La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección, dejó sin efecto resolución que rechazó el pago de licencias médicas y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) la realización de exámenes para decidir con fundamento técnico la procedencia del pago solicitado por la recurrente.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida. "(…) la resolución exenta impugnada a través del presente recurso debe ser considerada como arbitraria, al no contener una fundamentación expresa, específica y circunstanciada de las consideraciones tenidas en vista para resolver la solicitud de la recurrente, y en consecuencia, esta actuación de la administración atenta en contra de los derechos fundamentales que se ha querido amparar por medio de la presente acción".

La resolución agrega que "la referida resolución exenta denota una fundamentación que resulta vaga y ambigua, ya que así como se produjo el rechazo a lo solicitado por la recurrente, también se podría haber utilizado el mismo formato para haber acogido la petición, es decir, su neutralidad es de tal magnitud, que no deja plasmada de ninguna forma su contenido, justificación o sustento, y en consecuencia, ello hace que la decisión se torne antojadiza, resultando esta situación suficiente para los efectos de acoger la acción de protección intentada".

Fallo que define, además, como "no puede pensarse que el beneficio llamado licencia médica deje de producir efectos hasta tanto se examine la pertinencia técnica de los mismos, debido a que es precisamente la obligación de los órganos de supervigilancia, como la Superintendencia de Seguridad Social, que la negativa en el otorgamiento de prestaciones y beneficios se sujete a requisitos de fundamentación e información más estrictos".

Por tanto, se ordenó a "la recurrida disponer la realización de los exámenes que correspondan a fin de decidir con fundamento técnico acerca de la procedencia del pago de las licencias médicas a las que dicha resolución se refiere".

Redacción

Las huellas dactilares, las llaves de vehículos y prendas de vestir de una automotora delataron el actuar de un joven que era buscado por funcionarios de la PDI, hasta que fue detenido.

Luego del estallido social que comenzó en octubre del año pasado, se inició el levantamiento de información para dar con los posibles autores de los saqueos en recintos comerciales. Fue así como detectives especializados en el delito de robo establecieron la participación de un joven de 19 años en el ingreso a las dependencias de Nissan en Copiapó.

Durante la mañana del jueves, oficiales policiales concurrieron hasta el domicilio del imputado, e hicieron ingreso gracias a una orden judicial, encontrando prendas de vestir de la automotora, así como también llaves de diversos vehículos. Por lo anterior, fue detenido y trasladado hasta el cuartel policial de la PDI para realizar el procedimiento respectivo. Asimismo, el jefe de la Brigada de Robos Copiapó subprefecto Guillermo Namor señaló que "se inicia una investigación bajo la modalidad de situación de contexto social que han acontecido al país, donde la región no ha estado exenta a esta situación, se logra determinar que el imputado participa de estos hechos reiterados en la automotora Nissan Cidef aprovechando la contingencia social y la escasez de seguridad y resguardo existentes en el sector ya que acontecieron en noviembre y enero utilizando un vehículo en el cual sustrae diversas especies ingresando a través de la fuerza".

Luego de los peritajes, se realizó un análisis de cámaras de seguridad, se logra determinar la dinámica del delito y cómo aconteció el mismo. "En el trabajo en el lugar los peritos expertos lograron determinar la identificación de huellas", comentó Namor.

El fiscal Sebastián Coya respecto a la detención informó que hubo "una denuncia en noviembre 2019, donde sujetos desconocidos hicieron ingreso al lugar forzando las ventanas de las oficinas de dicha empresa para así sustraer diversas especies y darse a la fuga. Se encomendó las diligencias a la Brigada de Robos y Laboratorio de Criminalística de la PDI, para acreditar la participación del imputado en los hechos delictivos. El delito en el código penal se tipifica como robo en lugar no habitado en el grado de consumado y el imputado arriesga desde 541 días hasta 5 años".

541 días hasta 5 años es la pena que arriesga el supuesto autor del hecho.