Un accidente vehicular ocurrió en horas de la tarde de ayer en la intersección de las calles Leonidas Pérez y Pedro de Valdivia de Copiapó, cuando dos vehículos menores, un jeep Suzuki negro y una camioneta Toyota negra, colisionaron en la intersección, dejando según los datos preliminares dos heridos.Los antecedentes del accidente quedaron en manos de Carabineros y los lesionados fueron derivados al Hospital Regional.
El jueves, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una acción judicial tras la detención del reportero gráfico de este medio, Israel Chávez, quien realizaba su trabajo durante el incidente que ocurrió este lunes en el frontis del Liceo Mercedes Fritis Mackenney (B-5), donde un grupo de estudiantes secundarios se manifestaba contra la aplicación de la PSU.
En dicho contexto, Chávez fue detenido por personal de Carabineros que realizaban labores para dispersar y detener a los manifestantes. En el texto de la querella se expresa que "la víctima es empujada y golpeada por dos funcionarios de Carabineros, recibiendo, patadas, y golpes de puño, en diversas partes de su cuerpo, como brazos y cabeza, y detenida en el acto, siendo empujada nuevamente, pero esta vez, hasta subirlo al carro policial, aún cuando no se encontrada realizando ninguna acción que pudiese ser constitutiva de delito".
Mientras que en lo respectivo a la gravedad de las lesiones que sufrió el reportero gráfico, la querella señala que "presenta contusiones en cráneo, región cervical y eid según consta en datos de atención de urgencia (...) cuyo diagnóstico señala policontuso".
La acción es contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el supuesto delito de apremios ilegítimos.
Igualmente, desde el INDH presentaron otra acción judicial por el presunto delito de vejaciones injuntas, contra una persona mayor de edad, ocurrida en el mismo contexto de las protestas frente al Liceo B-5.
Consultada sobre las acciones judiciales, la jefa regional (s) del INDH, Marcia Quezada, expresó que "las querellas son individuales, se está revisando caso a caso los detenidos de ese día". Ayer se procedía a ingresar otras acciones judiciales.
Mientras que desde Carabineros, el mayor Carlos Mesa declaró sobre las acciones judiciales que "mientras se presenten las querellas y está el caso judicializado, hay que dejar que las instituciones trabajen y operen hasta que se determine efectivamente cómo ocurrieron los hechos".
Un informe obtenido a través de Ley de Transparencia señala que el edificio del Servicio de Registro Civil e Identificación de Copiapó no tiene "un sistema de combates contra incendio automáticos, solo extintores manuales de incendio (...) se debe reparar todo el sistema del edificio, ya que además de estar siniestrado se encuentra fuera de norma".
No obstante, los trabajadores del lugar siguen usando el segundo piso del recinto, que tiene paredes y cielos falsos impregnados de hollín tras un incendio ocurrido el 13 de noviembre tras acción de desconocidos. Además de atender a los usuarios en el hall del Edificio MOP, esperando su turno en la intemperie para luego hacer fila y hacer sus trámites obstaculizando las salidas de emergencia.
En relación a dichas medidas de atención a público, el texto es tajante al expresar que "los espacios para los funcionarios no son los adecuados en relación a las condiciones de trabajo, ya que no están implementados para tal efecto. Además, en el sector del hall existen ventanales afectados por los manifestantes, a los cuales se le instaló malla raschel para proteger de posibles desprendimientos de vidrios".
Añadiendo que "los funcionarios deben estar atentos que menores de edad no ingresen a ese sector, por lo que significa un peligro para los funcionarios como para los usuarios mientras no se reparen".
Considerando las situaciones presentadas anteriormente, el texto recomienda que "evaluar el cambio de dependencia mientras se evalúa reparación/habilitación de Oficina de Copiapó y Dirección Regional (...) evalúe los horarios de atención de usuarios y salida de funcionarios, con el fin de minimizar lo siguiente: Evitar la exposición de los funcionarios a las partículas de humo impregnadas en losa, cielo falso y paredes que en forma paulatina se desprenderán y caerán al ambiente. Evitar la exposición de los usuarios a las altas temperaturas en el sector de ingreso, que se encuentra al aire libre. No afectar la normalidad del edificio que alberga a otras reparticiones públicas".
Consultado sobre las medidas tomadas para resguardar la integridad de trabajadores y usuarios, el presidente regional de la Anercich, José Luis Bustamante, sostuvo que "seguimos en las mismas condiciones (...) hemos escuchado de parte del gobierno que si se va a buscar un nuevo edificio pero concretamente no tenemos nada".
Agregando que "si hay un culpable de que el Registro Civil no tenga una oficina como corresponde es primero que nada por la gente que nos quemó la oficina, en segundo lugar por las autoridades políticas y administrativas del Registro Civil".
A su vez, la directora regional del Registro Civil, Lucy Cepeda, expresó sobre los avances en la gestión para un nuevo edificio que "vamos en buen pie, se aprobó el monto para gestionar los arriendos hoy en día estamos con detalles, solicitando a los inmuebles que son las posibilidades de arrendar, los protocolos frente a una emergencia, redes húmedas, redes secas, cosas que tenemos que tener a la vista y al día para que definitivamente el director decida".
Además que "seguimos prestando nuestros servicios, los acuerdos de unión civil, los matrimonios se están celebrando con la entrada en vigencia de la nueva ley de identidad de género (...) Hay un desgaste por parte de los funcionarios y los usuarios de esperar en las condiciones que estamos, pero seguimos dando las atenciones de 8.30 hasta las 13 horas", indicó Cepeda.
Mientras que respecto a los avances en la investigación sobre el siniestro, el fiscal Juan Andrés Shertzer indicó que los hechos siguen siendo investigados a través de análisis a los distintos medios de prueba y materia audiovisual reunido, trabajo desarrollado en conjunto con la PDI, cuyos resultados "no es posible aún hacerlas públicas, pero sí es posible comentar que el trabajo de investigación por estos graves hechos se ha desarrollado de forma detallada con la finalidad de poder establecer identidades y actuaciones particulares de las personas que participaron de este delito".