La fallida acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no fue sorpresa y trajo como gran derrotada a la oposición. La imposibilidad de juntar los votos, fue el fiel reflejo de una idea que se fue descascarando con el paso del tiempo y que terminó con el Gobierno fortalecido. A pesar de que la oposición es mayoría en el Congreso, en los hechos no ha sido así, como lo plantea el propio presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, con tres acusaciones constitucionales fallidas en un año y medio.
Educación es material fértil de acusaciones constitucionales. La conocen la actual senadora Yasna Provoste, quien fue destituida en 2008 cuando era titular en el Gobierno de Michelle Bachelet y Harald Beyer en 2013 en el primer periodo del Presidente Sebastián Piñera, en lo que son herramientas que pueden ser válidas para los distintos bandos, pero que en el sentido más purista no han mejorado la educación.
A 11 años de la salida de Provoste, la educación pública sigue igual o peor con brechas insanas respecto a la educación privada, lo que queda representado en la PSU y el Simce. Hay escuelas en constante descontrol con focos de violencia, donde el estudio pasa a segundo y tercer plano, mientras que recursos como de la Ley SEP han sido despilfarrados sin que hayan responsables.
La educación pareciera que fuera una batalla constante de lucha, que está más cerca de lo político que de su esencia, porque en la oposición era una "prueba de fuego" de cara a las negociaciones para las elecciones municipales y de gobernadores regionales en 2020, mientras que para Chile Vamos la fallida acción en el Congreso potencia a Cubillos de cara a un proceso eleccionario, que sería para llegar al Congreso.
El debate por una mejor educación es tibio comparado a la pasión y tiempo que los sectores políticos le brindan a esta instancia, tan apetecida por parlamentarios de cualquier color, pero tan alejada del mapa de la ciudadanía desencantada por la falta de ideas para mejorar índices negativos.
Queda saber entonces ¿cuál será el próximo ministro de Educación el tapete? o ¿cuándo será que para los parlamentarios tenga más importancia avanzar en índices de educación pública, que en el cálculo político?