Estallido social, gasto social y políticas públicas: una ecuación deficiente
Rodrigo Rojas , Rector Santo Tomás Copiapó, Fernando Fuenzalida, Director de carrera Trabajo Social, U. San Sebastián
La Ley de Presupuesto 2020 contempla una proyección de gastos para Agenda Social de US$1.272 millones (US$510 millones para pensiones; US$106 millones para salud y medicamentos; US$306 millones ingreso mínimo garantizado y US$350 millones para plan de reconstrucción).
Nuevamente el "incremento del gasto" se destacó -por parte de la élite política- como un "esfuerzo público" para que Chile alcance un equitativo nivel de desarrollo y sobre todo, para que logre satisfacer efectivamente las demandas sociales. En este marco, es absolutamente relevante para la toma de decisiones, la forma cómo se están gastando los dineros en el ámbito social, y la evaluación de desempeño de programas y políticas sociales.
Según el último informe de la Dipres que evalúa la efectividad de los programas sociales implementados en 2018, sólo dos de ellos alcanzaron "buen desempeño", 10 programas un "desempeño medio" y 10 programas alcanzan un "desempeño bajo" o definitivamente "mal desempeño".
Por otro lado, en julio 2019 la Dipres emanó otro informe con los resultados de la evaluación ex post de programas gubernamentales en 2019: solo uno de los 19 programas evaluados tuvo "buen desempeño". Mientras, casi el 70% de los recursos incluidos en la evaluación clasificó "mal" o "bajo" desempeño. En definitiva, se perpetúa la tendencia: la mayoría de los programas evaluados durante los últimos años reprueba la evaluación.
Las cifras son alarmantes ya que demuestran que las constantes evaluaciones negativas de buena parte de los programas evaluados por la Dipres no tienen impactos significativos y tampoco existe claridad de las formas en las que se deberían traducir estos impactos. Además de ello, se observa que en general, hay pocas variaciones presupuestarias cuando un programa es reprobado en su evaluación y puede que continúe siendo financiado para el "logro de sus objetivos".
La dificultad no está en el "esfuerzo" que se realiza para aumentar el gasto social, ya que esta es una tarea necesaria, pero por sí sola insuficiente. Los datos evidencian que el grave problema de los programas sociales está en sus nefastos resultados y en el incumplimiento de resolver eficientemente las problemáticas sociales que aquejan a nuestra sociedad, y sobre todo en tener la capacidad, ahora más que nunca, de poder entregar respuestas efectivas a la ciudadanía dadas las emergentes demandas sociales.
Para avanzar en esta materia, es necesaria una urgente preocupación por la forma como se están llevando a cabo las directrices de los programas sociales en Chile. Volver a mirar (por ejemplo) la adecuación de sus objetivos, mejorar las condiciones de la oferta social, cualificar a los equipos profesionales, contextualizar sus pretensiones hacia el contexto local, favorecer la participación de los usuarios en la toma de decisiones, entre otros.
¿Quo vadis?
S e está cerrando un año marcado por el denominado "estallido social" iniciado el 18 de octubre. Esta fecha marcó un punto de inflexión en el imaginario colectivo nacional. ¿Alguien se recuerda lo que había pasado en el país en los más de 9 meses que ya habían transcurrido?
Ante este marco de alta efervescencia social y de incertidumbre de lo que sucederá el 2020 conviene conocer las percepciones expresadas por un grupo de habitantes de Copiapó en un estudio efectuado por el Observatorio de Opinión Pública de Santo Tomás en este mes de diciembre.
El estudio concluye en que los encuestados priorizan como las medidas que debiese adoptar el Gobierno en primer lugar el subir las pensiones, seguido por la mejora de la calidad de la educación y el acceso a la gratuidad para propiciar un menor endeudamiento de las familias. En tercer término, aparece la mejora de la calidad de la salud pública y el aumento del sueldo mínimo. Estas prioridades son coincidentes con las manifestadas en otros estudios similares por lo que se han consolidado como el "programa de gobierno" surgido de esta contingencia social.
En el ámbito político el acuerdo con cambiar la Constitución actual concita un 86,8% de acuerdo. Un 89,7% indicó que está dispuesto a votar en el plebiscito de entrada. En cuanto al mecanismo de preferencia para generar el cambio constitucional los entrevistados se inclinan en un 45,6% por la convención constituyente mientras un 35,2% son partidarios de una convención mixta y un significativo 19,1% se mantiene la indefinición. En un ejercicio prospectivo los entrevistados en un 58,2% creen que Chile estará mejor después de esta crisis, mientras que un 22,1% considera que estará igual y un 19,7% que estará peor. En el plano regional existe una visión negativa sobre el futuro, ya que el 47,6% indicó que habrá menos empleo y solo un 16, % cree que habrá más empleo. Se aprecia por tanto una contradicción entre la perspectiva nacional y local ya que los mismos encuestados visualizan peores perspectivas para Atacama y al mismo tiempo estiman qué las movilizaciones tendrán efectos positivos para el país. En materia de relaciones sociales, el 50,8% indica que serán mejores; un 33,2% que será iguales y un 15,9% que serán peores.
Finalmente, el estudio establece la necesidad de que se propicien espacios tales como cabildos y encuentros en los que más ciudadanos puedan involucrarse y participar de este trascendental momento de la vida nacional, ya que un 60% de la muestra señala no haber participado de ninguna instancia de este tipo.
Expectativas, esperanzas, exigencias y compromisos ciudadanos para responder en 2020 a la interrogante… Chile ¿quo vadis?