Hay un consenso cada vez más extendido, tanto a nivel social como científico, que actualmente nos enfrentamos a un nuevo contexto climático que obliga a tomar decisiones, con el objetivo de construir asentamientos humanos más sustentables y preparados ante eventos que ya han provocado daños en distintos lugares del mundo (según datos de la ONU, el 64% de la población mundial se ha visto afectada por este tipo de fenómenos desde 1992).

En nuestra región bien sabemos de estos efectos. Los aluviones de 2015 y 2017 en medio del desierto más árido del mundo, provocaron una herida de la que aún cuesta recuperarse, lo que hizo darnos cuenta el estado de vulneración al que estamos expuestos, lo que es una preocupación latente ante eventos que tarde o temprano volverán a ocurrir.

Como Cámara pensamos que para poder preparar a nuestras ciudades es fundamental generar un trabajo multidisciplinario, inclusivo y transversal, que incluya al sector público, privado, académico y social, pues sólo desde esa base, en que como región sintamos un empoderamiento sobre las necesidades que existen, será posible avanzar hacia la protección de los habitantes de Atacama.

Dentro de esta labor, la concreción de obras de mitigación -infraestructura estructural de gran envergadura-, que estén en concordancia con la experiencia vivida, como el desborde de ríos, y que también se vinculen con mejorar la calidad de vida de las personas -con, por ejemplo, la construcción de parques inundables-, es fundamental que se articule como el soporte del crecimiento de nuestras ciudades, lo que además debe ser complementado con una planificación urbana ad-hoc y la preparación de la comunidad ante una emergencia.

Este es un tema que llegó para quedarse y que la ONU o la Fundación Rockefeller -con su programa 100 ciudades resilientes- ya articulan en distintas ciudades del mundo, lo que además se verá potenciando con la realización de la COP 25 en nuestro país. Por lo que hemos vivido, no podemos quedarnos atrás. Es momento de convocar a diferentes actores, trabajar unidos con horizonte de largo plazo, mantener constantemente el tema en agenda y avanzar con decisión hacia la construcción de una Atacama Resiliente.

Carlos Aguirre Barraza

Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó

El primer sondeo de corresponsabilidad parental realizado por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) mostró interesantes datos acerca de cómo los jóvenes plantean su presente y futuro en el plano familiar y laboral. El 48,5% de los encuestados proyecta ser padres en algún momento de sus vidas, mientras que más de un 32% ya lo es. El promedio para ser padres son los 29 años.

Los datos confirman los cambios de paradigmas respecto a anteriores generaciones y la opción de escalar en el plano profesional (52% de los jóvenes prefiere su carrera a ser padres), pero no son consideradas abismantes como se podía esperar dado que la mitad de los encuestados busca dejar descendencia.

Sin embargo, hay elementos que no parecen cerrar.

Estas intenciones necesariamente requieren de concreción para que su interés estadístico no pierda peso respecto a otros números como el incesante descenso en la tasa de fecundidad en Chile, que pasó de 1,8 hijos nacidos por mujer en 2015 a 1,69 en 2016.

Junto a esto hay que consignar que cuando se trata de "intenciones", hay que analizar si estas pueden terminar siendo desplazadas por los desafíos de los procesos de formación y estudiantil y desempeño laboral, que pueden requerir más tiempo y por ende una postergación quizás indefinida en formar núcleos familiares.

También sería preciso saber cuántos hijos pretenden tener los encuestados y cuánto afecta el factor económico, tan importante y marcado por el alza de endeudamiento de los chilenos.

Los datos parecen ser importantes dada las tasas de natalidad y las consiguientes consecuencias económicas, de salud y el envejecimiento de los países.

El informe también mostró la percepción de los jóvenes respecto a las labores de hogar y de crianza. Como era de esperar, hay un cambio de paradigma con alrededor de un 80% de los encuestados que piensan que hombre y mujer son corresponsables en las tareas domésticas, mientras el 91,7% admitió que su pareja está disponible para ayudar a cuidar a los hijos, sacrificando lo personal y profesional. Sin embargo, más de la mitad dice que las mujeres están mejor preparadas para estas tareas, en lo que podría considerarse como un rastro que sigue quedando de percepciones antiguas y que no se condicen con el impulso de la igualdad de género.

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