Un equipo integrado por la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Metropolitana Oriente y bomberos de Nuñoa realizaron una inspección en seis estaciones de Metro que fueron afectadas durante los desórdenes e incendios que se registraron el viernes 18 de octubre, cuando comenzaron las revueltas más violentas de los últimos años en el país.

La idea era recabar antecedentes que permitieran dar con los responsables de los daños, tanto parciales como totales, en el transporte subterráneo, para lo cual se realizaron peritajes en estaciones de diferentes líneas: Camino Agrícola y Pedrero de la Línea 5; Macul, Trinidad y Los Quillayes de la Línea 4; y Santa Julia de la Línea 4A.

Tras las primeras indagaciones, una de las primeras hipótesis que surgió es que los ataques no habrían sido espontáneos, sino que se trataría de actos coordinados por uno o más grupos.Esto, porque se habrían atacado puntos estratégicos de las estaciones.

"Hay varias hipótesis, toda hipótesis debe solventarse en antecedentes concretos (...) Una hipótesis es que un grupo haya decidido atacar los tableros de la energía eléctrica para inutilizar la red", explicó el fiscal Omar Mérida.

El persecutor precisó que "estamos trabajando con Bomberos para determinar el origen del fuego en todos los casos. Ya hay un equipo trabajando en otra estación con antecedentes que nos sugieren que se atacó puntos estratégicos de ella, particularmente al servicio de distribución eléctrica".

Mérida informó que los peritajes continuarán "durante el resto del período investigativo, para ver si tenemos antecedentes que nos permitan confirmar si se trata de un grupo o de varios grupos, si hay coordinación o no, si hay objetivos predeterminados estratégicos".

En ese sentido, indicó que los organismos de investigación contemplaban la posibilidad de que en los ataques existieran "patrones comunes": "Trabajamos sobre la base de que son estaciones de Metro, algunas atacadas simultáneamente, otras atacadas de la misma forma, dentro del mismo período de tiempo o con las mismas características del ataque, todavía desde la generalidad se pueden apreciar patrones en común".

Para agilizar la investigación, el fiscal hizo un llamado a la ciudadanía para que quienes tengan alguna información o registro audiovisual de los destrozos los entreguen a la PDI o a la Fiscalía.

GRUPO COn CAPACIDAD

En declaraciones recogidas por Cooperativa, el presidente del Sincicato de Metro, Eric Campos, descartó que trabajadores de Metro hayan participado en el origen de los siniestro. "El fiscal ha dicho que esta fue una acción no solo coordinada (...) habla de un grupo que operativamente tiene gran capacidad", dijo y sostuvo que "los trabajadores y trabajadoras del Metro estamos haciendo grandes esfuerzos por volver a la normalidad. Nos hemos comprometido con la reconstrucción 100%, pero creemos que ningún esfuerzo llevará a la normalidad al Metro mientras Chile no vuelva a la normalidad".

Registros

Los peritajes de ayer comenzaron con un recorrido general para conocer los daños en las estaciones, a las que no se había podido ingresar antes debido al estado de emergencia, y continuaron con las revisiones exhaustivas de cada una.

El miércoles pasado la empresa entregó a la Brigada Investigadora Policial de la PDI (Bipe), para su análisis, los videos de las cámaras de seguridad de la red, correspondientes a más de 20 mil horas de grabaciones.

Los registros contemplan las imágenes captadas desde una semana antes de que se produjeran los incendios y desmanes en las estaciones. La labor investigativa está a cargo de las cuatro fiscalías metropolitanas, debido a que las estaciones afectadas se circunscriben al espacio geográfico correspondiente a cada una de ellas. Aunque todas las pericias están a cargo del personal de la Bipe de la PDI.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que hasta ayer habían recibido 28 denuncias de personas desaparecidas, en el marco de la convulsión social que ha experimentado el país en los últimos días.

De ese total, 26 personas ya habían sido encontradas, mientras que en los dos casos restantes el INDH no había logrado comunicarse con los denunciantes para verificar si han recibido información sobre su paradero.

En su último reporte, el INDH cifró en 3.193 las personas detenidas durante la última semana: 2.177 hombres, 549 mujeres y 343 niños. El INDH precisó que no en todos los casos fue posible registrar el sexo. Se han interpuesto además 88 acciones judiciales, entre ellas, 73 querellas, que corresponden a torturas y malos tratos (51), violencia sexual (17) y homicidio (5).

En dichas acciones estaría incluido el caso de violencia sexual contra un estudiante de medicina en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda, el que habría sido desnudado y abusado por un uniformado en servicio. También se han realizado 8 amparos ante un juez de garantía y 7 resquicios constitucionales.

El organismo informó además sobre 1.092 personas heridas en hospitales, de las cuales 546 corresponden a armas de fuego y 24 por balines. Otras 126 personas que presentan heridas oculares.

Respecto a los vejámenes, el INDH precisó, informó 24horas.cl, que han recogido "relatos de simulacros de ejecución, desnudamientos, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, grave maltrato físico y verbal, golpes, excesiva demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndose en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante largas horas".

Por último, el organismo señaló al Servicio Médico Legal (SML) la cifra total de fallecidos, ya que el INDH sólo registra las muertes por las que han presentado querellas en contra de agentes del Estado.

Tres periodistas argentinos que habían sido retenidos en el aeropuerto de Santiago lograron entrar al país durante la mañana de ayer.

Los comunicadores habían denunciado a través de Twitter que la Policía de Investigaciones (PDI) del terminal aéreo no les permitía el ingreso y que llevaban horas encerrados en una habitación.

Nazareno Roviello, Andrés Masotto y Leandro Díaz del Campo aseguraban que habían sido aprehendidos casi "sin explicaciones" por los policías, quienes habrían argumentado que los contenidos en sus redes sociales "incitan al odio" y los amenazaron con ser deportados. Luego de que se difundio el caso, abogadas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llegaron al aeropuerto para mediar.

En un comunicado la PDI explicó que la retención se debió a que los comunicadores no contaban con la acreditación que justificara su labor.

Finalmente, la PDI permitió su ingreso "con la indicación de que deben solicitar los permisos de trabajo que les permitan realizar estas labores en nuestropaís". Los profesionales agradecieron la ayuda del INDH y de algunos parlamentarios que se acercaron a apoyar, además del Colegio de Periodistas de Chile.