El Ministerio Público presentó, ante la Corte Suprema, la documentación necesaria para iniciar la solicitud de remoción del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por "mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones".

En representación del fiscal nacional, Jorge Abbott, la abogada Marisol Peña entregó los documentos y dijo: "Creemos que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad, toda vez que se han señalado" en forma precisa y detallada ocho hechos en el caso del mal comportamiento y cuatro en cuanto a negligencia manifiesta, que sustentan la petición.

Se acusa a Arias, en su rol como fiscal regional, de actos imprudentes, incluyendo la emisión de juicios de valor sobre hechos en etapa de investigación y con diligencias pendientes. También se indica que ordenó a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso de abusos en la Iglesia Católica, negó apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal del caso Caval, y dispuso del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.

Sobre la eventual negligencia manifiesta, se alude, por ejemplo, a dos investigaciones administrativas, en las que se habría filtrado información reservada a medios y a personas ajenas a las indagaciones.

"Es una acción sustentada en términos muy firmes en la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal y normas internas que rigen al Ministerio Público", dijo Marisol Peña.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, lamentó la presentación ante la Suprema: "Este es un día triste para el Ministerio Público (...) Ver a un fiscal nacional buscando abogados para hacerse denuncias en tribunales… que la Corte resuelva, habla de una incapacidad de resolver los problemas de buena manera".

Un fuerte llamado a que sea responsable y presente ante los órganos competentes los antecedentes que tiene, hicieron legisladores oficialistas y de oposición a la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, luego de manifestar que "hay relación" en la política y la Cámara Baja con el narcotráfico.

En un debate sobre seguridad en el programa "Muy buenos días", de TVN, dijo que tales relaciones se dan, asimismo, "en los carabineros" y agregó: "En la Cámara de Diputados también, yo creo que sí. Creo que el narco también ha permeado a los políticos, no quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen relación con el narco".

Consultada por su obligación, como diputada, de entregar los antecedentes que tenga a la Justicia o la Fiscalía, dijo que no ha denunciado porque "la información es pública". "No tengo pruebas", sostuvo, pero insistió: "El narcotráfico ha permeado mucho más nuestras instituciones de lo que nosotros podemos ver y la Cámara de Diputados no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego".

Llamado transversal

Los dichos de la diputada Orsini provocaron la molestia de casi todo el espectro político.

"Es una ofensa gratuita a un poder del Estado, sin antecedentes, es una falta de seriedad incomprensible. Por lo tanto, hay dos posibilidades: o se retracta o va a los tribunales de Justicia a entregar los antecedentes", dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien dijo que en estos temas lo que cabe es "ser criterioso" y "no banalizar".

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Lorena Carvajal (PPD), dijo que son "gravísimas" las declaraciones de la diputada del Frente Amplio, "puesto que enlodan el esfuerzo" de la actual mesa "por fomentar la credibilidad ante la ciudadanía y el valor de la Cámara de Diputados".

En Chile Vamos, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, dijo que hablar de vínculos con el narcotráfico es, "para la política chilena", algo "muy grave, muy delicado, por lo tanto, ese tipo de situaciones deben clarificarse para la transparencia de la política chilena y por el bienestar también del Poder Legislativo".

Para la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, una denuncia como la que hizo Orsini no se hace "en un matinal", sino ante tribunales.

Más tarde, y tras la gran cantidad de críticas que recibió, Maite Orsini expuso: "No tengo antecedentes que algún diputado o diputada en particular tenga vínculos con el narcotráfico. Lo que tengo, al igual que todos ustedes, es información de que los narcotraficantes están entrando en las instituciones en la que confiábamos profundamente".

"Me parece responsable con el Congreso y con Chile poner las alertas desde ya, y decir si todas nuestras instituciones o muchas de ellas están siendo permeadas", añadió, y llamó a legislar en orden a "transparentar los recursos" que reciben los legisladores para sus campañas y "durante el ejercicio de sus funciones".