Más de 40 mil personas concurrieron en Atacama a la Consulta Ciudadana en un ejercicio que no cuadró con los pronósticos de la Asociación Regional de Municipios de Atacama, que la estimaban en un número mayor, pero que igualmente dejó un saldo positivo.

Los atacameños destacaron por concurrir pacíficamente a las urnas y la jornada, que tuvo una buena organización en general, no registró incidentes, con una característica importante: no hubo vigilancia de fuerzas de seguridad. Así demostraron un comportamiento cívico ejemplar en un domingo distinto, donde varias ciudades de Atacama parecieron vivir con mayor efervescencia respecto a otras comunas de Chile, quizás porque se trató de un voto presencial y no electrónico. Esto también debe ser destacado, dado que le da una mayor validez aunque al ser una iniciativa que no tenía control del Servel, pierde peso.

Negativa fue la toma del Liceo El Palomar donde concurrirían a votar menores de 14 a 20 años. Se perdió una gran oportunidad de que los más jóvenes -los mismos que están siendo criticados por sectores políticos por su "inmadurez" para votar- pudieran expresar su sentir.

No se entiende que un proceso consensuado por municipio, la Mesa de Unidad Social y la Coordinadora de Estudiantes Municipales, sea rechazado en los últimos días del proceso porque la agrupación de escolares se dio cuenta que no los representaba, cuando se supone que el supuesto espacio en la papeleta no otorgado a los jóvenes debía haber sido advertido desde el primer minuto de trabajo.

No se entiende tampoco que el alcalde Marcos López hiciera una invitación para que la Coordinadora de Estudiantes Municipales realizara otra Consulta Ciudadana.

¿Será que cada vez que alguien no se sienta representado hay que hacer un nuevo proceso? Antes del domingo debió haber quedado establecido el marco general de lo que los copiapinos querían y, de no llegar a acuerdo, plantearlo desde el comienzo. Pero quizás lo más trascendente es que la Coordinadora pide la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, lo que está fuera de todo foco de lo que significa una Consulta y que está lejos del alcance de la casa consistorial...

Las instituciones deben ser flexibles y buscar puntos de encuentro con diálogo, pero también deben guiar a las personas y, cuando es necesario, corregirlas. Finalmente es el municipio y la Mesa de Unidad Social las que quedan en entredicho y no por las palabras de quienes reniegan de una nueva Constitución, sino de quienes se suponen eran parte activa del proceso.

En el actual debate constitucional se insiste en la necesidad de derogar la constitución de 1980 por ser obra del gobierno militar. Parece olvidarse que la de 1833 sólo fue posible por el triunfo de las fuerzas conservadoras en la guerra civil de 1829 y la de 1925 por la intervención militar - el "ruido de sables" - de septiembre de 1924. Aquello precipitaría la salida de Arturo Alessandri del poder, al que los mismos militares, con Carlos Ibáñez a la cabeza, llamarían de vuelta tras el golpe de estado de enero de 1925. Alessandri se puso a la cabeza del proceso de redacción de un nuevo texto constitucional - en una comisión que él mismo nombró -, pero su poder se sostenía ahora en el apoyo militar (Ibáñez le había dejado claro que "todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad y consagrado el de honradez política y administrativa"). En efecto, cuando en el seno de la Comisión de reforma representantes de todos los partidos, desde el Conservador hasta el Comunista, se pronunciaban por mantener el régimen parlamentario vigente, sólo la intervención del representante militar, general Navarrete, amenazando con una nueva intervención del Ejército ("¿qué ocurriría si las esperanzas de la juventud (militar) fueran defraudadas en esta ocasión?"), hizo posible que se terminara por aprobar el proyecto presidencialista favorecido por Alessandri y los militares. Ya que no hubo Asamblea Constituyente, que había sido el deseo inicial tanto de Alessandri como de la oficialidad joven del Ejército, el proyecto del Presidente de la República fue plebiscitado el 30 de agosto de 1925, cuando se vivía un ambiente de gran tensión y no se daban las garantías mínimas en el ámbito de la libertad de expresión. Ese día votaron sólo 135.783 ciudadanos de los 302.304 inscritos, de los cuales 127.509 - menos de la mitad de los inscritos - aprobaron el nuevo texto constitucional. Pese a estos orígenes, la Constitución de 1925 determinaría el régimen de gobierno chileno hasta la crisis de 11 de septiembre de 1973. Nadie propuso nunca que era necesaria su derogación por tener en sus orígenes una intervención militar.

Enrique Brahm García

Académico de la Universidad de los Andes

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