Tras dos años a la cabeza del Consejo Regional (CORE), Javier Castillo (PC) dejó su cargo como presidente del organismo y realizó un balance sobre el tiempo que estuvo en este cargo, puntos a mejorar y metas a cumplir durante este año.

El ahora ex presidente del CORE aseguró que los motivos de su salida son "estrictamente políticos", tras un acuerdo al que llegaron los partidos de oposición cuando asumieron este periodo como consejeros regionales, misma negociación política que le permitió a él estar en la presidencia. Ahora se cumplió el plazo de gobernanza establecido para el Partido Comunista y es el turno de estar a la cabeza a alguien que pertenezca al Partido Socialista.

Durante la primera semana de marzo se tiene estimado que se realice una nueva votación y que sea elegido el nuevo o nueva presidente del CORE.

Balance

Sobre el tiempo que se desempeñó como presidente, Castillo señaló que fue "un tiempo de mucho aprendizaje, de puesta en práctica de la gobernabilidad, en el cual tuve mucha cooperación por parte de los consejeros regionales y mucha participación ciudadana para ir construyendo política pública con resultados bastante efectivos".

En esa línea, destacó que tomó la presidencia en un año (2018) complejo que contempló el cambio de gobierno, cambio de intendenta y con una ejecución presupuestaria "muy deficiente de 87%". "Pasaron cosas que hacían complicado el ejercicio de mandato del Consejo Regional", dijo.

Luego, el año pasado, es donde a su juicio "se repunta, hay acuerdos, se empujan políticas públicas muy interesantes e innovadoras para la región". Además, mencionó que lograron mejorar la ejecución presupuestaria, aunque no los deja conformes el 97%, "si hay una clara lectura de que se toma un ritmo distinto y se logra una operatividad distinta".

Consultado por cuál sería uno de los puntos a mejorar del CORE, Castillo señaló que podría ser en cómo generar más instrumentos de fiscalización para hacer más eficiente la ejecución, ser un ente colaborador para que los proyectos avancen, poder incidir más, por ejemplo, en cómo atraer más empresas capaces de ejecutar las obras que se ponen a disposición.

Con respecto a metas para este año, el ex presidente indicó que lo primero es lograr la ejecución presupuestaria del 100% , seguido por reunir los antecedentes suficientes para hacer una buena defensa del presupuesto 2021 y "la tercera gran meta es cómo logramos mantener una línea de condición directa con la ciudadanía para que efectivamente las políticas que emanen del Consejo Regional cubra las necesidades de la gente", concluyó.

Redacción

Como una "negligencia" por parte de la Municipalidad de Copiapó calificó la Contraloría, las extensiones de contrato efectuadas con la empresa de servicio de recolección de basura (Cosemar), por "trato directo sin fundamento". Por ello, el organismo fiscalizador instruyó un sumario en contra del alcalde Marcos López y de los funcionarios municipales para indagar en las responsabilidades administrativas.

Contexto

El contrato original operó entre el 7 de mayo de 2012 y 31 de diciembre de 2018. Luego, mediante un decreto alcaldicio extendió el convenio con la empresa por seis meses (1 de enero al 30 de junio de 2019), lo que estaba permitido en el contrato.

El municipio de Copiapó fundamentó esta prolongación en que la unidad técnica no pudo definir las bases administrativas para un nuevo proceso de licitación pública.

Concluida esa prórroga, la municipalidad extendió la contratación directa del servicio con la misma empresa, entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2019, con el pretexto de preparar la licitación. Sin embargo, la Contraloría Regional argumentó que ese mecanismo es de carácter excepcional y que es preciso acreditarlo efectiva y documentadamente, lo que no ocurrió.

Además, el organismo fiscalizador señaló que, en este caso, el trato directo fue consecuencia de una negligencia previa respecto de los llamados a licitación que debieron realizarse tomando en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso y las consecuencias que podrían sobrevenir de la suspensión del servicio dada su naturaleza.

Finalmente, el concurso público se realizó el segundo semestre de 2019, con un plazo de funcionamiento de seis años, que además contemplaba un período de 130 días para su instalación.

A pesar de que la firma que se ganó la licitación es la misma que ha operado en los últimos años, la municipalidad nuevamente le dio un contrato por trato directo por 120 días para su instalación. Esta situación "podría conllevar la superposición de dos contratos con la misma prestación a servir".

Es importante mencionar que la indagatoria de la Contraloría se realizó a partir de una denuncia presentada por la concejala Paloma Fernández y la respuesta se materializó en el pronunciamiento jurídico.

Municipio

Consultado por esto a la Municipalidad de Copiapó, desde el área de comunicaciones informaron que ayer fueron notificados y que el Estudio Jurídico de la casa consistorial está analizando el documento.

Descartaron dar alguna declaración por el momento y probablemente el lunes podrían hacer un pronunciamiento al respecto.

Concejales

Este medio se intentó contactar vía telefónica con todos los concejales de Copiapó para conocer su parecer al respecto, sin embargo sólo se logró establecer comunicación con el edil Wilson Chinga. Consultado por esto, indicó que está de acuerdo con el informe y que se ajusta a la discusión que ocurrió en la sesión n°20 de concejo del año pasado, en que se debatió el plazo otorgado para el servicio.

"En esa discusión se mencionó mucho lo que la Contraloría menciona. Efectivamente hubo un mal planteamiento desde la Dirección Jurídica porque al final de cuenta cuando se hacen las consultas si estos podían o no, desde jurídico dijeron que sí, que se permitía y se fundamentaba en cuanto al servicio y la magnitud de importancia para la comuna, por lo tanto, ante esta respuesta la mayoría de los concejales aprobamos un plazo para que se elaboraran las bases de acuerdo a los planteamientos que cada uno hizo", señaló Chinga.

El concejal agregó que votó en contra en la última licitación porque "no llegó la licitación que nosotros habíamos propuesto" y que lo indicado por Contraloría de seguro será un tema a tratar durante el próximo concejo municipal.