Hace un mes, el Gobierno informaba de 419 casos nuevos, llegando a un total de 10.507 contagiados en Chile y solo 139 fallecidos. Habían pasado 47 días desde el primer confirmado en el país.

Ya se hablaba de la "Nueva normalidad" y cinco días después el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciaba el plan "Retorno seguro".

Las redes sociales hablaban de "triunfalismo" por parte de la administración gubernamental, lo cual Piñera negaba tajantemente, aunque se hacía evidente el mensaje de que "se están haciendo bien las cosas" y de que se comenzaría a flexibilizar las restricciones con el retorno de los funcionarios públicos y se buscaba el regreso de los alumnos a clases.

Incluso se "celebró" que existieran más recuperados que casos activos.

En diversos puntos del país se pedía una cuarentena total, pero el Gobierno insistió que no era necesario y que Chile estaba en buen camino y preparado para lo que viniera.

Hoy, un mes después, Chile tiene casi 50 mil contagiados, más de 500 fallecidos y el 55% son casos activos. Las cifras son claras, la situación empeoró y se hace necesario que se tomen medidas mucho más duras.

Muchas de la frases que se escucharon en La Moneda hablaban del "ir por el buen camino", pero al parecer este no estaba asfaltado.

Parte de la población tomó todo esto como un relajo, "bajando la guardia" de forma irresponsable y se volcó a las calles como si todo fuera normal. Se denunciaron fiestas y asados. Era cosa de ver el centro de Copiapó hace unos días para darse cuenta de esta situación. Incluso esto se repitió en comunas que se encontraban en cuarentena total.

Hoy, las autoridades están tomando otro tipo de medidas y no se descarta que en algún momento se llegue a una cuarentena total en el país. Pero no queda duda que existió cierto triunfalismo por las buenas cifras. En jerga futbolística, se celebró el triunfo antes que terminara el partido.

Eace cuatro semanas el parlamento aprobó el proyecto que permite la inyección de recursos financieros adicionales al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE, al mismo tiempo que se amplía el acceso a estas garantías para grandes empresas. La iniciativa incluye la fijación de la tasa de interés asociada a los créditos bancarios garantizados por el FOGAPE, tasa que se fija de acuerdo a la Tasa de Política Monetaria (TPM) + 3% anual.

El FOGAPE es un fondo de garantías en donde el Estado de Chile actúa como "aval" de los créditos que las pymes pudiesen obtener en la banca. El fondo fue creado en el año 1980, y ha sido el mecanismo facilitador del acceso al crédito para las Pymes que no cuentan con el patrimonio que les permita dar garantías como respaldo a sus créditos (por ejemplo una hipoteca). Por estos días el Estado mediante el FOGAPE busca mitigar los problemas de liquidez que afectan a las empresas del País, producto del adverso escenario económico que impone el covid-19.

Sin embargo, ya se ha hecho sentir el descontento de las pymes que han visto rechazadas sus solicitudes de financiamiento desde la banca, lo cual pone en duda la efectividad del sistema de garantías. Se debe advertir que el FOGAPE no será suficiente para que cualquier Pyme pueda acceder a créditos, esto porque la evaluación crediticia realizada por el sistema bancario incluirá en su análisis dimensiones que van más allá del importante respaldo que supone tener al Estado como aval. Las entidades bancarias seguirán considerando en sus evaluaciones el nivel de deterioro que evidencien las empresas en relación a sus compromisos financieros, previsionales y tributarios, como también se incorporará al análisis la sustentabilidad financiera proyectada según las ventas y flujos de caja esperados por las empresas.

Las ventas y flujos de caja siempre serán considerados por la banca como la primera fuente de pago de los créditos otorgados, y las garantías se tendrán en cuenta como una segunda fuente de pago. Al menos hasta ahora será así, dadas las políticas crediticias conservadoras que caracterizan a un sistema bancario chileno bastante regulado por las entidades fiscalizadoras gubernamentales.

Alejandro Díaz Ramos

Académico Depto. de Ingeniería Comercial, Universidad de Atacama

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