El diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, presentó ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja un requerimiento en contra de su par socialista Jaime Naranjo.

El reclamo de Desbordes se funda en las declaraciones que hizo Naranjo contra las invitaciones que China hacía a los legisladores. "Eso no lo hacen gratis (las invitaciones), después ellos cobran el peaje (…) al final, terminan invitando a gente de derecha, de centro, de izquierda, de toda la variedad. Si pregunta cuántos han sido invitados a recorrer ese país, la lista es larga y de alguna manera este señor trata de comprar el silencio de los parlamentarios", dijo Naranjo a Emol el pasado 3 de septiembre, aludiendo con "este señor" al embajador de China en nuestro país, Xu Bu.

Tales palabras molestaron a Desbordes, quien viajó al país asiático invitado por el Congreso de China, donde recorrió la provincia de Henan y las ciudades de Beijing y Shanghai.

En la carta que envió a la Comisión de Ética el 1 de octubre, el congresista de RN consideró las palabras de Naranjo "inaceptables, injuriosas y dañinas no solo para la imagen del suscrito, sino que para toda nuestra corporación".

Mario Desbordes expuso en la misiva que "aceptar una invitación de este tipo no implica en ningún caso perder autonomía. Las visitan no están condicionadas a nada. Las visitas son de trabajo e incluyen una apretada agenda de reuniones y visitas para conocer diversas instituciones (todas estatales) y sirven para formarse una opinión más acabada después de ver in situ, e incluso de cuestionar abiertamente algunos aspectos en las reuniones con autoridades locales".

A juicio del timonel de RN, las expresiones de Naranjo "son malévolas, injuriosas, injustas e irrespetuosas respecto de otros diputados", e infringen los deberes de los diputados "en materia de ética parlamentaria". Por esto, pidió a la comisión un "pronunciamiento" y que fije sanciones si estimara su procedencia.

Redacción

Domingo Hernández, ministro del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que la controversia en torno a las solicitudes de pensionados para retirar sus fondos previsionales supone una "colisión".

Tal enfrentamiento se da, explicó, entre "los derechos del particular afecto a situaciones muy dramáticas, como podría ser el financiamiento de su casa, que no puede pagar por su escasa pensión, y que entonces reclama el retiro de una parte de su capital", y, por otra parte, la muy importante "incidencia" que ello puede tener en los fondos previsionales.

Entrevistado en 24 horas, el abogado y doctor en derecho fue consultado por los requerimientos de inaplicabilidad que han sido enviados al TC para que este dirima respecto del derecho de propiedad de los afiliados sobre los recursos previsionales de su capitalización individual y la posibilidad de retirarlos.

Los requerimientos han sido enviados por las cortes de apelaciones de Antofagasta y de Punta Arenas. El TC ya acogió a trámite el primero.

Primeras etapas

Al ser requerida su visión sobre la temática, Hernández expuso que no podía dar una opinión, pues podría quedar inhabilitado para pronunciarse sobre el o los requerimientos que deba conocer. "Esto está en las primeras etapas de tramitación, el Tribunal Constitucional acogió a trámite y habrá que esperar un par de meses... Consiguientemente, no tenemos una decisión asumida".

Cuando se le preguntó si considera posible hacer excepciones ante casos de personas que, ante una enfermedad terminal, solo ven como opción retirar sus ahorros previsionales para costearlas, dijo que, "mirado desde una perspectiva liberal clásica, el derecho de propiedad es un derecho concebido...".

Recalcó que "con la normativa actual no se puede" retirar los fondos y que por esto precisamente "se pide la inaplicabilidad".

Hernández estuvo recientemente en Perú, por lo cual se le preguntó si estudió el caso de ese país, donde desde 2016 se permite retirar hasta el 95,5% de los fondos previsionales. En estos tres años, 236 mil afiliados retiraron el 100% de sus ahorros.

Dijo que si bien él fue al vecino país por otros motivos laborales, "la clave está en que, en los sistemas de capitalización, el monto de la pensión es en función de los ahorros que el cotizante ha tenido en su vida activa, y si retira parte importante, esto afectará el monto de su pensión, y el Estado tendrá que hacerse cargo, por subsidios, fondos generales...".

"El problema social queda ahí... ¿Quién se hace cargo?", concluyó Hernández.