El Presidente Sebastián Piñera anunció anoche que el Gobierno decidió retrasar el regreso a clases presenciales en los colegios del país, que se había fijado originalmente para el próximo 27 de abril.

En una cadena nacional en que hizo un balance de la situación de la pandemia y de las medidas aplicadas por el Ejecutivo, el Mandatario explicó que "la fecha originalmente programada para la vuelta a clases era el lunes 27 de abril. Hoy anuncio que esta fecha será postergada y que el Plan de Vuelta a Clases, será pronto dado a conocer y se empezará a aplicar, en forma gradual, a partir del mes de mayo".

Añadió que "en esta materia hemos estado en contacto y siguiendo muy de cerca los ejemplos de otros países y las recomendaciones de organismos especializados, incluyendo nuestro Consejo Asesor".

El Presidente dijo que "de manera gradual y responsable, privilegiando la protección de la salud y la vida de todos los chilenos, nos estamos preparando, al igual que muchos otros países, para esta Nueva Normalidad, en que deberemos vivir con el Coronavirus entre nosotros, por un período que estimamos en hasta 2 años, durante el cual deberemos compatibilizar la protección de nuestra salud con el trabajo y las necesidades de nuestras vidas".

Junto con repasar los planes que el Ejecutivo ha estado diseñando para proteger la economía y el empleo, el Mandatario explicó que esta semana el Gobierno anunciará dos medidas adicionales: "La primera para proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables, y la segunda para proteger a los trabajadores que emiten boletas de honorarios".

Regreso al trabajo

El Presidente también abordó anoche la polémica desatada por el instructivo para el regreso al trabajo presencial de los funcionarios públicos: "Le hemos pedido a los servidores públicos de la Administración del Estado que se reincorporen progresivamente a sus lugares de trabajo".

Añadió que "este retorno al trabajo será gradual y excluirá a los trabajadores vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, funcionarios cuyo trabajo, por su naturaleza permita el tele trabajo y otros trabajadores, que lo requieran. Al igual como hoy día protegemos a los funcionarios públicos".

La palabras del Presidente llegaron luego de que en la mañana de ayer la subsecretaria de Salud, Paula Daza, abordara el tema y dijera que "no todas las medidas que toma el Ejecutivo son consultadas" con el Consejo Asesor del COVID-19. Ello, tras una declaración de dicho Consejo en la que informó que no había sido consultado por este tema por el Gobierno

La subsecretaria Daza manifestó que "todas las decisiones que toma el Ejecutivo, las circulares e instructivos son basados en la evidencia nacional, internacional y recomendaciones generales para ir tomando y retomando".

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó en el programa Mesa Central de Canal 13 que "no correspondía que le preguntáramos (al Consejo asesor), correspondía que ellos nos dieran un consejo, y nos dimos por aconsejados. Si fueran responsables de las decisiones, podrían ser perseguidos penalmente".

La subsecretaria Daza entregó ayer el balance diario sobre la cantidad de contagiados y fallecidos en el país ante la emergencia del Covid-19. Hasta las 21 horas del sábado, se detectaron 358 nuevos casos, lo que hace un total de 10.088 contagiados. Además, se informó de la muerte de 7 personas, lo que suma 133 víctimas fatales en la crisis.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, llamó ayer a que los trabajadores públicos no retomen sus labores presenciales desde hoy lunes, como lo ordenó el Gobierno.

El líder gremial anunció, además, que presentarán un recurso de protección para que los empleados públicos no vuelvan al trabajo presencial debido a la pandemia por coronavirus que afecta al país.

La decisión de la ANEF se debe al instructivo del Gobierno respecto de que los funcionarios públicos comiencen a generar un retorno gradual a trabajar de manera presencial.

"No es por un capricho, es por autocuidado", dijo Pérez en una conferencia de prensa durante la mañana de ayer.

En la actividad también se convocó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y su presidenta, Bárbara Figueroa, respaldó a la agrupación y anunció que, en conjunto con la Mesa del Sector Público, efectuarán una presentación en la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre esta determinación del Gobierno.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), y su par en el Senado, Juan Pablo Letelier (PS), enfatizaron que buscarán revocar el retorno de los empleados públicos a sus puestos de trabajo.

El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Julio Fuentes, advirtió que realizarán acciones jurídicas en contra de los gobiernos que pongan en riesgo la salud de los trabajadores en medio de la pandemia.

El recurso de protección se dirige contra de los ministros Gonzalo Blumel (Interior) e Ignacio Briones (Hacienda). Dicho documento indica que se pide "Protección por amenazar a la vida, la integridad física y psíquica de funcionarios públicos".

Además el texto indica que el acto es arbitrario e ilegal, justificando que la amenaza de contagio va en aumento y que, considerando lo indicado por la autoridad sanitaria, aún no se llega al "peak" esperable.

Según indicó el director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber, al menos 60 mil trabajadores fiscales deberían retornar gradualmente sus labores presenciales en lo que queda del mes. La medida, no considera a personas mayores de 70 año, embarazadas o enfermos crónicos.