Redacción
El Presidente Sebastián Piñera ayer presentó ayer los proyectos de ley para dar curso a la agenda antiabusos económicos que había anunciado en diciembre y que busca proteger a la ciudadanía de delitos como la colusión en productos de primera necesidad, es decir, papel higiénico, fármacos o alimentos; mediante un aumento en las penas, así como el presidio efectivo en los casos que lo ameriten.
"Estos proyectos de ley aumentan las penas y establecen en algunos casos, cuando los delitos son especialmente graves, prisión efectiva, como una forma de disuadir, prevenir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivas que perjudican a todos los chilenos", dijo el Mandatario durante el lanzamiento del proyecto que ya había sido anunciado en diciembre, durante una cadena nacional para responder a las demandas ciudadanasl.
La agenda está formada por cuatro proyectos de ley: anticolusión y fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), sobre información privilegiada, el denunciante anónimo y ante delitos electorales.
La primera iniciativa, sobre anticolusión y fortalecimiento de la FNE responde a que, en palabras de Piñera, "en los últimos tiempos hemos conocido casos muy sensibles de colusión y carteles en bienes tan importantes como los medicamentos, los pollos, el papel higiénico y otros más, que han perjudicado a una inmensa mayoría de chilenos".
El proyecto aumenta las penas a quienes resulten responsables de colusiones o creación de "carteles", las que serán más severas cuando afecten a bienes de primera necesidad y a una gran cantidad de ciudadanos.
La FNE, en caso de ser aprobado el proyecto, podrá solicitar alzamiento del secreto bancario, junto a nuevos instrumentos para presentar evidencias, medidas de resguardo de evidencias electrónicas y sanciones a quienes entorpezcan la investigación, impidan el acceso, oculten o destruyan pruebas.
Información privilegiada
La segunda iniciativa aumenta las penas en caso de uso de información privilegiada, fraudes o alteración de documentos. Por ejemplo, la multa máxima para estos casos pasará de 15.000 UF a 100.000 UF.
Para facilitar la acusación de cualquier ilícito financiero, se creará la figura del denunciante anónimo, quien deberá presentarse en la Contraloría, manteniendo la reserva. Finalmente, el cuarto proyecto aumentará el tiempo de prescripción de los delitos electorales, pasando de dos años a cinco.
