La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de Atacama, en conjunto a las municipalidades de la región realizaron un catastro para cuantificar los daños en la infraestructura pública tras las movilizaciones por el estallido social que se desarrolla en el país.

Tras determinar el material que fue dañado, se comenzará la reposición del mismo, dando prioridad a reparar semáforos, mobiliario público, señaléticas y luminarias, las cuales esperan tener reparados este año, tras ser considerado como "inmobiliario crítico" por parte de la institución.

Así lo aclaró el jefe de la Subdere de Atacama, Luis Morales, quien enfatizando que "el Gobierno del presidente Piñera a través de la Subdere y Minvu en coordinación con municipios realizamos un catastro de daños con especial atención en recuperar la infraestructura pública de nuestras ciudades. Hemos priorizado reponer semáforos, mobiliario público, señaléticas y luminarias".

Al mismo tiempo, se espera que la totalidad de los daños estén reparados en un plazo probable de seis meses, aunque esto depende del término de los desmanes.

"Tenemos plazos de seis meses para que los vecinos puedan disponer nuevamente de los elementos que aportan a la calidad de vida, en un ambiente de paz social", agregó Morales.

Actualmente la Subdere está trabajando en conjunto a los municipios en la formulación de los proyectos de cada comuna, esperando comenzar las reparaciones de semáforos, señaléticas e iluminarias dentro de 40 días.

Situación de Copiapó

Los principales daños al mobiliario se registraron en la capital regional, donde ya van cerca de 20 días de manifestaciones. La subdere, en un trabajo mancomunado con la Municipalidad de Copiapo y Serviu, cifró en $566.560.587 los daños causados a la infraestructura pública, semáforos, infraestructura vial y de calzada de asfalto.

El catastro, actualizado al 6 de noviembre y entregado por la propia Subdere, incluye daños de letreros de señalización, pavimento, veredas, contenedores de basura, paraderos, ciclovías y calzada de asfalto, entre otros. Además, dentro de la cifra, se encuentran los destrozos ocasionados por un grupo de manifestantes al municipio de Copiapó los primeros días de movilizaciones. Este catastro sólo incluye el área urbana de la ciudad y no carreteras, tuición que le corresponde a la administración del Ministerio de Obras Públicas.

Dentro del presupuesto por los daños revelados por la entidad de Gobierno, los destrozos ocasionados en la infraestructura pública consideran la reposición de letreros de señalización, de nombre y sentido de las calles con un monto total de $24 millones, por 150 señaléticas dañadas, reposición de pavimento de veredas en el sector centro de $18 millones, la reposición de veredas de la Avenida Copayapu por $14 millones, reposición de veredas en el sector de la UDA en $8.400.000 y la reposición mobiliario público de $16.250.000.

Además, agregan la reposición y reparación de paraderos de la locomoción colectiva por $24.500.000, la reposición de alcorque por $4.400.000, jardineras de hormigón prefabricado en veredas de $5.200.000 y las luminarias de espacios públicos, incluyendo postes por $41.250.000.

Por su parte, cuatro puntos de reparación que incluyen la infraestructura vial, ítem que considera la reparación de las vallas peatonales del casco céntrico de la comuna y ciclovías por un monto de $25.200.000. Sumado a ello, la reposición de letreros de señalización vertical de seguridad vial (Pares, Dirección Obligada, No ingresar, etc.) y demarcación vial, cruces peatonal, líneas de detención y paso de cebra de $39.700.000.

Contenedores, semáforos y asfaltado

Una constante que se ha dado en este periodo de manifestaciones, es la quema de los contenedores de basura metálicos para realizar barricadas dentro de Copiapó. El presupuesto para la reparación de estos objetos se encuentra dentro de la restauración de la infraestructura pública, contabilizando 120 contenedores dañados en 80 mil pesos cada uno (en su mayoría del micro centro, que corresponde a las calles: Vallejos, Rodríguez, Yumbel y Ramón Freire), cifrados en un total de $9.600.000.

Sin embargo, la pérdida de estos no ha sido total en su mayoría por lo que no es necesaria la compra de contenedores nuevos, según comentó Mauricio Uribe, jefe de Proyectos de Recolección de Cosemar.

"El precio unitario para poder adquirir uno de estos contenedores completamente nuevo, cuesta alrededor de un millón y medio de pesos. Pero el grueso de los contenedores hay que repararlos y no comprar uno nuevo, ya que no tienen pérdida total en la mayoría de los casos. Al ser metálicos no hay mucho problema en restaurarlos, ya que se pierde por lo general solo las tapas de los basureros, no así los receptáculos del mismo, que necesitan de un trabajo minucioso para ser reparados", explicó Uribe.

Asimismo se incluye la reposición de 40 basureros de tipo plaza de hormigón prefabricado, con un total de $5.600.000.

En tanto, según los números entregados por la Subdere, se catastró destrozos en su totalidad de ocho semáforos de de la comuna, avaluados en $15.500.000 cada uno, sumando un total de $124 millones. Por unidad, la reposición de ellos es el más caro de la lista después de la reparación de paraderos de colectivos, a excepción de que este último incluye luminarias, asientos, pinturas, entre otros.

Otro de los ítems es el daño a la calzada de asfalto por la quema de neumáticos y barricadas, que por cada metro cuadrado se registró una cantidad de 260 eventos, ascendiendo a un monto de $32.500.000.

El Diario de Atacama solicitó la versión del alcalde de Copiapó, Marcos López, sobre esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte del edil.

Durante los primeros días de estallido social, la Municipalidad de Copiapó sufrió desastres en su infraestructura, aseo, permisos de circulación, equipamiento computacional, entre otros. Estos daños también han sido contabilizados dentro del listado presupuestario de reparaciones, en donde destaca la mampara principal termo laminado del establecimiento con el monto más elevado para su reparación: $89. 775. 000. Más de seis millones de pesos en daños de equipamiento computacional, casi siete millones de pesos por destrozos en las ventanas del servicio de salud y casi cinco millones de pesos por la mampara de la secretaria municipal. Las otras cifras las complementan 13 ventanas de 75x100 cm avaluado en un total de $2.778.750, poco más de dos millones de pesos por cuatro ventanas 60x 304 cm del salón Felipe Mercado, la construcción de cierres provisorios por $1.237.500 y un monto por aseo, despeje y aseo de fachada de 485 mil pesos.

En el marco de la discusión presupuestaria para el año 2020 que se lleva en el Congreso Nacional, los senadores Yasna Provoste (DC) y Carlos Montes (PS), acompañados del vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Aldo Valle, manifestaron su preocupación por el Presupuesto designado para la Educación Superior, denunciando las rebajas realizadas por el Ejecutivo y los problemas de financiamiento de la gratuidad.

"Esta es la primera vez que un proyecto de Ley de Presupuesto plantea una institucionalidad que es la Subsecretaria de Educación Superior, y, como lo han señalado muchos rectores a lo largo del país, lo que hemos visto es nuevamente un atentando más a la gratuidad, a los estudiantes que enfrentan mayores dificultades y a las familias que anhelan, a través de la gratuidad, de que sus niños y niñas puedan llegar a la educación superior", manifestó Provoste.

En esta misma línea, Aldo Valle dijo que "el Gobierno se ha encargado explícitamente de dejar a todos los estudiantes que adscribieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley sobre Gratuidad, expuestos a una sanción". Precisamente, indicó, "se sanciona a los estudiantes más vulnerables, que con gran esfuerzo de ellos mismos y sus familias, han accedido a la educación superior y las Universidades que adscriben a la Gratuidad, se las sanciona por acoger a esos estudiantes. Se hizo de manera explícita, incluso contra un directamente de la Contraloría General de la República", manifestó.

Asimismo, el vicepresidente del CRUCH añadió que con el proyecto "se persevera también en impedir que las universidades puedan reasignar recursos propios provenientes de los Fondos de Crédito Solidario para que compense las pérdidas que se producen por las pérdidas anticipadas de la gratuidad", esto, en un contexto donde en ningún país se considera la duración formal de las carreras con el tiempo que exactamente considera los programas, "solo en Chile se considera que anticipadamente los estudiantes pierdan los beneficios", denunció.