Diaguitas y el proceso constituyente
Estimado director:
Diversos sectores han planteado la necesidad de que en la Convención Constitucional se consideren escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Lamentablemente, algunas propuestas determinan la cantidad de cupos reservados a partir de la proporción que representa la población indígena a nivel país y en cada región. De hacerlo así, se corre el riesgo excluir a varios pueblos indígenas de la Macrozona Norte, como el Diaguita.
Los Diaguitas tienen una historia estrechamente vinculada con el Norte Chico, esto es, las Regiones de Atacama y Coquimbo. Sus expresiones culturales ancestrales se han mantenido presentes en esta zona, y han sido relevadas, especialmente, luego de su reconocimiento legal como etnia originaria el 2006, y la subsecuente creación de comunidades y asociaciones indígenas diaguitas. Es más, su reconocimiento popular ha aumentado sostenidamente, lo que se ha visto reflejado, por ejemplo, durante las manifestaciones sociales recientes en la región.
En el Censo de 2017 se autoidentificaron como diaguitas un total de 88.474 personas. Ahora bien, es previsible que tal número ha aumentado, a partir de la toma de conciencia sobre la propia ascendencia indígena y regional, en un país mestizo como el nuestro. Sería un tremendo error histórico marginar al pueblo Diaguita del proceso constituyente, si no se toman resguardos para que esté debidamente representado.
Daniel Bravo Silva
Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez
Según las últimas cifras entregadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Chile el 21,1% de los niños viven en la pobreza, por sobre el promedio de 13,2% que presentan los países que la integran. Estas cifras vienen a recalcar la importancia de trabajar, con suma urgencia, en la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que asegura que la dignidad de todos los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se haga ley. Además, se tienen que fortalecer todos los organismos del Estado, para que cuenten con los recursos financieros y humanos para garantizar estos derechos.
No es posible que a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño este grupo aún se vea vulnerado. Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no cuenta con una ley de estas características, que garantice la dignidad de todos ellos.
Como organización enfocada en primera infancia es nuestro deber exigir la garantía de estos derechos. Es necesario que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a confiar en los adultos y las instituciones y esto solo será posible si se les asegura una vida digna.
Alejandra Fuenzalida, directora Ejecutiva de United Way Chile
Orden público
La ilegitimidad de origen de la actual Constitución es la principal razón por la cual la oposición democrática ha insistido desde hace años en la necesidad de avanzar hacia una nueva Carta Fundamental. Es un argumento de peso, que ni siquiera las sucesivas reformas constitucionales han logrado mitigar ni apagar.
El problema está en que en un sector relevante de la sociedad chilena podría estar incubándose aquella misma apreciación respecto del proceso constitucional iniciado el pasado 15 de noviembre. El motivo no es menor. La idea de una nueva Constitución surge hoy en el marco de una grave convulsión social y de una violencia incontrolada, que mantiene totalmente alterado el orden público.
Si el estado no es capaz de restablecer la paz y la tranquilidad públicas, no sería de extrañar que en el futuro un importante sector de los ciudadanos pueda llegar a sostener la ilegitimidad de origen de la eventual nueva Constitución, argumentando que esta nació en una situación de desorden, violencia y convulsión. Por eso resulta indispensable que el Gobierno y todas las fuerzas políticas democráticas acuerden a la brevedad un conjunto de medidas que permitan restituir el orden público, perseguir eficazmente a los responsables de los graves actos de violencia, incluidos a quienes los han instigado, e impedir que sigan realizándose. Todo esto sin perjuicio de seguir avanzando en las medidas legislativas que den respuesta a las legítimas demandas sociales.
De lo contrario no solo se pone en riesgo el proceso constituyente, sino que, peor aún, se arriesga la mantención del Estado de Derecho, de la Democracia y de las instituciones republicanas, es decir, de todo aquello que conforma la razón de ser del Estado.
Marcela Peredo Rojas, profesora de Derecho Constitucional Universidad Autónoma de Chile; José Manuel Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional Universidad del Desarrollo; José Ignacio Martínez Estay, profesor de Derecho Constitucional Universidad de los Andes; Ignacio Covarrubias Cuevas, profesor de Derecho Constitucional Universidad Finis Terrae
