El ministro secretario General de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, junto a su par de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, anunciaron ayer que el Gobierno enviará al Congreso un veto presidencial para la aprobación del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que cuyo monto propuesto ($65.000) lleva más de diez días en discusión, ya que la oposición insiste en elevarlo a $80.000.

"A propósito del Ingreso Familiar de Emergencia, hemos sostenido una reunión con parlamentarios, diputados y senadores de Chile Vamos, para conversar en torno a lo que ha ocurrido en la tramitación de esta iniciativa, acordar algunos puntos y se nos ha pedido, algo que estábamos evaluando como Gobierno, que es la presentación de un veto de manera que esta iniciativa pueda transformarse en ley de la República", dijo Ward.

Sichel, por su parte, enfatizó que "han pasado 13 días desde que presentamos el proyecto de ley, estamos hablando de las familias más vulnerables de Chile y que requieren urgente el apoyo. Estamos preocupados porque no hemos logrado que la oposición destrabe su posición original y podamos rápidamente transferir estos recursos a las personas".

La iniciativa fue aprobada esta semana en general por el Senado, pero no hubo consenso respecto a las cifras y la forma de entrega de la ayuda estatal a cerca de 4,5 millones de personas.

"Hay un desafío gigante que tiene que ver con cómo enfrentamos esta crisis: son tiempos de confianza, de humildad, de sentido de urgencia, yo creo que estos tres principios son los que tienen que regir en la conversación que tenemos que tener por delante. No es el tiempo del gallito político, es el tiempo de la solución urgente", puntualizó el titular de Desarrollo Social.

"reflexionar"

El senador PS Carlos Montes explicó en Radio Duna que "hay deficiencias en el proyecto. El Presidente podía reflexionar sobre los reales planteamientos de la oposición (al rechazar la iniciativa...) Nosotros estamos planteando algo moderado, que no está fuera de los $2.000 millones (en total)".

"La actitud soberbia del Gobierno impide tener un mejor proyecto", agregó el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

Los conocimientos financieros de los estudiantes de 15 años en Chile son los más bajos de los 13 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que participaron en la prueba PISA de 2018, donde los adolescentes chilenos mostraron un bajo nivel de educación financiera, superando sólo a Brasil y Perú, países que no son miembros pero sí participan de las mediciones.

El organismo internacional publicó esta semana que el puntaje promedio de conocimientos financieros fue de 505 puntos en 13 de los 36 países miembros, mientras que Chile apareció con 451 puntos, mientras que los líderes fueron Estonia (547 puntos), Finlandia (537) y varias provincias canadienses (532).

Brasil y Perú, aunque no forman parte del "club de los países desarrollados" participaron en las pruebas de 2018 y sus estudiantes obtuvieron 420 y 411 puntos, respectivamente.

El porcentaje de adolescentes con un desarrollo matemático que permite, por ejemplo, analizar productos financieros complejos, llegó a 3% en Chile, 1,9% en Brasil y 1,4% en Perú, frente a una media de 10,5% en la OCDE y al 19% logrado por Estonia y el 19,9 % de Finlandia.

Además, un 30,2% de los quinceañeros chilenos carecía de conocimientos básicos para entender productos, términos y conceptos financieros de uso corriente, más del doble que en el conjunto de la organización (14,7 %).

En Chile, Brasil y Perú se constataron, además, grandes diferencias en los resultados entre los estudiantes de orígenes socioeconómicos acomodados y los de familias pobres: la fractura fue de 89 puntos en Chile, 98 en Brasil y hasta 118 en Perú.

La diferenciación por sexo, además, mostró que los hombres tenían más competencias que las mujeres en el área económica, con una ventaja promedio de dos puntos en la OCDE, puntaje que obtuvo Chile. Sin embargo, en Perú se constató una diferencia promedio de diez puntos.

El de 2018 fue el tercer informe PISA donde se evaluaban las habilidades financieras, los anteriores se hicieron en 2012 y 2015. Esta vez se utilizó una muestra de 117.000 estudiantes de los 13,5 millones de alumnos de 15 años que había en los países participantes.

La evaluación busca que los adolescentes sean capaces de identificar información financiera y analizarla en contexto, para así evaluar problemas aplicando conocimientos y comprensión económica.

Redacción

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que el Gobierno está analizando introducir cambios a la Ley corta de Protección del Empleo, entre ellos, la prohibición a las empresas de repartir utilidades si se acogen a ella, como pasó con Cencosud, que esta semana se retractó de su decisión inicial.

"Nosotros lo hemos dicho, lo dije en la comisión mixta, la forma de cómo se legisló creo que se pasó varios pueblos y eso puede generar varios problemas", afirmó el titular de Hacienda sobre la nueva normativa aprobada esta semana en el Congreso.

"Cómo quedó (la ley) al impedir a cualquier sociedad anónima abierta pero también a sociedades anónimas cerradas, dentro de las cuales hay muchas pymes, que si se acogen a la suspensión temporal, aunque sea por un empleado y aunque sea por una semana, impedirle que puedan repartir un peso de utilidad, creo que genera un incentivo claro a que esas empresas, ante la opción de despedir o suspender, se vean en la necesidad de tener que despedir", señaló Briones.

"Esto ya fue aprobado y, por lo tanto, estamos viendo cuáles son las alternativas disponibles, pero lo concreto me parece a mí es que hay que hacerse cargo del problema que esto puede generar de la forma que quedó legislado", agregó el economista.

Cencosud

Una de las primeras firmas en adherirse a la Ley de Protección del Empleo fue Cencosud, que luego repartió millonarias ganancias entre su directorio, lo cual desató una polémica que terminó con la disolución de la medida y recontratación del personal que debía comenzar a cobrar su sueldo desde el seguro de cesantía.

El ministro, sin embargo, destacó que "acá no por un caso que ha sido de alta connotación pública, uno tiene que inferir que todo el proyecto tiene problema, de hecho, lo digo con claridad: el proyecto es un gran proyecto, (...) deberíamos valorar lo que está haciendo, que es evitar que se rompan definitivamente los vínculos contractuales, decir, evitar que haya desempleo".

"Como quedó la ley corta", indicó Briones, "si usted por una prohibición extrema que a todo evento no puede repartir un peso de utilidad, creo que es fácil entender que acá pueda haber un incentivo muy grande a que en lugar de suspender se termine despidiendo, porque insisto, esto no es solo para grandes empresas, sino que para sociedades anónimas cerradas que pueden ser empresas medianas, incluso pequeñas".