Redacción

Funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, en conjunto con personal de la Gobernación Provincial de Copiapó y Fuerzas Especiales de Carabineros, llegaron hasta el sector de la entrada norte de Caldera con el fin de desarrollar un desarme de aproximadamente 140 cercos, emplazados en dos lotes distintos, y levantados por personas cuyo propósito era ocupar en forma ilegal dichos terrenos para la edificación de segundas viviendas, de acuerdo a lo informado por esa entidad.

El terreno fiscal se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 882.600, a un costado de la Ruta 5, entrada norte de Caldera, y sus lotes son de 3 y 18,8 hectáreas de extensión.

Denuncia y desarme

En el transcurso de esta semana personal de la Seremi de Bienes Nacionales recibió denuncias de vecinos que señalaban el desarrollo de un tipo de cercado en el lugar. Según información que pudo recabar este medio, un grupo de personas habría llegado hasta el sector y algunos de ellos hasta habrían utilizado maquinaria para despejar el terreno y poner los cercos.

Cuando las personas realizaban la acción de cercado, se apersonaron funcionarios del organismo gubernamental y les señalaron que debían retirar las estructuras. En virtud de que las personas habrían hecho caso omiso a lo señalado, se determinó el proceso de desarme.

La seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita, aseguró que "se actuó de forma muy rápida, con el fin de evitar todo tipo de ocupación, en un sector en el cual existe un peligro de riesgo sanitario, por encontrarse aledaña una planta de tratamiento de aguas servidas, por lo cual es, obviamente, es un sector que no está ni estará autorizado".

Para Guaita, la acción "obedece al trabajo que ha desarrollado, tanto el Ministerio de Bienes Nacionales, como también, todos los servicios públicos que tienen relación con esto, en el sentido de que existe un trabajo relativo al borde costero de Atacama, y este trabajo tiene un plan que ya ha sido bastante socializado, y dicho plan tiene una fecha límite de ocupaciones, que es en la que se realizó el Catastro vía vuelos aerofotogramétricos, el 25 de julio del 2018", dijo.

La autoridad agregó que "dicho insumo es el elemento o herramienta técnica, que tenemos para determinar las ocupaciones que van a ser estudiadas en una determinada oportunidad. Lo dijimos en su momento, todo aquello que está fuera del catastro, no va a ser regularizado, ni tampoco va a ser estudiado, y por lo tanto, debe ser sacado del lugar".

La autoridad regional, clarificó que "aquí no estamos desalojando personas, ni estamos destruyendo casas o inmuebles. Lo que estamos haciendo es desarmar cercos perimetrales, que obviamente tenían como finalidad, la futura construcción de segundas viviendas en el sector. Estamos haciendo una acción rápida, con el fin de evitar estas ocupaciones. Además, en virtud del riesgo que existe, dado que estamos en medio de una pandemia, la que nos obliga a ejecutar un conjunto de acciones que van en pos de la salud y la salubridad. Hacemos el llamado a toda la comunidad, a entender que las ocupaciones ilegales en terrenos fiscales, no están, ni estarán autorizadas, y por lo tanto, cada vez que se inicie o se genere un atisbo de ocupación ilegal, en un sector fiscal, vamos a proceder de la misma forma".

Por su parte, la gobernadora de la Provincia de Copiapó, Paulina Bassaure, señaló que "la Gobernación, enfocada en su labor constante de la seguridad junto a las policías en la Provincia de Copiapó, resguarda el bienestar de la comunidad, y es en este sentido, que se acompañó a la Seremi de Bienes Nacionales bajo su requerimiento para la materialización de esta acción, coordinando para ello la presencia de Carabineros de Chile".

La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la sentencia condenatoria obtenida por la Fiscalía de Atacama en contra del chofer de una camioneta, cuya maniobra prohibida en la vía pública generó el impacto con una motocicleta y el posterior fallecimiento de su conductor, hechos que configuraron un cuasidelito de homicidio además del delito de darse a la fuga del lugar sin prestar ayuda al conductor lesionado ni tampoco dar las alertas respectiva del accidente a la autoridad.

La sentencia condenatoria que dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó en febrero de este año en contra de Manuel Díaz Cisterna, impuso por el cuasidelito de homicidio la pena de 300 días de reclusión y la suspensión de la licencia de conducir dos años. Adicionalmente el Tribunal aplicó al acusado la pena de 3 años y un día de reclusión y la inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica más una multa de 11 UTM por el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, no prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad luego del accidente.

En la sentencia ambas penas privativas de libertad fueron sustituidas por la libertad vigilada intensiva, sin embargo el Tribunal dictaminó la suspensión de dicha pena sustitutiva por un plazo de un año, período durante el cual el condenado deberá permanecer privado de libertad en la cárcel de Copiapó.

Contra dicha sentencia la defensa del condenado presentó un recurso de nulidad que fue visto ante el máximo Tribunal de la región, instancia donde el abogado de la Fiscalía Regional, Jorge Gamboa, en su alegato, pidió el rechazo del recurso argumentando como la sentencia recurrida se ajustó a la Ley.

Accidente

Pasada la medianoche del 30 de marzo del 2018, el condenado conducía una camioneta por calle Luis Flores en dirección al sur, ocasión en que al llegar a Av. Los Carrera realizó un viraje en una zona no habilitada.

En ese momento la camioneta se interpuso en la vía de circulación de la motocicleta que conducía la víctima colisionándola, causando que su conductor, Nelson Pérez Avila, sufriera lesiones de extrema gravedad que ocasionaron su muerte.

Gracias a una iniciativa del alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala, y los funcionarios municipales, que se materializó con aportes voluntarios, partió la compra de víveres para las canastas familiares, que irán en ayuda de los vecinos que hoy más lo necesitan.

Cabe destacar que la compra de estos víveres, que aún no finaliza, se realizó en el comercio local de Diego de Almagro, para también apoyarlos ante los efectos de la contingencia de la pandemia por el covid-19.

El alcalde de Diego de Almagro comentó cómo surgió esta iniciativa que beneficiará a vecinos de toda la comuna, señalando que "los funcionarios se reunieron conmigo y acordamos que cada uno de nosotros, por lo menos por cuatro meses, hará un aporte de acuerdo a lo que gana y ese aporte va servir para comprar canastas familiares y entregarlas a personas que producto de la pandemia están pasando por necesidades, están en cesantía y no tienen como llevar alimentos a sus casas. También, se decidió que la compra de esos víveres se hará en el comercio de barrio, porque para qué vamos a comprar en el supermercado, si el comercio local igualmente vive una situación compleja (...) Me alegro mucho que los funcionarios hayan tenido esta decisión de aportar de sus recursos un granito de arena".