peropese a ello recibieron boletas con consumos promedio de los seis meses anteriores, modalidad permitida por la normativa.

Si el cliente puede revisar su medidor, la empresa deberá entregarle la alternativa para que el cliente informe su consumo, a través de canales remotos, y emitir una nueva boleta. Si el cliente no puede revisar su medidor, la empresa deberá disponer personal técnico para realizar la lectura presencial, y en el intertanto no podrá suspender el servicio.

Mientras que en caso de clientes que tras haber realizado una o más facturaciones provisorias, se pudo acceder al consumo real, el que fue mayor al estimado, a los cuales las empresas deberán dar facilidades, si es que así lo piden sus clientes, para pagar la diferencia, en cuotas sin reajuste, multas ni intereses. La cantidad de cuotas será acordada entre el cliente y su empresa, pero debe ser al menos igual al número de períodos en que se facturó provisoriamente.